Avanza el sindicalismo de clase

Los metalúrgicos gaditanos han logrado unos incrementos retributivos acordes con los IPC de los próximos años, algo que la patronal rechazaba con todo el odio de clase inimaginable.

En la noche del pasado miércoles 24 de noviembre, se ha firmado el preacuerdo entre la patronal y los trabajadores metalúrgicos de Cádiz. Un pacto que recoge con limitaciones la reivindicación esencial de los asalariados: incrementos salariales anuales recogidos en nómina respetuosos con los incrementos del IPC real en los mismos periodos.

La fórmula técnica del preacuerdo establece que durante el año 2021 las tablas salariales se incrementarán en un 2% con efectos retroactivos a 1 de enero del mismo año. Una vez conocido el IPC real de 2021, si este es superior al 2%, como es previsible, las tablas salariales se actualizarán con el 80% de la diferencia entre el IPC real y el 2%. De forma sucesiva se procederá en las anualidades de 2022 y 2023. La cláusula final del acuerdo prevé que: «una vez conocido el IPC real de los años 2021, 2022 y 2023, si existiera alguna diferencia respecto a las subidas aplicadas en total hasta ese momento recogidas en este acuerdo, dicha diferencia se incrementará a tablas el 1 de enero de 2024, como base del siguiente convenio colectivo, sin que este incremento a tablas genere ningún tipo de atraso».

Los trabajadores consiguen que a 1 de enero de 2024 las tablas salariales reflejen con fidelidad un aumento salarial conforme a los IPC de los años 2021 a 31 de diciembre de 2023, en cuyo momento se negociará un nuevo convenio colectivo. Como contrapartida, ceden en los importes devengados por los atrasos de cada anualidad derivados del IPC en una cuantía de un 20% entre el incremento salarial del 2% y el alza salarial hasta el 100% por el IPC de cada año.

El convenio se pacta con una duración de tres años y una ultraactividad ampliada a dos anualidades desde su vencimiento.

Esta contrapartida se hubiera evitado, muy posiblemente, si los trabajadores del metal hubieran recibido el apoyo consecuente de las direcciones de Comisiones Obreras y de UGT. Desde hace décadas, estos dirigentes abandonaron el sindicalismo de clase y lo sustituyeron por el sindicalismo reformista o de colaboración con el capital, al que llaman diálogo social, mientras vienen recibiendo de los distintos gobiernos generosas subvenciones, la última de ellas por importe de 13.883.890 euros para 2021, con un incremento respecto de 2020 de un 56% respecto del año anterior que ascendió a 8.878.123,74 euros. Para el próximo año la cifra superará los 17 millones de euros. En los últimos diez años ambas organizaciones recibieron un total de más de 73 millones de euros. En fecha reciente, el gobierno de coalición ha acordado, además, la entrega de más de 100 millones de euros de los fondos europeos destinados a reformas en 42 edificios del patrimonio sindical acumulado.

¿Es factible que con estas dádivas que reciben los dirigentes de CCOO y de UGT puedan convocar una huelga general para la derogación completa de las reformas laborales de 2010 y 2012 y de la ley mordaza, precisamente contra el gobierno donante que las mantiene? ¿Es que no es posible que las organizaciones sindicales se financien exclusivamente con las cuotas de sus afiliados y desarrollen una actividad sindical de clase desde la más completa independencia económica?

Durante el desarrollo del conflicto del metal en Cádiz, los dirigentes de CCOO y UGT se han situado a remolque de la movilización obrera. No han sido mandatarios de los trabajadores en lucha ante la patronal; no promovieron la celebración de asambleas generales; convocaron la huelga a regañadientes obligados por la presión de los trabajadores, incluidos por no pocos afiliados a los llamados sindicatos mayoritarios y tardaron muy poco tiempo en desconvocar la huelga general tras la firma del preacuerdo, sin dar margen de tiempo suficiente para que el conjunto de los asalariados pudiera estudiar detenidamente los términos del prepacto y decidir sobre el mismo.

Ilustración de Francisco Fernando Serrano.
Ilustración de Francisco Fernando Serrano.

Tampoco han contado los trabajadores del metal con el apoyo del Gobierno de coalición. Lo que han recibido de este han sido pelotazos de goma rompe ojos y tanquetas para impedir, sin éxito, que los metalúrgicos pudieran parar el proceso de producción mientras negociaban mejoras salariales.

La ministra que dice trabajar en modo escucha, la señora Yolanda Díaz, no ha tenido tiempo de acercarse a Cádiz a conocer en directo las demandas de los obreros. Mientras, nos ofrece una fantasmagórica alternativa política en forma de plataforma que nos traerá el comienzo de algo que va a ser maravilloso. El secretario de estado para la agenda 2030, Enrique Santiago, dirigente del PCE, le pide a los asalariados que confíen en el Gobierno de coalición, en la misma línea que la señora Calviño, las más neoliberal del ejecutivo, que de manera reiterada ha pedido a los trabajadores que sean responsables, es decir, que abandonaran la huelga para seguir negociando con la patronal en igualdad de condiciones. Entretanto, el ministro de los menús saludables, Alberto Garzón, ha mirado para otro lado.

Pese a todos estos puyazos la huelga del metal de Cádiz ha sido exitosa. Los metalúrgicos gaditanos han logrado unos incrementos retributivos acordes con los IPC de los próximos años, algo que la patronal rechazaba con todo el odio de clase inimaginable. Pero sobre todo, lo han conseguido mediante una lucha económica que aunaba al mismo tiempo la movilización con la negociación: pararon el proceso de producción; marcharon por las calles; organizaron piquetes que garantizaron la paralización de la actividad laboral pese a las embestidas de las fuerzas del orden; lograron que su lucha llegara a los medios de prensa y fuera conocida por el conjunto de los trabajadores del país y acabaron por arrancar una intensa y extensa solidaridad de clase.

Un ejemplo a seguir por otros muchos trabajadores actualmente en conflictos, como los del sector del metal de Alicante, el de los supermercados en Castilla-La Mancha, el de los centros logísticos de Indetex o las amenazas de cierre de Pilkington y Mahle, entre otros.

Los metalúrgicos de Cádiz han demostrado, finalmente, que es posible derrotar a la patronal si al mismo tiempo imponen un sindicalismo combativo y de clase frente al que proponen los actuales dirigentes reformistas de CCOO y de UGT.

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