El diputado canario
La privación del acta de diputado arrebata el derecho de representación parlamentaria a los 64.613 trabajadores y trabajadoras que lo votaron.
Lo de Alberto Rodríguez tiene tintes de mala tragicomedia llena de personajes oscuros y silenciosos que se esconden, se adornan con mordazas para no ver, no saber y no opinar o sí, pero sólo a través de twitter.
Alberto Rodríguez es el representante, uno de ellos/as, de lo que se suponía era la “nueva política” -signifique eso lo que signifique-; es por derecho propio, eso sí, el representante electo de 64.613 trabajadores y trabajadoras canarios, el 14,04% de la población de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
No conozco personalmente a Alberto Rodríguez pero sí que tengo, por algún conocido en Tenerife, referencia de su actividad política, sobre todo de su implicación en luchas y movilizaciones, en protestas, en defensa de derechos y en la denuncia de leyes clasistas e injustas, como la Ley Wert.
Ha sido precisamente, en una movilización, la manifestación contra la Ley Wert, donde una supuesta patada a un agente del orden público -no hay imágenes ni testimonios que lo corroboren, únicamente la palabra del supuesto agredido-, le ha valido por el Tribunal Supremo condena y multa, con aplicación de la presunción de veracidad en favor de las fuerzas policiales establecida en la Ley Mordaza aún no derogada.
En este pastel, la guinda la pone la Presidenta del Congreso de los diputados/as, Meritxell Batet (PSOE), cuando decide que la sentencia lleva aparejada la pérdida de la condición de diputado.
Decisión que toma ignorando conscientemente precedentes de situaciones similares. En este sentido, el Tribunal Constitucional avala en una decisión de hace 30 años la petición de Alberto Rodríguez de regresar a su escaño, a la que se une opiniones de juristas de reconocido prestigio como la de José Antonio Martín Pallín.
No sorprende, aunque repugna, que la Presidenta del Congreso, insisto del PSOE, se decante por laminar a un diputado de izquierdas que, además de por su estética y procedencia social, rompe con los estándares que fija y establece el parlamentarismo burgués.
«Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto?», afirma el diputado canario.
Lo que sí sorprende es que la decisión de la Presidenta del Congreso no haya ocasionado, como cabría esperar, una rebelión en masa de los diputados/as de Unidas Podemos encabezados por los ministros y ministras de UP y los Secretarios Generales y/o Coordinadores del PCE, IU y Podemos. Yo tengo la sensación, expone Alberto Rodríguez, «de que se podría haber hecho mucho más para evitar que 64.000 canarios y canarias perdieran su representación y su voz en el Congreso”.
Por tal motivo me he visto en la obligación de dirigir una misiva a Jaume Asens Llodrà y a la totalidad de los diputados de Unidas Podemos en el Congreso, trasladándoles el siguiente texto: «Es tal la salvajada cometida con Alberto Rodríguez que resulta incomprensible e inadmisible la actitud tibia y timorata de tu grupo parlamentario y de cada uno/a de sus componentes. Están/estás a tiempo de enmendar el error y la injusticia, mostrando a tus votantes, afiliados y simpatizantes que Unidas Podemos defiende a sus diputados/as y a los trabajadores y trabajadoras que los votaron. Si Batet y Marchena expulsan a uno nos expulsan a todas; no cambies la dignidad por un sillón. Huelga de diputados/as hasta la restitución de Alberto.»
Es de todo punto evidente que la privación del acta de diputado trasciende ampliamente al diputado, lesiona el derecho de representación de los 64.613 trabajadores y trabajadoras que lo votaron. Es a estos trabajadores y trabajadoras a quienes se desampara y se priva de representación parlamentaria.
Resulta inadmisible e incomprensible que el Coordinador General de IU, Alberto Garzón, o el Secretario General del PCE, Enrique Santiago, no abanderasen la defensa de esos 64.613 trabajadores y trabajadoras, votantes del diputado injustamente sancionado por la Presidenta del Congreso.
Indigna que con unos cuantos tweets el Secretario General del PCE dé el asunto por zanjado y se remita a la decisión futura del Tribunal de Europeo de DDHH, cuando afirma que: «En unos años el Tribunal Europeo de DDHH resolverá que se han vulnerado todos los derechos de Alberto Rodríguez y de quienes lo eligieron por sufragio directo. Ese día el Supremo dirá que el reproche es al Poder Legislativo, porque ellos nunca escribieron que se quitara el escaño». O que en otros insista en lo arbitrario de la decisión tomada por no figurar en la sentencia «… nunca se ha escrito que haya que retirarle el escaño» o «… solo impide presentarse a elecciones durante 45 días» o, finalmente, «… injerencia en las competencias del Poder Legislativo, el único elegido directamente por los ciudadanos».
¿Es que 64.613 trabajadores y trabajadoras privadas de representación parlamentaria no merecen sino unos cuantos tweets?
¿Dónde queda lo aprobado en el XX Congreso del PCE acerca de que «el PCE que concebimos es un Partido volcado en el conflicto, en la intervención externa, que hegemonice las posiciones políticas de los distintos espacios de lucha en los que participamos y que las oriente hacia la consecución de sus objetivos políticos, en definitiva, un Partido de Vanguardia»?
No se puede aspirar a ser un Partido de Vanguardia cuando se renuncia a la intervención, cuando se rehúye el conflicto y se fía todo al ámbito institucional o al twitter.
