La alcaldesa de Motril en la cuerda floja

Un grupo de afiliados del Partido Popular denuncia a su alcaldesa por abonar una multa personal derivada de un delito de injurias con los fondos públicos que financian la actividad corporativa del Grupo Municipal del PP en Motril.

Un grupo de militantes del Partido Popular, se ha dirigido a Izquierda Unida-Equo de Motril comunicándole «la presunta utilización irregular de fondos provenientes de dinero público por parte de la compañera Luisa García Chamorro (alcaldesa de Motril) para el pago de la sanción personal que le impuso la justicia». La nota añade que «como vemos que la dirección del Partido no toma ninguna medida al respecto y que con su actitud se hace cómplice de la situación que detallamos en las mismas, pasamos a la fase de la publicación de la documentación justificativa de la presunta irregularidad cometida… porque ya estamos hartas de soportar las actuaciones de personalismo, prepotencia y soberbia que se están produciendo en Motril

La misiva va acompañada de dos comunicaciones de operaciones en cuenta en Unicaja Banco, cada una de ellas por importe de 2.000 euros, en las que aparecen como ordenante el Grupo Municipal del Partido Popular de Motril y como beneficiaria la actual alcaldesa del PP de esta localidad, la segunda en importancia de la provincia de Granada.

La sanción personal hace referencia a una resolución judicial que condenaba a Luisa García Chamorro por un delito de injurias graves al exgerente de la empresa Visogsa José Luis Hernández en el año 2.011, cuando aquella era vicepresidenta de la Diputación de Granada, por lo que el pago realizado por la sanción pecuniaria a cargo de los fondos del Grupo Municipal del PP nada tiene que ver con su actual condición de representante municipal. La sentencia imponía a la primera edil el abono de una indemnización al ofendido en cuantía de 4.616,15 euros, incluidas las costas del procedimiento.

La alcaldesa Chamorro asegura que todo se ha hecho conforme a lo marcado por la asesoría jurídica del partido, admitiendo de esta forma que el cumplimiento de la condena judicial se ha hecho con fondos de su Grupo Municipal. Alega, por otra parte, que con el importe de los 4.000 euros solo atendió a las costas del procedimiento y que la indemnización la cubrió con su propio patrimonio, afirmación que desmiente los extractos bancarios en donde se indica como concepto de la transferencia una “indemnización”. Asimismo advierte que va a interponer una denuncia para que se esclarezca quienes son los responsables de filtrar sus datos personales, entre los que se encuentra su número de cuenta bancaria.

El grupo municipal de Izquierda Unida-Equo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Granada los documentos que han recibido de un grupo de militantes del PP de Motril, por estimar que de los mismos podría acreditarse una actuación delictiva por malversación/administración desleal, conducta penada con prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

Tanto Izquierda Unida-Equo como el PSOE han reclamado la dimisión inmediata de García Chamorro. Estiman que su comportamiento, al margen de su posible responsabilidad penal, es inmoral. Según datos del Ayuntamiento de Motril de abril de 2021, Luisa García Chamorro percibe una retribución de 57.902,28 euros anuales como alcaldesa de la localidad, importe más que suficiente como para haber hecho frente a sus responsabilidades pecuniarias por la comisión de un delito de injurias mediante estos ingresos.

 "La alcaldesa de Motril en el convento de las monjas Agustinas Recoletas Nazarenas". Fuente: Cope, 09.10.19
“La alcaldesa de Motril en el convento de las monjas Agustinas Recoletas Nazarenas”. Fuente: Cope, 09.10.19

Por otra parte, entienden estas organizaciones políticas que la dotación a los grupos municipales no puede tener otro destino que el de sufragar gastos relacionados con la actuación corporativa de dichos grupos. En este caso, sin embargo, el dinero público se ha empleado para cubrir una necesidad estrictamente personal de la alcaldesa y no para asegurar el funcionamiento ordinario y el mantenimiento propio de su grupo político cuando, además, los hechos que dieron lugar a la condena judicial se habían producido en el tiempo en que era vicepresidenta de la Diputación Provincial de Granada.

