La organización y la movilización de los trabajadores en el conflicto de Nissan

Ratificación del preacuerdo por los trabajadores de Nissan

Se libra ahora una batalla crucial: el mantenimiento de los puestos de trabajo en el marco de un nuevo proyecto de industrialización.

Corresponsalía en Catalunya

El 5 del pasado mes de agosto se firma en Barcelona el preacuerdo en el expediente de regulación de empleo de Nissan que apertura una nueva fase en el conflicto y que alcanzará cuanto menos a diciembre de 2021. Hasta esta fecha continuará la producción industrial de Nissan en sus centros de trabajo. Al mismo tiempo, en el marco de la Comisión de trabajo para la Reindustrialización, se abordará un Plan para una nueva actividad de producción entre la dirección de Nissan, la representación de los trabajadores y las administraciones. Si esta alternativa falla más de 2.500 puestos de trabajo directos y unos 25.000 indirectos se perderían. Así pues, la nueva etapa que acaba de comenzar resulta decisiva.

Las posibilidades de que esta nueva alternativa llegue a buen puerto dependerán en buena medida del grado de movilización y organización de los trabajadores, unida a una táctica y a una estrategia que respondan de manera adecuada a sus intereses de clase.

En sus antecedentes consta que este documento tendrá la consideración de Acta final de acuerdo en periodo de consultas «una vez sea ratificado por la Asamblea de Trabajadores». Los trabajadores de los centros de Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca y NDS, decidieron en 6 de agosto siguiente, por abrumadora mayoría, aprobar la propuesta de preacuerdo que los representantes de los trabajadores presentaron ante la plantilla. Los miembros del Comité de Empresa no actuaron como mandatarios o delegados sino como portavoces del conjunto de los trabajadores. La última palabra siempre la tuvo la plantilla de la empresa. Una movilización que se ha caracterizado, por tanto, por ser democrática y asamblearia.

Llama la atención que en este Acta final aparecen las firmas de todos y cada uno de los 13 miembros de la representación legal de los trabajadores adscritos a diferentes organizaciones sindicales. Pero no así los representantes de las centrales sindicales en las que se agrupan numerosos trabajadores. Estas organizaciones sindicales no están presentes en el Acta Final de 5 de agosto.      

El proceso de lucha ha sido encabezado por el colectivo de los representantes legales de la plantilla, designados en el marco de las elecciones sindicales. Y ha contado siempre con una participación activa de todos los trabajadores de la empresa. Ha sido una organización y una movilización unitaria de trabajadores en las que la afiliación a uno u otro sindicato no ha impedido la unidad de acción. La presencia de una pluralidad de entidades sindicales no ha restado, por tanto, protagonismo a la plantilla de los trabajadores, que contó siempre con el impulso y las iniciativas de sus portavoces encuadrados en el Comité de Empresa.

La solidaridad ha sido otro de los elementos constitutivos de esta importante movilización obrera. Los 2.525 trabajadores directos afectados por el ERE han organizado la lucha desde la perspectiva de la solidaridad de clase con todos los trabajadores que de manera indirecta –aproximadamente 25.000- se encuentran afectados por el mismo proceso de producción que la multinacional Nissan quiere dar por finiquitado de manera definitiva en diciembre de 2021. Y también, por el conjunto de los sectores populares implicados en las diferentes zonas en la que se localiza la producción.

No podemos olvidar en ningún momento que el desarrollo de la movilización obrera en el conflicto de Nissan se ha desarrollado en circunstancias extremadamente adversas. Junto a las practicas reformistas de no pocas direcciones de las organizaciones sindicales de mayor implantación, la actual debilidad del movimiento obrero en general, la ausencia de organizaciones políticas de izquierda con dirigentes que apuesten por un desarrollo consecuente de la lucha de clases, unido a un contexto de auge del fascismo, se añade ahora los efectos perversos de una pandemia con medidas de distanciamiento físico que han venido a dificultar y mucho las acciones reivindicativas de los trabajadores en el conflicto contra toda una multinacional.

A las anteriores dificultades se  unen otras que afectan desde hace años al conjunto de la clase obrera en el país. Las reformas laborales de la última década permiten a los empresarios cesar la actividad productiva de manera definitiva o temporal en sus centros de trabajo por propia decisión unilateral, a diferencia de lo que establecía la legislación derogada anterior que otorgaba esa facultad a las autoridades administrativas laborales. Una diferencia muy importante. Ahora el patrono es juez y parte. Antes era un tercero quien decidía el resultado final de los ERTEs y de los EREs.

Por otra parte, la ley mordaza constituye una seria amenaza que se cierne sobre los trabajadores con la imposición de fuertes multas por la realización de actividades legítimas en defensa de sus intereses de clase. Y la pervivencia del tipo penal de la sedición, con penas de cárcel muy elevadas, que posibilita la imputación y condena de trabajadores por actos de resistencia frente a funcionarios públicos encargados de hacer cumplir las leyes que  protegen los intereses del capital.

Las movilizaciones se centraron en una huelga indefinida de unos 80 trabajadores de los centros de Montcada y Sant Andreu, que consiguieron paralizar la actividad productiva del resto de las diferentes plantas que agrupan a más de 2.000 trabajadores. Para el sostenimiento de esta huelga se organizó una eficiente Caja de Resistencia. Cada trabajador ingresaba al mes 150 euros y el total recaudado se empleaba en abonar los salarios dejados de percibir por el colectivo de los trabajadores en paro. De manera mensual se destinaba a esta finalidad la suma de 223.000 euros. La inmensa mayoría de los trabajadores cumplimentaron este compromiso contraído con la Caja de Resistencia.

A partir de ahora, en este nuevo espacio temporal que abarca hasta finales del próximo año, se libra una batalla crucial: el mantenimiento de los puestos de trabajo en el marco de un nuevo proyecto de industrialización. Requiere, desde luego, la máxima organización y movilización, implicación total de todos los trabajadores, directos e indirectos afectados y una estrecha vinculación con los sectores populares asentados en el entorno de los centros de trabajo amenazados con el cierre definitivo.

Volver en definitiva al sindicalismo de clase, combativo, unitario, democrático y asambleario. Pero también al sindicalismo socio-político que reivindica la derogación de las reformas laborales, la ley mordaza y el tipo penal de la sedición, que tantísimo daño provocan a la clase obrera. A ese sindicalismo combativo que reclama del gobierno de coalición el estricto cumplimiento de los acuerdos que en este sentido asumieron ante el conjunto de la ciudadanía al tiempo que asumían sus responsabilidades. Y que le demanda, además, la urgente necesidad de regular mediante ley el legítimo derecho de los trabajadores a ocupar las fábricas cuando son abandonadas por su patronos para posibilitar la continuidad de los procesos de producción impidiendo la destrucción de empleo.

Fuente fotografía: Twitter CCOO Nissan @ccoonissan

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