La batalla de Chile. El Poder popular (y 3)

Con la derrota de la huelga patronal en noviembre de 1972, se intensifican y extienden nuevas formas de organización y poder popular, incluidas las ocupaciones de fábrica y fincas no siempre legales. La realidad social, en rápido desarrollo, desborda los límites de una legalidad que queda obsoleta.

Ante el caos y la crisis que desencadena la derecha chilena y el imperialismo, las capas populares responden con la organización y la puesta en marcha de originales alternativas comunales (m. 37),  como los almacenes comunitarios para combatir el acaparamiento de materias primas y de primera necesidad y el mercado negro, los cordones industriales que organizan los trabajadores de diferentes fábricas para garantizar la continuidad de los procesos de producción (m. 31), los comités campesinos encargados de la producción agrícola para el abastecimiento de la capital mediante ocupaciones de fincas no siempre “legales” (m. 44) y los comités de vigilancia para proteger la actividad industrial de las fuerzas de choque fascistas.

Tras 18 meses, el gobierno de Salvador Allende ha nacionalizado las grandes minas de cobre, nitratos, carbón, hierro y cemento y ha procedido a expropiar 6 millones de hectáreas cultivables. Este proceso de transformación social resiste la respuesta de la clase dominante y sus organizaciones sociales y políticas, en estrecha alianza con el gobierno de los EE.UU., que organiza y financia la huelga de los transportistas a finales de 1972. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, que agrupa a la patronal chilena, se dirige al país (m. 11) con un llamado al caos y al paro patronal en boicot al gobierno de Allende. Los grupos de choque atacan a los transportistas que no se han sumado a la huelga, y los trabajadores la combaten desde su inicio con todo tipo de alternativas que garantizan el transporte y la distribución de materias primas y productos de primera necesidad.

La huelga patronal es derrotada en noviembre de 1972 y los trabajadores y capas populares celebran la victoria con una gran manifestación de apoyo al gobierno (m. 33) y la intensificación y extensión de nuevas formas de organización y poder, incluidas las ocupaciones de fábrica no siempre legales. La realidad social en rápido desarrollo desborda los límites de una legalidad que queda obsoleta (m. 43).

Esta nueva etapa incorpora la necesidad de la participación. Los obreros y los campesinos son llamados a participar en la dirección y administración de la actividad productiva, mecanismo con el que intentar arrebatar a la clase dominante el control de la producción. Una batalla política dirigida a instaurar la planificación económica y romper una de las bases fundamentales en las que se asienta el modo de producción capitalista (m. 1:07).

Cualquiera que sea la vía hacia el socialismo, cualquiera que sea el modo y la forma de lograr la revolución social, la condición fundamental que vincula a todas ellas es la ineludible conquista del poder político por la clase trabajadora en un proceso temporal variable y en el marco de una exacerbada lucha de clases, condición sine qua non para poder sustituir la propiedad privada por la propiedad social de los medios de producción y de circulación; premisa indispensable para establecer la organización planificada y democrática del proceso social de la producción.

Una parte fundamental del aparato del Estado es el ejército. Sin el ascenso de las fuerzas revolucionarias a la institución castrense y la ausencia de una milicia antiimperialista bien organizada, las posibilidades de la llamada vía chilena al socialismo quedaron muy mermadas.

Marta Harnecker señala en septiembre de 2003, en el texto “La lucha de un pueblo sin armas (Los tres años de gobierno popular)”, que la dirección de la UP, en el segundo semestre de 1972, había llegado al convencimiento de que el proceso chileno no podía continuar por la vía legal. Estimando contar con el apoyo de un sector del ejército, «se plantea la posibilidad de instaurar una dictadura militar popular que permita parar la ofensiva reaccionaria eliminando de la institución a los oficiales golpistas y atacando duramente a Patria y Libertad y el sector fascista del Partido Nacional y sus órganos de propaganda encabezados por El Mercurio. Tanto la dirección del PC como la del PS estaban plenamente convencidos de que este era el único camino que quedaba y pensaban poder lograr conquistar para estos objetivos a un sector de los oficiales de las fuerzas armadas. Si se actuaba rápidamente y con eficacia se podría evitar el riesgo de guerra civil que implicaba este camino. Sin embargo, las vacilaciones de Allende y de Prats, que vuelve en ese momento de su viaje por el exterior postergan dicha solución.»

En Chile, el proceso revolucionario se detuvo con el golpe de estado de Pinochet. Desde el 11 de septiembre hasta fines de 1973, la dictadura militar de Pinochet asesina o hace desaparecer a más de 1.000 chilenos. Cuatrocientos expertos estadounidenses de la CIA ayudaron a Pinochet en esta macabra tarea. El informe de la Comisión Rettig reportó en 8 de febrero de 1991 un total de 2298 víctimas identificadas por desaparición forzada, o por ejecución, uso indebido de la fuerza, abuso de poder, tortura o atentados, con resultado de muerte.

La dictadura de Pinochet impuso, además, un modelo económico constitucional –artículo 19 de la «Constitución de 1980»- que privatizó prácticamente toda actividad productiva, otorgando al Estado un rol de subsidiaridad que facilitó todo tipo de políticas neoliberales. La seguridad social, la educación, la sanidad, el régimen de pensiones y las empresas estatales fueron privatizadas.

Al igual que en España, el golpe militar fue la respuesta violenta de las clases acaudaladas frente a las demandas de las clases populares. Las semejanzas de lo que ocurrió en Chile con lo que sucedió en España en 1936 fueron muy importantes.

En fecha reciente, las comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución de la Cámara de Diputados de Chile aprobaron el pasado 30 de marzo la propuesta de aplazar para el 15 y 16 de mayo las elecciones municipales, regionales y de los delegados que redactarán la nueva Constitución, previstas inicialmente para el 10 y 11 de abril, debido al agravamiento de la pandemia.

Las amplias movilizaciones que han permitido ahora la apertura de un proceso constituyente deberían continuar para asegurar, desde la ruptura democrática, un texto constitucional que sintonice con las demandas de las masas populares. Volver al quietismo sería fatal.

Esta última parte de “La batalla de Chile” constituye, al igual que las anteriores, un excelente documental sobre un intenso episodio de la lucha de clases, verdadero motor del desarrollo histórico. Arranca el video documental con una versión orquestal del ¡Venceremos!, himno de la Unidad Popular, pero en tiempo lento, en contraste con los rápidos acontecimientos que inmediatamente después describe la cinta. La vía chilena hacia el socialismo desde la institucionalidad constituye una experiencia histórica de la que todos debemos aprender. Hugo Chávez y el proceso revolucionario en curso en Venezuela la han tenido muy en cuenta y han actuado en consecuencia. De esta nueva experiencia también tenemos que aprender.

Varadero

El documental:

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