El que no sea la movilización popular, alentada por UP y el PCE, acompañada de la presión parlamentaria, quien devuelva el acta al diputado Alberto Rodríguez y restaure los derechos de los 64.613 trabajadores y trabajadoras que le votaron, es una muestra más de una estrategia política que desprecia la organización y la movilización de la clase trabajadora y aleja al PCE de ese objetivo de Partido de Vanguardia.
Se pregunta uno, dando como casi por imposible alterar la deriva reformista y en exclusiva institucionalista de la actual dirección del PCE, qué tendría que pasar para que, después de tragar con la expulsión del diputado canario, la NO derogación de la Reforma Laboral del PP y la NO derogación de la Ley Mordaza, se alterara la pachorra, indolencia y apatía en la que parecen estar sumidos.
José Molina Ramírez, militante del PCE.
La sentencia contra Rodríguez fue injusta. La actitud de Batet fue rechazable y no supo/no quiso frenar la injerencia del Supremo. El grupo de UP hizo duras críticas por todo esto y una ministra llegó a acusar de prevaricación al Tribunal Supremo. Alberto Rodríguez recibió un fuerte apoyo de los suyos, aunque no rompieron el gobierno. Y, puestos a romperlo, creo que habría otras razones más importantes para hacerlo y eso hay que saber medirlo, a diferencia del autor del artículo.
No comparto la idea de una decisión anticanaria. Eso es ridículo. El Supremo, en todo caso, ha ido contra la izquierda. El problema son las siglas y no el apellido de Rodríguez que apela a un victimismo muy de Coalición Canaria. Tampoco es verdad que hayan dejado sin representación a 64.000 canarios. La lista corre (si quieren). Aunque es cierto que han pisoteado el derecho de Rodríguez y los votantes de UP a mantener al candidato elegido en su puesto. Y, por supuesto, eso es muy grave.
También es muy grave que Alberto Rodríguez se haya marchado de Podemos y ahora quiera recuperar el escaño para irse al grupo mixto. Él nunca habría sacado ese escaño sin las siglas de Podemos y no es ni mínimamente ético que se apropie de una representación que no sólo es individual. Al señor Molina este atropello antidemocrático parece no preocuparle. Pero Rodríguez se apropiará del voto de 64.000 canarios a Unidas Podemos si recupera el escaño. Y este desprecio a la democracia y al trabajo de sus compañeros es una auténtica vergüenza. Así le va a la izquierda cuando normaliza prácticas inmorales tan evidentes. Porque Rodríguez no obtuvo su escaño por un tirón electoral personal, sino por el tirón de Unidas Podemos. Y perdió votos en cada una de las sucesivas convocatorias electorales en que UP seguía perdiendo votos. Rodríguez no frenó tal tendencia en la candidatura que encabezaba.
Yo sí conozco a Alberto Rodríguez.
Hay varios aspectos a considerar en este caso.
Primero que la sentencia por la agresión al policía parece un poco rara dadas las pruebas que se presentaron.
Segundo que no se ha dejado sin representación a los electores. Caso de cesar un diputado pasa a ocupar el puesto la siguiente persona que va en la lista. En este caso creo que un par de personas que seguían en la lista se negaron, lo que indica su inconsistencia política, porque cuando se va en una lista se hace con todas las consecuencias. Ya hay una diputada, creo que la cuarta de la lista que ocupa su puesto en el Parlamento.
Y ahora voy con lo que es Alberto Rodríguez.
Cuando se presentó por primera vez fue en las últimas elecciones que IU y Podemos se presentaron por separado.
Podemos eligió a sus cabezas de lista provinciales, en su mayoría, en primarias. Hubo algunas excepciones, y una de ellas fue en Tenerife. Ahí Alberto fue designado por la cúpula de Podemos. Nunca se justificó el motivo.
Pero ahora llegamos a la categoría moral de Alberto.
Hasta el día en que fue designado cabeza de lista en Tenerife era militante del PCE y de IU. Esa tarde se puso en comunicación con el Secretario General del PCC diciendo que se daba de baja.
Evidentemente es claro que llevaba tiempo negociando con Podemos su designación como cabeza de lista, siendo todavía miembro de otro partido.
Con esta descripción de los hechos queda clara la falta de categoría moral de Alberto Rodríguez.
Y se podrían contar más cosas, aunque creo que menos graves que lo que he contado
De lo que no se trata aquí, al menos en mi modesta opinión, no es de quién es Alberto Rodríguez ni de si su actuación en distintas circunstancias pasadas o más o menos recientes es más o menos reprobable, o de si el proceso de su candidatura fue o no transparente, o de si alguna de sus declaraciones responden a una salida más emocional que racional, ni de si se va al grupo mixto o no en el caso, más que probable, según juristas como Martín Pallín o Pérez Royo, de que se le devuelva el acta de diputado.
De lo que si se trata es de, como dicen los/as dos amables lectores/as, copio y pego, “La sentencia contra Rodríguez fue injusta. La actitud de Batet fue rechazable y no supo/no quiso frenar la injerencia del Supremo” “la sentencia por la agresión al policía parece un poco rara dadas las pruebas que se presentaron”.
Ante esto no cabe neutralidad alguna, ni medias tintas, ni solventar la situación a base de tweets, ni expresar la solidaridad con el maltratado y quedarse ahí, lo que cabe ante una injusticia flagrante es plantarse y exigir que se le reponga como diputado. Me van a permitir que copie aquí una frase de Desmond Tutu “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
Tocaba levantarse del asiento y exigir la restitución del acta.