El PCE continúa en un Gobierno de coalición que aplica políticas contrarias al programa congresual de la organización
En el Informe al XVI Pleno del Comité Central celebrado el 20 de diciembre último, la Comisión Política del PCE manifiesta que la gestión del Gobierno de coalición es extraordinariamente positiva, aunque atravesando ahora serios nubarrones. Este Informe fue aprobado por 48 votos a favor y 37 en contra.
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También expone que la extrema derecha crece y no señala por qué, sin poner sobre la mesa la clara conexión entre ese crecimiento y la realidad de una gestión del ejecutivo que en absoluto ha servido para resolver el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora y de otras capas populares. Solo medidas paliativas (pan para hoy y hambre para mañana) que, como siempre, suponen las políticas chatamente reformistas de la socialdemocracia y adláteres, alejadas de las necesarias medidas transformadoras como las que contiene el Programa del PCE y que no se aplican en asuntos transcendentes que afectan a la mayoría de la ciudadanía.
Son precisamente las inocuas políticas reformistas del gobierno de coalición las que en otros países han traído consigo el ascenso y asalto al poder de la extrema derecha. Esto mismo es lo que ha ocurrido recientemente en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La ciudadanía, como es lógico, busca en las urnas soluciones para sus variados problemas apoyando en unos casos las opciones que señalan o apuntan a la raíz de los mismos y en otros, por “rebeldía” inconsciente, se decanta por alternativas reaccionarias o se ausentan en las elecciones.
En el primer caso podemos distinguir, por un lado, las políticas que cuestionan el modo de producción capitalista y, de otro, aquellas que sin poner en duda dicho sistema, orientan sus acciones y no impugnan este, limitándose a medidas cosméticas en lugar de cuestionar el poder de la oligarquía, el del gran capital y el del imperialismo que son los auténticos causantes de la situación económica, social, política y medioambiental que sufrimos.
En el segundo supuesto, el vacío político que provoca en las capas populares la ausencia de una izquierda con propuestas de transformaciones sociales creíbles, contribuye a que una parte significativa de la clase obrera, con inconsciencia de clase, acabe finalmente apoyando a la extrema derecha o se abstenga en los procesos electorales.
También llama la atención que el Informe, aprobado por escaso margen por el Comité Central del PCE, califique a la extrema derecha como misógina y belicista, cuando en lo referente a lo segundo en este país el primer belicista es el Gobierno de coalición con su presidente a la cabeza. Ya hemos visto como la propia pertenencia del Estado español a la OTAN -brazo armado del imperialismo- y la presencia en su suelo de bases militares estadounidenses dejan en agua de borrajas, por ejemplo, el embargo de armas a Israel. No cuadra con lo que se dice en el Informe, incluso pidiendo un nuevo referéndum sobre la OTAN, con el día a día del elevado compromiso y apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez “por acción” con la OTAN en Ucrania, movilizando recursos varios frente a la patraña de la “amenaza rusa” y, por el contrario, la más absoluta “omisión” de una iniciativa, más allá de las palabras, para impedir alguna de las distintas modalidades de la masacre del pueblo palestino. Ya le hubiera gustado a la Resistencia Palestina recibir el soporte de todo tipo que se le está dando por el gobierno de coalición a Zelensky para ayudar a repeler la ocupación sionista genocida, atender a las necesidades más perentorias del pueblo palestino y contribuir a la reconstrucción de su hábitat.
Según el Grupo Tortuga, el gasto militar del Gobierno de coalición en 2025 fue de 66.078,13 millones de euros y la estimación media para 2026 está en los 80.800 millones de euros. Estos números se acercan al 4,1% de nuestro PIB, muy por encima del gasto reconocido por el gobierno. Ello se debe a que al gasto oficial del Ministerio de Defensa se debe añadir el escondido en otros ministerios y capítulos de los presupuestos, y, además, hay que contabilizar otras partidas como el gasto extrapresupuestario generado por el uso abusivo del fondo de contingencia, las cantidades programadas de gasto plurianual y la amortización anual de deuda pública. Todo ello desmiente la afirmación, según la cual España aportaría menos del 2,1% de su PIB a gasto militar y que, por tanto, sería uno de los estados menos implicados en la OTAN. La realidad es bien distinta: España es, entre las 42 administraciones militaristas y atlantistas, la séptima que más dinero aporta a la organización.
