El Ayuntamiento de Motril no retira la medalla de la ciudad al dictador Franco

Pleno Ayuntamiento de Motril

La iniciativa de IU-Equo fue bloqueada por los votos de PP, Vox, Ciudadanos, Más Costa Tropical (excepto un concejal ausente) y los dos del grupo de no adscritos.

Imagen y vídeo: Tele Motril.

Corresponsal en Granada. ANDALUCÍA.

La organización IU-Equo de Motril había solicitado semanas atrás que la Corporación Municipal de la localidad retirase la medalla de la ciudad al dictador Franco, concedida en el año 1963 por «la adhesión inquebrantable del ayuntamiento y del vecindario a su egregia figura».

La propuesta de IU-Equo respondía a la necesidad de atender al cumplimiento de la legalidad, el compromiso con los valores democráticos y el respeto a la memoria de todas las víctimas de la dictadura.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, establece en su artículo 15.1 que: «Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.»

El Pleno del Ayuntamiento de Motril, el pasado 31 de julio, adoptó por mayoría la decisión de rechazar la propuesta que formulaba IU-Equo, manteniendo esa mención en favor del dictador (lo que constituye una exaltación de la sublevación militar del 36 y de la represión de la dictadura franquista). Contó con los votos favorables del Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Más Costa Tropical (menos un concejal que se ausentó en la votación) y los dos concejales del grupo de no adscritos. Un conglomerado de concejales unidos en el homenaje del sanguinario dictador que, con esta decisión, han proclamado la impunidad del franquismo en Motril para seguir defendiendo los intereses de todos aquellos que apoyaron la dictadura en esta localidad, se enriquecieron a costa de sus vecinos/as y obtuvieron, y siguen adquiriendo (ellos y sus herederos), privilegios sociales, económicos y políticos, según indican fuentes de la organización promotora de la retirada de la medalla al dictador.

Los que tan pertinazmente defienden el franquismo deberían tener en cuenta que el artículo 404 del Código Penal regula el tipo punible de la llamada prevaricación administrativa y dispone que: «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.»

Se da la especial circunstancia de que en el pleno municipal de la vergüenza los concejales que se opusieron a la retirada de la medalla a Franco no hicieron uso de la palabra. Se limitaron a poner el brazo en alto en el momento de la votación.

En defensa de la memoria de todas las víctimas de la dictadura, del respeto a la legalidad vigente y por imperativos de ética democrática, IU-Equo se ha comprometido a ejercer las acciones legales oportunas para que el comportamiento de los concejales que han enaltecido al criminal dictador no quede impune.

Sería muy importante que la denuncia a la Fiscalía o la interposición de una querella criminal en su caso, fuese suscrita por todas las organizaciones políticas democráticas de la provincia de Granada, organizaciones sociales y culturales progresistas, así como el conjunto de las entidades memorialistas.

Y aún así es preciso que este ejercicio de acciones judiciales se lleve a cabo de manera simultánea con la más amplia movilización social y popular que requiera una respuesta firme de la administración de justicia que repare la afrenta a la ciudadanía de Motril por los responsables de este incívico y presuntamente delictivo comportamiento de los concejales que ya hemos indicado antes.

Cabe destacar que, como nos informa el periódico Público, la Fiscalía de Zaragoza ha acordado recientemente investigar a nueve concejales del PP y una de Vox del Ayuntamiento de Calatayud por estimar que han podido cometer un delito de prevaricación al votar estos concejales el pasado 29 de julio en el pleno municipal contra la revocación del acuerdo municipal que otorgó la medalla de oro de la ciudad al dictador Franco. Esta decisión municipal puede acarrear, además, la pérdida de más de dos millones de euros anuales que irían destinados a la financiación de las escuelas públicas, los servicios sociales y la Policía Local.

En el siguiente vídeo se puede seguir integramente el desarrollo del debate y la votación.

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