El origen real de la corrupción en España (2). La corrupción como principal herencia del franquismo

Esta entrada es la parte 2 de 3 en la serie El origen real de la corrupción en España

La corrupción no se origina con el régimen del 78, se heredó del franquismo, junto con su aparato de estado y los hábitos y formas de política antidemocrática.

Hemos visto en el anterior artículo la situación de corrupción generalizada existente en el país, cuya práctica continúa desde el franquismo sin haber roto con aquella durante la transición, protagonizada desde entonces y en gran parte por el propio Rey Juan Carlos I, y que impulsada desde el vértice del estado se extendió al conjunto de fuerzas y actividades políticas. Precisamente, la ausencia de una ruptura democrática fue la que posibilitó de manera principal la continuidad de aquellas actividades, que eran las habituales de la dictadura.

Mención especial tendremos que hacer del más conocido y reciente affaire, el relativo a las comisiones presuntamente cobradas por las gestiones del emérito acerca de las empresas españolas para que accedieran al contrato del AVE entre las ciudades de Medina y la Meca en Arabia Saudita.  Operación que incluyó una considerable rebaja de precio para obtener la adjudicación de la obra y cuyo premio parece haber alcanzado la cantidad de sesenta millones de euros, que el emérito depositó en Suiza a nombre de su amante Corinna. Tras  acabar siendo conocidas por la opinión pública, han desencadenado las consecuencias de su abdicación y las regularizaciones fiscales posteriores, y cuya persecución centrada por ahora en la señora citada y los testaferros Arturo Fasana y Dante Canónica, tenemos que agradecer al fiscal suizo Yves Bertossa.

La realidad de estos hechos es incontrovertible, reconocidos oficialmente, ratificados por las diversas informaciones judiciales de que se dispone a día de hoy, a la que hemos de añadir una serie de irregularidades fiscales, presumiblemente delictivas, para evitar las cuales el emérito ha hecho diversas regularizaciones ante la Hacienda Pública española.

Llegados a este punto, tras la constatación de las actuaciones corruptas presuntamente cometidas por Juan Carlos I, desde 1977 al menos,  necesariamente tenemos que preguntarnos, en primer lugar, cómo ha sido posible esta actividad  prolongada, ejercida desde la Jefatura del Estado, de manera sistemática, a lo largo de todo el periodo del régimen del 78, y en segundo lugar, cuáles han sido sobre nuestro país las consecuencias de la misma.

En efecto, se trata de hechos muy graves. Una actividad inmunda, constante, que se extiende a lo largo de los años, utilizando en beneficio propio el cargo más significativo de los existentes en España, como es la Jefatura del Estado. Conlleva una privatización de muy altas funciones públicas en beneficio privado. Solo es posible a base de ignorar todas y cada una de las normas que regulan la actividad comercial en el país. Todo se cobra en negro, en paraísos fiscales, en cuentas corrientes puestas a nombre de sociedades fantasmas. Todo el dinero es opaco, con lo que se evita el pago de cualquier impuesto, burlándose de manera obscena del conjunto del ordenamiento  tributario. Se pisotean todos los artículos de la Constitución relativos a la igualdad ante la ley de todos los españoles. Se alteran las condiciones de mercado. Resulta absurdo además creer que esas comisiones se las entregaban al emérito de manera altruista, práctica contraria a toda actividad comercial, que es concluyente sobre que sólo se abonan como contrapartidas a beneficios recibidos por quien paga.

Pero además, la situación de extrema de debilidad institucional en que coloca al presunto corrupto, que puede influir además en su actuar político, de enorme trascendencia para España, es más que evidente.

¿Cómo se ha podido mantener esta grosera actividad mercantil prolongada a lo largo de los años, sin que las autoridades obligadas a garantizar el cumplimiento de la ley la impidieran? ¿Cómo gobierno tras gobierno, de uno u otro signo político, la han consentido? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación de manera sistemática la hayan ignorado, con excepcionalísimos casos?

Todo ello, no lo olvidemos, unido a una actividad cortesana de constantes alabanzas a Juan Carlos I sobre que habría traído a España la democracia, nos habría salvado del golpe de estado del 23-F, que era un rey ejemplar… En vez de exponerse sucintamente en qué consistían sus responsabilidades desde la Jefatura del Estado y efectuar sobre ellas una valoración precisa, se sustituían por una serie de mentiras repetidas sistemáticamente, para levantar un supuesto prestigio que se encontraba en las antípodas del juicio que en realidad merecía nuestro personaje.

