Proseguir la lucha por los Derechos Sociales y los Servicios Públicos

Necesitamos otra política, por ello el 15 de octubre ¡gobierne quien gobierne, las pensiones, los salarios, los servicios públicos, con la lucha de la clase trabajadora y del pueblo se defienden!

El pasado 15 de septiembre nos movilizamos en Canarias, “una marea amarilla” por el color predominante de las camisetas, como señalaron algunos medios de comunicación, “para reivindicar los Derechos Sociales; derechos que son esenciales y vitales para mantener una sociedad democrática, para garantizar valores de igualdad y libertad, que protejan a las personas frente a las agresiones del propio sistema, que nos hace vulnerables. Derechos sociales que tienen que ser amparados por las leyes pero que deben ser acompañados de recursos financieros y humanos para que podamos realmente ejercerlos, sin que se queden en el papel y en el discurso demagógico de los partidos que forman gobiernos y oposición.”

Con estas palabras empezaba el Manifiesto leído al terminar la jornada de movilización y que fue complementado con la intervención de algunos de los colectivos integrados en el Movimiento Popular 15S que de esa manera comenzaba su andadura unitaria “agrupando un conjunto de colectivos sociales que hemos decidido dar un paso más en nuestras movilizaciones y luchas, que veníamos realizando por separado, cada una desde su temática, desde diferentes lugares de actuación y cada una con sus reivindicaciones concretas. Hemos decidido que era necesario encontrarnos para abordar cuestiones muy urgentes, que nos atañen a todas, porque se trata de nuestros derechos.

El movimiento 15 S es un movimiento viejo, es un movimiento en el que nos encontramos luchas de décadas surgidas tras cada recorte en los recursos, tras cada privatización, tras cada medida política tomada con la excusa de las crisis, que han provocado, entre otras cosas, largas listas de espera para ser atendidas, con impedimentos burocráticos y digitales que colocan a muchas personas fuera de poder acudir a los servicios. Luchas contra la precarización de trabajadoras y trabajadores que cuidan, luchas contra que unos pocos se enriquezcan a costa del dinero público. Lo nuevo del movimiento 15 S es su nombre y la voluntad de quienes lo formamos de juntarnos para movilizarnos en torno a aquello en lo que estamos de acuerdo.

Ni somos un movimiento partidista que quiere ir contra un gobierno, ni somos ninguna correa de transmisión de ningún partido de la oposición, ni admitimos que se nos utilice desde ninguna opción política. Y usamos prestado ese lema del movimiento de pensionistas cuando gritan ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA SANIDAD, LAS PENSIONES, TODO LO PÚBLICO Y NUESTRA TIERRA, SE DEFIENDE!

Somos un movimiento abierto, en el que estamos dispuestas y dispuestos a conocernos entre todos los colectivos, a debatir qué nos une y dar una batalla para que se nos oiga, se nos escuche y se nos tenga en cuenta a la hora de hacer las políticas necesarias para garantizar los derechos y los servicios públicos.

Porque luchamos por los servicios públicos de nuestra tierra, contra la privatización de los mismos, ni un solo euro para la privada. Porque nos oponemos a que nuestra tierra siga presentándose como el paraíso servicial y solidario que todo lo aguanta mientras se atenta contra los derechos laborales, se expolian nuestros recursos naturales, se precariza la calidad de vida y se embargan nuestros proyectos vitales.”

También, se decía “defendemos el derecho a una vivienda digna, defendemos a nuestro territorio libre de especulación y de deterioro medioambiental. La defensa del derecho a una gestión pública, eficiente y sostenible del agua y de los residuos, así como a la preservación de los espacios naturales, la biodiversidad y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un mundo libre de contaminación, con recursos y la soberanía alimentaria necesaria para la supervivencia en las islas.

Defendemos un modelo económico, político y social contrario al neoliberalismo, que nos está destruyendo. Apostamos por el que posicione a los cuidados como centro de las políticas públicas, al que no mantenga desigualdades ni discriminaciones ni explotación de las vidas.”

Finalmente, se reafirmaba la voluntad de continuar las movilizaciones “porque vamos a seguir en lucha defendiendo los derechos sociales y a toda la ciudadanía canaria, y por ello les emplazamos a sumarse a las movilizaciones para la defensa de las pensiones públicas que tendrán lugar el próximo 15 de octubre.”

Nos enfrentamos a una vieja batalla que también se desenvuelve en la dimensión estatal y europea, dada la pretensión de los grupos económicos y financieros de hacer de estos servicios y estas funciones una fuente de negocios y ganancias, en detrimento de las poblaciones. Desde gobiernos neoliberales de distinto signo político, de derechas o social-liberales pretendidamente de izquierdas, con políticas de privatizaciones y de asfixia financiera, esforzándose por reconfigurar el Estado, reduciéndolo en la práctica a un mínimo.

En la guerra declarada a los servicios públicos se han utilizado varios instrumentos contra ellos, no solo la privatización directa e indirecta del servicio público, sino también las intencionadas políticas presupuestarias de desinversión en años consecutivos que promoviendo la degradación de los respectivos servicios, abren la puerta al traspaso de recursos del Estado a manos de grandes grupos económicos.

La defensa de los servicios públicos en el contexto del recrudecimiento del aumento del costo de la vida, con la consiguiente erosión de los salarios, las pensiones y las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo, requiere una mayor y más urgente atención. Necesitamos servicios públicos efectivos y su ausencia o ineficacia significa una pesada y adicional carga para las familias y un factor que empeora las condiciones de vida de las poblaciones.

Una situación a la que no ha dado respuesta el Gobierno PSOE-UP, como se puede comprobar en las insuficientes y exiguas medidas para combatir la inflación. Medidas de corto impacto que no sólo eluden la recuperación total del poder adquisitivo perdido a través de salarios y pensiones, sino que la confirman y la prolongan. Son medidas laxas, medidas a medias, donde también está presente mucho engaño y mucho ilusionismo.   

Sí, se necesitan otras medidas, porque el furor explotador y especulativo exige otras salidas políticas que pasen también por la recuperación de instrumentos y sectores de la economía estratégicos para el dominio público. Medidas de emergencia que deben implementarse ahora y sin más, que incluyen un aumento general de salarios y pensiones en un porcentaje que asegure la reposición y mejora del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas. Nada de “pacto de rentas”. Medidas de emergencia que aseguren también el cumplimiento de los derechos sociales mediante el fortalecimiento de los servicios públicos. 

Seguir el camino de devaluación de salarios y pensiones al afirmarse que no pueden seguir el ritmo de la inflación revela la opción de clase de un gobierno y de una política de izquierda sólo de nombre. Inseparable de la valoración de los servicios públicos es la valoración de sus trabajadores, víctimas de esta política que somete los servicios públicos a la dictadura del déficit y del euro.

Necesitamos otra política, por ello el 15 de octubre ¡gobierne quien gobierne, las pensiones, los salarios, los servicios públicos, con la lucha de la clase trabajadora y del pueblo se defienden!