El Banco de España y el recorte de pensiones y salarios

El Banco de España propone que los salarios y las pensiones (exceptuando las mínimas) se incrementen en función del denominado IPC subyacente, es decir, el que excluye del cómputo del IPC los productos energéticos y los alimentos no elaborados, dos de los grupos de la cesta de la compra que más están subiendo de precio en los últimos meses.

El extenso Informe anual del Banco de España correspondiente a 2021 aborda con amplitud el sistema público de pensiones y las rentas del trabajo en nuestro país y su futuro. 

Empieza por señalar que para hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional se «requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos», para a continuación indicar que «un factor que debe ser considerado a la hora de diseñar el pacto de rentas es la incorporación a este de los perceptores de transferencias públicas», dado que las tendencias demográficas que se esperan en los próximos años «generarán una presión sobre el gasto público muy significativa asociada al sistema de pensiones». Es decir, un pacto social en el marco de «grandes consensos políticos y sociales» con incrementos salariales y subida de los importes de las pensiones por debajo de la inflación, unido a la conveniencia de suprimir «fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia». En la práctica, sostiene el Supervisor, los trabajadores ya están perdiendo poder adquisitivo, algo que define como un pacto de rentas tácito. En la actualidad, las negociaciones para un Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) para el periodo 2022-2024 se encuentran rotas.

El Informe reflexiona acerca de la reforma del sistema de pensiones del Partido Popular aprobada en 2013 que vinculaba la revalorización de las pensiones con los ingresos y los gastos del sistema -el índice de revalorización de las pensiones-, y mediante un mecanismo que reducía el importe de la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida -el llamado «factor de sostenibilidad»-. Dichos elementos –señala el Informe- «permitían aliviar de forma significativa la situación financiera del sistema de pensiones, si bien a costa de una notable reducción de la cuantía de las prestaciones en relación con el salario medio».

Estos dos elementos centrales de contención del gasto en pensiones establecidos en la reforma de 2013 se han derogado recientemente, en buena medida debido a las amplias movilizaciones de los pensionistas en los últimos años. A finales del año pasado se aprobó la primera parte de una nueva reforma del sistema de pensiones. Entre otras medidas, se estableció la revalorización de las pensiones en función de la inflación conforme al IPC medio y derogó el llamado «factor de sostenibilidad».

No obstante, este factor de sostenibilidad derogado será sustituido por un nuevo mecanismo llamado «mecanismo de equidad intergeneracional» que consta de dos partes. En primer lugar, un aumento de las cotizaciones sociales que se implementará durante 10 años a partir de 2023. En segundo lugar, prevé la adopción de nuevas medidas a partir de 2032, en función de la evolución del gasto en pensiones que deberán ser negociadas y aprobadas en su momento, aspecto que contrasta con la automaticidad de los ajustes que implicaba el factor de sostenibilidad.

Al mismo tiempo, se promueven distintas medidas con objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal actual. Entre otras, nuevos incentivos para retrasar la edad de jubilación más allá de la edad legal, el desarrollo de los planes de pensiones de empleo ahora en trámite parlamentario, la revisión de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima, un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y una revisión (incremento hasta los 35 años) del periodo considerado para calcular la base reguladora de la pensión.

Con la máxima desfachatez, Pablo Hernández de Cos indica que: «el mantenimiento del poder de compra de las pensiones plantea algunas cuestiones de equidad en el contexto de la perturbación actual de pérdida de rentas respecto al resto del mundo. Por un lado, esas mismas consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado… el conjunto de los pensionistas a quienes se excluye del ajuste conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes

Hernández de Cos, la voz de su amo.

La propuesta del Banco de España es que los salarios y las pensiones (exceptuando las mínimas) se incrementen en función del denominado IPC subyacente, es decir, el que excluye del cómputo los productos energéticos, como la electricidad, el gas o los combustibles, así como los alimentos no elaborados (carne o pescado fresco, entre otros), dos de los grupos de la cesta de la compra que más están subiendo de precio en los últimos meses. De esta forma y con referencia a las pensiones, para el 2023, supondría dos puntos y medio menos de diferencia con el IPC medio y se retirarían del bolsillo de los pensionistas la cantidad nada despreciable de 4.450 millones de euros en esta anualidad. Otros sectores políticos del gran capital defienden un sistema aún más gravoso para los pensionistas. La mejor referencia para actualizar las pensiones, dicen, sería el IPC menos un diferencial que se fijaría cada año de forma discrecional, para que los pensionistas  compartan parte del sacrificio que la situación impone al resto de la sociedad.

Hernández de Cos, vocero de la clase dominante, analiza en el Informe las causas de la desatada inflación actual, poniendo énfasis en la guerra de Ucrania. En este sentido, se indica en el documento que «la invasión rusa de Ucrania, a finales de febrero, ha supuesto una nueva perturbación negativa que está afectando a la economía española, como a otras economías de nuestro entorno… con el resultado de un notable empeoramiento de las perspectivas de crecimiento en el corto plazo y en una intensificación de las presiones inflacionistas.» Más adelante, señala que «la agresión de Rusia a Ucrania, en febrero de 2022, ha ensombrecido de forma severa las perspectivas de evolución de la actividad económica y ha agravado las tensiones sobre los precios, en un entorno caracterizado por niveles de incertidumbre inusualmente elevados.»

Sin embargo, el Informe del Banco de España omite de manera cuidadosa resaltar el extraordinario esfuerzo económico, político y mediático del gobierno de coalición y de todo el aparato de estado, por estimular la actividad bélica en Europa y con ello contribuir de manera directa en el desatado incremento de la inflación. Y no es cosa exclusiva del socio mayoritario del gobierno. También Unidas Podemos participa de este ardor guerrero que dispara la crisis económica con acentuadas consecuencias negativas para la mayoría social.

A la presente, el gobierno de coalición ha enviado once vuelos de transporte militar con unas 170 toneladas de material de guerra ofensivo, además de 200 toneladas por vía marítima a bordo de buque logístico Ysabel. Existe el compromiso, además, de enviar misiles antiaéreos a Letonia y aumentar el contingente militar hasta 600 miembros. La ministra Yolanda Díaz y el ministro Garzón, de forma pública, han expresado total apoyo al envío de armamento al gobierno ucranio. Junto con Enrique Santiago, permanecieron en el hemiciclo mientras Zelenski les exhortaba a seguir echando leña al fuego. Al mismo tiempo, el presupuesto militar se acrecienta día a día.

De modo que para financiar la guerra y combatir la inflación, el Supervisor del Banco de España proclama la necesidad  de un pacto de rentas que incluya a los pensionistas, en el marco de un amplio acuerdo de «grandes consensos políticos y sociales» que obligue a los asalariados, a los autónomos y a los pensionistas a pagar los gastos derivados de la guerra mediante una «actualización» de los salarios y las pensiones muy por debajo de la media del IPC anual (IPC subyacente).

¿Banco de España? Mas bien, el banco de los banqueros, el banco del gran capital.

Hasta la presente, ningún ministro ni secretario de estado de Unidas Podemos ha amagado con salir del gobierno de coalición en defensa de la paz, en solidaridad con los trabajadores y las capas populares y en coherencia con los propios programas políticos con los que se presentaron a las elecciones.

Como ha dicho con sorna en la televisión el ex ministro García Margallo «a estos de Unidas Podemos no los sacan del gobierno de coalición aunque el socio mayoritario les mande a ir de peregrinación al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza».

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