Juan Carlos I con sus amigos. Fuente Diario.es 14/04/14
Juan Carlos I con sus amigos. Fuente Diario.es 14/04/14

Para responder, brevemente, a la pregunta sobre cómo ha sido todo esto posible, es imprescindible volver a recordar cómo se gestó la transición, como mecanismo de continuidad sin ruptura, desde el franquismo. «De la ley a la ley a través de la ley», decía Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes franquistas, estableciendo como base del nuevo régimen la existencia de aquella monarquía «del 18 de julio», impuesta por Franco, cuyo advenimiento era previo y anterior a la propia Constitución, que el emérito ni juró, pero sí hacerlo en cambio a favor de la llamada «Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional».

Todo esto fue esencial para el paso, sin previo tratamiento quirúrgico alguno, de la dictadura al régimen del 78, heredándose junto con ella gran parte del aparato de estado franquista, incluidos los policías torturadores, los falangistas previamente designados como funcionarios, el poder judicial incluido el Tribunal de Orden Público ahora trasmutado en Audiencia Nacional, con sus mismos jueces, sus mismos secretarios judiciales, el mantenimiento íntegro del Ejército, del que sólo se excluyó, lamentablemente, a los militares de la Unión Militar Democrática, cuyo reingreso se impidió. Se negó incluso la posibilidad de renegociar las condiciones de actividad de la Iglesia Católica, dejando atados de forma previa e inconstitucional los Concordatos que mantenían a favor de aquella los privilegios de que era beneficiaria desde hace siglos y que habían sido modernizados y reforzados por el franquismo. Como es lógico, en esta transferencia en bloque del anterior régimen a la nueva legalidad, se contenía el  gigantesco mecanismo en que se basaba toda la actividad en el franquismo, a saber, la práctica continua de la corrupción.

Establezcamos la dictadura como límite de nuestro trabajo, por no citar que ha sido una constante en toda nuestra historia. Para el lector interesado en conocer estas actividades bajo los diversos gobiernos borbónicos, me remito al libro de Paul Preston, «Un Pueblo Traicionado«, que se centra en el estudio de la corrupción política desde la Restauración. Y que no se nos diga que en todas partes cuecen habas, pues la especificidad española en relación con los países de nuestro entorno, ha sido lo caro que ha costado al pueblo español cada vez que ha querido establecer algunos controles, ya existentes en aquellos países, para erradicar o limitar la corrupción, así como la de acabar con la continuidad de elementos del Antiguo Régimen aún ahora presentes.

En efecto, si algo caracterizaba la actividad económica del franquismo, era la corrupción. Desde la afirmación de un régimen propiedad de los vencedores, que a todo tenían derecho, por méritos de guerra; la generalización del estraperlo para obtener desmesurados beneficios económicos en postguerra; la inexistencia de cargas fiscales para las actividades económicas, pues sólo los asalariados pagaban sus impuestos; el soborno hecho a los principales generales del franquismo, por parte de Gran Bretaña, en forma de cantidades millonarias, para que evitaran la entrada de España en la Guerra Mundial de manera plena (Sobornos, de cómo Churchill y March compraron a los generales de Franco de Ángel Viñas); el hecho de que todo el proceso económico, supuestamente regulado, dependía de «concesiones administrativas» que se obtenían mediante cohecho; los permisos de importación y los regalos a los empresarios de la electricidad del sistema de producción y generación de energía; la especulación inmobiliaria… en definitiva, el franquismo era un enorme compendio de corrupción generalizada, y junto con el resto del sistema, estos hábitos se heredaron con la transición.

Y uno de los protagonistas claves de todo aquel proceso, era el Rey Juan Carlos I, que ya hemos visto que en 1977 pedía diez millones de dólares al Sha de Persia, Reza Palehvi, «para luchar contra el marxismo»; mediante Manuel Prado se «amarraban» las comisiones sobre el petróleo saudí; se gestionaban las comisiones sobre la venta de armas, etc. etc.

Navegación de la serie<< El origen real de la corrupción en España (1) Corrupción, inviolabilidad, complicidades
Comparte este artículo

2 thoughts on “El origen real de la corrupción en España (2). La corrupción como principal herencia del franquismo

  • Pingback: El origen real de la corrupción en España (2). La corrupción como principal herencia del franquismo — Hojas de Debate – COOPERATIV@S

  • 16 de septiembre de 2021 en 14:15
    Permalink

    Verdad es todo lo que aquí se dice, salvo que la corrupción viene del franquismo. Sí viene de ahí como hilo conductor.
    Pero la corrupción española es más antigua, está ligada con la monarquía.
    No hay más que recordar la guerra en Marruecos para defender la riqueza de capitalistas españoles.
    Se puede recordar a María Cristina, la madre de Isabel II, los negocios que se llevó.
    Y así se podría llegar hasta el infinito.
    El capitalismo, la iglesia y mucha clase política han apoyado a la monarquía.
    Dicen que no hay Borbón bueno. Pues yo añado que no hay capitalismo bueno.

    Responder

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *