Sanidad

Se opta, en lugar de reforzar la red sanitaria pública, por segregar una parte de la atención sanitaria a un colectivo de población, lo que descapitaliza a la Sanidad Pública.

En Andalucía, el próximo 13 de mayo, y Canarias, que también se movilizó el pasado 25 de marzo, tendrá que dar paso pronto a la siguiente movilización. Son dos de las CCAA con peores indicadores sanitarios y de salud, una con gobierno “conservador” y la otra con gobierno “progresista”. Gobiernos diferentes aunque aplicando, con distintos grados, políticas sanitarias neoliberales

En la lucha contra el desmantelamiento de la Atención Primaria y la privatización del Sistema Sanitario Público, las elecciones son una importante oportunidad para el debate sanitario y la confrontación con las fuerzas neoliberales para evitar que acaben con la sanidad pública.

Para los días 25 y 26 de marzo se están haciendo múltiples convocatorias, en defensa de la Salud y de la Sanidad Pública, en distintas localidades del Estado, también en Andalucía, en concreto para el sábado 25.

Deben de incrementarse notablemente los presupuestos sanitarios para la AP, una cifra que se estima razonable es en torno al 25% del presupuesto sanitario público, es decir unos 10.000 millones € más.

Para garantizar la atención de toda la población, es necesario continuar la presión de la sociedad y del personal sanitario, uniendo además la reclamación de ¡más inversiones sanitarias y sociales, menos gastos militares!

La sintonía privatizadora entre el presidente del gobierno y la oposición de derechas debe constituir toda una “declaración de alarma” para la movilización en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) volvemos a reiterar la necesidad de que se realice un esfuerzo presupuestario para reforzar la Sanidad Pública.

Solo la lucha social y política masiva logrará torcerle la mano a los poderosos intereses lucrativos que siguen bloqueando los cambios legislativos necesarios.

Obsérvese que, mientras que la normativa española se limita a descargar la responsabilidad sobre la salud en las comunidades autónomas y ejercer de mero eje de coordinación; la peruana pone al Estado al frente de la política sanitaria, el cual se coordina directamente con la ciudadanía.