Autor: Alberto García

«En España no gobierna realmente quien la gente cree que gobierna, sino una élite muy reducida de personas que tienen unas características muy concretas, compuesta por personas fuertemente interconectadas por lazos familiares, profesionales, de status, por la pertenencia a cuerpos de funcionarios, muy exclusivos, cuyo protagonismo no se reduce a la política, extendiéndose a los medios de comunicación, las finanzas, y a todas las instituciones desde donde se toman decisiones que dirigen la vida social»

Fue la Segunda República la que introdujo por primera vez en España en su Constitución una disposición dedicada a la defensa y conservación del Patrimonio por parte del Estado.

Esperemos que su ejemplo cunda, que muchos jóvenes, nacionales y migrantes, vean la importancia de no aguantar pasivamente las injusticias, de rebelarse contra todas ellas, y que todo esto conduzca a una reacción contra el racismo y el fascismo que lo crea, contra el que deben tomarse medidas drásticas y no solo en los campos de fútbol.

La derecha no ha aceptado, tras el  franquismo,  el final de esta separación forzosa entre jóvenes de diferente sexo, y ha continuado intentando reproducirla, perpetuarla, con especial protagonismo de los sectores más ultraderechistas de la Iglesia Católica, y a su cabeza, como no, esa secta llamada Opus Dei que según Gonzalo Puente Ojea «perseguía la instauración de una monarquía dictatorial… que formalizase una rigurosa política totalitaria de reacción.» ((Cuadernos para el congreso por la libertad de la cultura, Paris, julio-agosto de 1938, número 31))

El Opus Dei es una organización secreta. Sus miembros deben guardar disciplina y obediencia a la cúpula de la secta. El ideario es de extrema derecha. Muchos de sus miembros ocupan puestos claves en el aparato de Estado y de las empresas y multinacionales más destacadas del país, así como de los medios de comunicación.

Hay que promover la más amplia movilización popular en defensa de la soberanía popular, los derechos y libertades democráticas y la adopción de medidas eficientes que garanticen unas condiciones de vida dignas para la mayoría social.

La imposición de una sanción al letrado Aránguez por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada por criticar la actuación del juez Piñar daña la libertad de expresión de la abogacía. Ahora ese mismo perjuicio se extiende también a los periodistas cuando se les investiga en causa penal por informar a la ciudadanía de asuntos judiciales de interés público.

¿Cómo es posible que el conde de Romanones a principios del siglo XX se propusiera alejar a la Iglesia de la excesiva intrusión en el poder político, intentando que la enseñanza fuera pública y que Felipe González, con mayoría absoluta, entregase la docencia a esta institución eclesiástica?