Sanidad

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hemos realizado una valoración del cierre de camas que esta previsto realizar este verano, y queremos señalar lo siguiente:

Al defender las mutualidades, las grandes centrales sindicales defienden el desvío de millones del presupuesto público a las entidades privadas que dan estos servicios. Esto priva al sistema sanitario público de importantes recursos que podrían destinarse a mejorar la atención de todos los trabajadores y no sólo de unos pocos.

La reducción constante de personal «pone entre las cuerdas el derecho a una atención integral y de calidad a los usuarios que aumentan exponencialmente en la Costa y Alpujarras».

El próximo 23 de Julio la ciudadanía está de nuevo convocada a las urnas en unas elecciones generales, en plena temporada estival, y que se adelantan 5 meses sobre el plazo previsto.

Se opta, en lugar de reforzar la red sanitaria pública, por segregar una parte de la atención sanitaria a un colectivo de población, lo que descapitaliza a la Sanidad Pública.

En Andalucía, el próximo 13 de mayo, y Canarias, que también se movilizó el pasado 25 de marzo, tendrá que dar paso pronto a la siguiente movilización. Son dos de las CCAA con peores indicadores sanitarios y de salud, una con gobierno “conservador” y la otra con gobierno “progresista”. Gobiernos diferentes aunque aplicando, con distintos grados, políticas sanitarias neoliberales

En la lucha contra el desmantelamiento de la Atención Primaria y la privatización del Sistema Sanitario Público, las elecciones son una importante oportunidad para el debate sanitario y la confrontación con las fuerzas neoliberales para evitar que acaben con la sanidad pública.

Para los días 25 y 26 de marzo se están haciendo múltiples convocatorias, en defensa de la Salud y de la Sanidad Pública, en distintas localidades del Estado, también en Andalucía, en concreto para el sábado 25.

Deben de incrementarse notablemente los presupuestos sanitarios para la AP, una cifra que se estima razonable es en torno al 25% del presupuesto sanitario público, es decir unos 10.000 millones € más.

Para garantizar la atención de toda la población, es necesario continuar la presión de la sociedad y del personal sanitario, uniendo además la reclamación de ¡más inversiones sanitarias y sociales, menos gastos militares!