Las direcciones de CCOO y UGT del sector público pactan un aumento salarial máximo del 9,5% hasta 2024, frente a un IPC previsto superior al 12% para este período

Uno de los aspectos más preocupantes del Acuerdo es el de la renuncia a la clausula de revisión salarial. Una muestra de enorme debilidad (o complicidad) que sienta un peligroso precedente de cara a las actuales negociaciones para la renovación del AENC, caducado desde el 31 de diciembre de 2020.

Según este “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, a finales de 2022 los 3.4 millones de empleados y de empleadas públicas recibirán un aumento del 1,5% retroactivo, adicional al 2% que ya han venido recibiendo este ejercicio (en total, subida del 3,5%). Para llevar a cabo esta subida retroactiva del 1,5%, que se abonará como una paga adicional en noviembre próximo, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán una moratoria de pago al personal hasta diciembre o, excepcionalmente, hasta marzo de 2023.

En 2023, las nóminas del personal público se elevarán un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicará si el IPC armonizado de 2022 y 2023 supera el 6% y se cobraría en febrero de 2023, con carácter retroactivo y consolidable. La segunda subida de 0,5% se aplicará si el PIB nominal en 2023 supera el previsto por el Gobierno.

Finalmente, para 2024, los salarios públicos tendrán  un alza del 2%, con una variable del 0,5% si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. De nuevo, se cobraría con carácter retroactivo y consolidable.

Los incrementos salariales para los próximos años, inferiores a la inflación, deja al personal funcionario y asalariado de la Administración con una clara pérdida de poder adquisitivo que alcanza un 13% desde la crisis del 2008 a la presente. Un pacto que no blinda el poder adquisitivo del personal funcionario y laboral de la Administración Pública.

La CSIFC, mayoritaria en el sector, «rechaza esta precaria subida salarial que supone un desprecio a la labor de los/as empleados públicos. El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que jugaron un papel esencial en los peores momentos de la pandemia».

Además de estos incrementos,  las direcciones de CCOO-UGT y el Gobierno de coalición también han incluido en el texto del acuerdo cambios en las condiciones laborales, como la apertura de un proceso que introduzca en el futuro la jornada semanal de 35 horas con la derogación de la disposición adicional 44 de la Ley de Presupuesto de 2018 y que se alcanzaría por medio de la negociación colectiva por cada Administración según su competencia y la representación de funcionarios y asalariados. El acuerdo contempla también la derogación de los recortes laborales implantados en 2012 y la flexibilización para el acceso a la jubilación parcial para el personal funcionario pendiente de desarrollar y calendarizar. Asimismo, se desarrollarán  y negociarán los planes de Igualdad en todas las Administraciones Públicas, así como la implantación de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. E igualmente se incluye, por último, un compromiso de la Administración para implementar  un plan específico de digitalización en zonas con menor población y más dispersa.

Como puede verse igualmente en esta tabla anterior, las subidas escalonadas a 3 años que contempla el acuerdo firmado no equiparan los salarios con el IPC real ni tampoco los reequilibran con respecto a las pérdidas de poder adquisitivo que se han ido produciendo durante décadas.

Además, debe tenerse en cuenta igualmente que según las previsiones del Banco de España la inflación media este año será del 7,5%, muy por encima del 3,5% acordado de subida salarial. Mientras que en 2023 se espera que los precios se relajen y suban un 2%, y un 1,6% más en 2024, subidas que a su vez pueden complicar la posible subida de los salarios un 1% anual.

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), sin embargo, ha elevado su previsión para la tasa media anual de inflación desde el 8,9% hasta el 9,1% y espera que la tasa interanual en diciembre se sitúe en el 8,6%, frente al 7,9% estimado anteriormente. De acuerdo con el escenario central que ha publicado la Fundación tras conocer el dato del IPC de agosto (10,5%), para 2023 la tasa media anual alcanzaría el 4,8%, sin cambios con respecto a las previsiones anteriores, aunque ha elevado la subyacente hasta el 4,4%. Morgan Stanley prevé una inflación del 6% para el próximo año 2023. Goldman Sachs, ING, Commerzbank o Citi estiman que el IPC se situará entre el 4 y el 5%. Natixis es la casa de análisis más pesimista y apunta a una inflación superior al 7% el próximo año.

El pacto del Gobierno con los sindicatos no evitará, pues, al personal público seguir perdiendo poder adquisitivo, igual que viene ocurriendo durante  las últimas tres décadas. Contando desde la gran recesión de 2008 hasta 2024, la pérdida de poder de compra de los salarios puede alcanzar a los 13 puntos de diferencia, ya que en 2024 las previsiones son que los precios hayan acumulado un alza del 29,5%, mientras que las retribuciones solo se habrán subido un 16,5%.

Este Acuerdo, pues, ahondará  en la erosión del poder adquisitivo de los salarios pero, al menos (según estas direcciones sindicales de CCOO y UGT), el personal asalariado público irá recuperando poco a poco parte de la capacidad de compra perdida este año, pero no al completo. Porque el incremento  máximo previsto y pactado del 9,5% debe tener igualmente en cuenta que los precios también van a seguir subiendo y más que los salarios. De hecho, en 2024 se habrán incrementado un 12% respecto a 2021, siempre según las previsiones del Banco de España -que incluso son más modestas  que las últimas de los principales organismos nacionales e internacionales-.

¿Por qué bajo tales circunstancias las direcciones de CCOO y UGT han firmado este Acuerdo que no blinda el poder adquisitivo de los salarios? Según las declaraciones públicas de sus principales representantes, este Acuerdo «amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los casi tres millones de empleados públicos de nuestro país». Además de que «por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento  salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos», a lo que también se pueden sumar que, más allá de los salarios, el pacto de mínimos alcanzado recoge otros avances, como el impulso del teletrabajo o la eliminación de las trabas para la jornada de 35 horas.

Indudablemente, la postura favorable de las direcciones sindicales incluye más lecturas y agendas. Aunque hayan tirado de pragmatismo, por así decirlo, nadie puede ignorar que la corriente de fondo sigue siendo la misma: a cada crisis que pasa, los trabajadores y las trabajadoras de las entidades públicas (y más del sector privado) cobran -en términos reales- un poco menos.

Uno de los aspectos más preocupantes del Acuerdo suscrito es el relativo a la renuncia de la clausula de revisión salarial. Es una muestra de enorme debilidad (o complicidad) que sienta un peligroso precedente de cara a las actuales negociaciones para la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde el 31 de diciembre de 2020 (pacto de rentas).  Si en estos momentos tan críticos, los dirigentes reformistas de CCOO y UGT renuncian a la clausula de revisión salarial para los empleados públicos ¿no lo harán también en la negociación de los salarios para el conjunto del personal asalariado del sector privado? ¿qué fuerza les queda para defender que en este caso sí procede el reconocimiento de la clausula de revisión salarial?

Por lo demás, la negociación de este Acuerdo se ha realizado en pocos días. No ha habido por parte de las direcciones de las autodenominadas centrales sindicales mayoritarias el menor intento de movilizar a los trabajadores públicos para que desde la legítima presión lograr en la negociación unos niveles salariales que al menos alcancen las cifras de inflación. Ni siquiera han consultado con los trabajadores públicos ni con sus propias afiliaciones. Mal camino llevan.

Es preciso y urgente recuperar un sindicalismo de clase, combativo, democrático, autosuficiente y no subvencionado.