Sin duda, el compromiso con la OTAN deriva a la guerra de Ucrania los recursos que el Estado español destina a su “defensa”, a costa de las prioridades sociales, al mismo tiempo que abastece, en concreto el pasado 23 de diciembre, al monstruoso Estado sionista, situándonos en el escenario de una posible gran guerra con potencial utilización de armas nucleares. Además de la guerra de Ucrania y el genocidio palestino, la pertenencia de nuestro país a la organización militar atlantista nos convierte en corresponsables de sus agresiones contra Irán, Yemen, Líbano o Siria, a las que se añade el acoso a gobiernos antiimperialistas en Latinoamérica, atacando ahora sobre todo a Venezuela en un avance hacia una reedición corregida y aumentada de la «sangre por petróleo», además de las promovidas por el neocolonialismo de países de la Unión Europea en África a las que hay que añadir el reciente bombardeo de Estados Unidos a Nigeria, más «sangre por petróleo», abriendo una nueva zona de guerra en África Occidental.
Esta política belicista y favorable al rearme del gobierno Sánchez, a la que se añade la gravedad de la reciente propuesta de Sánchez para desplegar fuerzas armadas españolas en Ucrania que debemos considerar inaceptable, al ser tropas de un país de la OTAN, por mucho que alguna opinión en nuestras filas lo considere viable «bajo mandato de la ONU», cuestionan la presencia del PCE en el ejecutivo y la necesidad, por tanto, de apartarse del mismo. Medida que, por otra parte, no implica dar un paso en favor de la extrema derecha, pues no son pocas las organizaciones políticas que no forman parte del gobierno y, sin embargo, en sede parlamentaria ofrecen suficientes apoyos puntuales al gobierno, impidiendo hasta la presente la caída de este. Además, la salida del PCE del ejecutivo facilitaría una apuesta seria para preparar una movilización social en favor de la paz, contra el rearme y en defensa de los intereses obreros y populares.
Será precisamente esta movilización la que pueda crear las condiciones para conformar un Frente Amplio social y político que pueda convertirse en una verdadera izquierda creíble, sobre todo en base a la lucha de clases, más vale tarde que nunca, contra las políticas otanistas y neoliberales vengan de donde vengan.
Insisto en que terminar con la presencia del PCE en el gobierno de coalición no implica necesariamente su caída para dar paso a la extrema derecha, como ha sido el caso de que las diversas organizaciones políticas ubicadas por fuera del ejecutivo no hayan contribuido ni favorecido en la actualidad alternativas gubernamentales reaccionarias. Siendo, así mismo, determinante que tal medida deba ir acompañada por un PCE volcado en la movilización social tanto en defensa de la paz, contra el rearme, por los intereses de la clase trabajadora y capas populares, como por la reivindicación de los más amplios derechos sociales, económicos y políticos con una firme defensa de los derechos y libertades democráticas que ponga freno al creciente fascismo.
Finalmente, hay que resaltar lo que plantea el Informe al XVI Pleno del Comité Central recién aprobado sobre el próximo Congreso del PCE, cuando indica: «corregir lo ocurrido en el anterior donde la conflictividad interna impidió que fuera un escaparate del buen trabajo político que, en este difícil contexto europeo, de avance del fascismo y el militarismo, estamos haciendo en España… Los debates que abordemos deben ser únicamente políticos. Sería un auténtico suicidio que difícilmente soportaría el PCE repetir un escenario de confrontación que impida poner en valor y rentabilizar nuestro trabajo político, lo que dificultaría el crecimiento y el acercamiento de nuevos y nuevos militantes.»
Esa “conflictividad interna” se reproducirá si se repiten las innumerables irregularidades que tuvieron lugar durante todo el proceso congresual del fallido XXI Congreso del PCE los días 9 y 10 de julio de 2022 de las que en su día hizo referencia Hojas de Debate. Las anomalías fueron de tal calado que acabaron por constituir una inequívoca expresión contraria a los más elementales principios de la democracia interna que recogen nuestros Estatutos.