Un caso que podría calificarse de análogo al que comentamos es el del exalcalde de Linares (Jaén), pendiente de juicio ante un tribunal con jurado y cuya vista ha sido señalada para el 7 de marzo próximo. En este supuesto, el Ministerio Fiscal acusa al antiguo regidor de haber sustraído para su propio beneficio una determinada cantidad perteneciente al grupo municipal socialista. La querella la interpuso el propio PSOE contra los exmilitantes Juan Fernández y Juan Sánchez, exsecretario de Organización de la agrupación, por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, administración desleal y estafa.

Debe tenerse en cuenta que lo importante no es el concreto destino que un representante municipal pueda darle a una cantidad que obtiene de los fondos públicos cuya finalidad exclusiva es el mantenimiento ordinario del grupo municipal en el marco de la actividad corporativa –artículo 73 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local-.  Salvo el caso extremo del estado de necesidad, como puede ser el hurto famélico, lo trascendente es el hecho mismo de distraer estos fondos o parte de ellos para incorporarlos al patrimonio particular de uno de sus miembros, con total independencia del uso que haga más tarde de los mismos. Es indiferente que el importe se destine al pago de una sanción personal por conducta ajena a la actividad del Grupo Municipal, como para financiar, por ejemplo, un crucero con la pareja.

Así lo entiende la sentencia dictada en Recurso de apelación nº 24/10, interpuesto contra la sentencia de 4 de febrero de 2010, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A-84/03, del ramo de Corporaciones Locales, Ayto. de Totana, Murcia, en la que podemos leer: «Por ello, no puede prosperar la alegación de que una vez concedidas las ayudas a los grupos, éstos gozarían de una habilitación para disponer discrecionalmente de los fondos con tal de justificar posteriormente el cumplimiento de los requisitos formales. Si bien es cierto que la expresión legal de “gastos de funcionamiento o para atender su funcionamiento” no delimita ni detalla qué gastos pueden sufragarse con las prestaciones recibidas, sin embargo por su propia naturaleza y finalidad, se impide el destino de esos fondos públicos a otros fines que no sean los municipales.» 

Los fondos deben destinarse a gastos propios del Grupo Municipal no del partido o partidos políticos que lo sustenten. Así se desprende del Preámbulo de la propia Ley 11/1999 de 21 de abril de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que indica: «Por su parte, con el nuevo apartado 3 del artículo 73 se pretende una mención expresa en la Ley de Bases a que la actuación corporativa de los miembros de las Corporaciones locales se realice a través de los grupos políticos, con la posibilidad de dotación económica para su funcionamiento siguiendo una regulación similar a la que se contempla en el Reglamento del Congreso de los Diputados para sus grupos políticos.»

Desde luego, los impuestos que abonan los vecinos de Motril no pueden destinarse a financiar la verborrea injuriosa de su alcaldesa. Es inadmisible que pueda entenderse como actividad ordinaria de un grupo municipal la de lanzar exabruptos, con la categoría de injuria grave, a sus adversarios políticos, y que los fondos públicos que nutren a los grupos municipales se destinen a la financiación de tan peculiar actividad. Sus compañeras del PP, en la denuncia que entregaron al Presidente del PP de Granada, ya advierten que Chamorro es una persona «que no sabe hablar y a veces no sabe lo que habla… son muchas las personas que nos preguntan si, después de tanto tiempo que lleva en política, no ha tenido tiempo de corregir la forma de expresarse. Es sencillamente inexplicable

Por el momento, y atendiendo a las sugerencias que le han formulado sus abogados, Chamorro ha devuelto los 4.000 euros, pero por ahora no está dispuesta a dimitir.

Una alcaldesa, por cierto, que con su voto bloqueó la iniciativa de IU-Equo destinada a retirar la medalla de la ciudad al dictador Franco.

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