Canarias bajo ocupación militar: proyecto de instalación en las Islas del complejo industrial militar-estadounidense-sionista
El resultado es un híbrido industrial donde el diseño israelí, el mercado estadounidense y el suelo canario se fusionan para alimentar una maquinaria de guerra cuya capacidad de vigilancia se extiende sobre el Sahel y el Atlántico Medio, convirtiendo nuestra posición geográfica en una suerte de «portaaviones» de servicios tecnológicos para el AFRICOM (mando militar de los EEUU para África) y las estructuras de mando de la OTAN.
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La realidad material de las Islas Canarias está sufriendo una metamorfosis silenciosa, dictada no por las necesidades de su pueblo, sino por las exigencias de una acumulación de capital tecnológico vinculada estrechamente a la guerra y la vigilancia global. El pasado 30 de marzo de 2026, el diario Canarias7 publicaba una información que, bajo la apariencia de una oportunidad económica local, revela un proceso de transformación profunda del archipiélago. Lo que se nos vende bajo el edulcorado relato del «progreso aeroespacial» y la «diversificación económica» es, tras un análisis riguroso de la estructura de propiedad y los movimientos societarios de holdings como Arquimea Group -a los que parece aludir, sin citar, dicha información periodística – la consolidación de un enclave militar subordinado a intereses estratégicos que trascienden nuestras fronteras.
El oprobio no reside solo en la militarización del territorio, sino en la complicidad institucional y empresarial que, al amparo de privilegios fiscales, ha convertido al archipiélago en el puente industrial necesario para que tecnología bélica de origen israelí se vista con ropajes europeos y opere con manos libres desde el Atlántico. La columna vertebral de esta entrega de soberanía se articula a través de una triangulación de capitales que sitúa a la empresa española Arquimea, con una de sus sedes en la isla de Tenerife, como el gestor operativo de una ambición ajena.
La vinculación con el entramado tecnológico israelí no es una conjetura ideológica, sino una realidad contable: en 2022, Arquimea invirtió 15 millones de dólares en NSLComm, compañía israelí especializada en antenas desplegables de alta ganancia para satélites pequeños, convirtiéndose en su principal accionista. NSLComm pasó a denominarse BeetleSat, y con ella Arquimea selló una alianza estratégica para el despliegue de una constelación de más de 200 satélites en órbita terrestre baja. La materialización física de esta alianza en Canarias adopta el nombre de CanarySat Satellite Services S.A., constituida en 2023 en Santa Cruz de Tenerife.
Esta filial ha sido dotada recientemente con una ampliación de capital que eleva su capital social de 64.000 a 624.000 euros, incorporando nuevos socios y creando un consejo de administración que refleja la entrada de capital externo. Su función no es la fabricación de satélites —que sigue correspondiendo a BeetleSat y a la red industrial de Arquimea— sino la gestión desde el archipiélago del segmento terrestre: centros de control, antenas, telepuerto y pasarelas de datos. La sede operativa se vincula al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, donde se proyecta levantar un telepuerto conectado a la red de fibra óptica de Canalink, operador neutro propiedad de la propia corporación insular.
La constelación BeetleSat, cuyos satélites estarán equipados con antenas desplegables desarrolladas en Israel, ofrece entre sus aplicaciones declaradas la cobertura para «sectores militares», incluyendo «cobertura global, permitiendo servicios y conectividad dentro y fuera de las fronteras del territorio, así como a fuerzas desplegadas fuera del territorio nacional». Canarias deja así de ser un puente entre continentes para convertirse en un sensor avanzado de tecnología de defensa israelí, legitimada mediante su integración en un holding que actúa como pantalla de respetabilidad comercial mientras sitúa el archipiélago en el centro de una red de comunicaciones de doble uso —civil y militar— diseñada en Tel Aviv.
A esta ecuación se suma la dimensión estadounidense, que refuerza el carácter atlantista del proyecto. La adquisición por parte de Arquimea de la firma norteamericana Ecliptic Enterprises Corporation no es un movimiento de expansión inocente, sino la vía de acceso directo a los contratos del Departamento de Defensa de EE.UU. y a la arquitectura de seguridad de la Alianza Atlántica. Esta maniobra permite que la innovación tecnológica captada en Israel se fabrique a escala y se integre en la cadena de suministro militar del bloque hegemónico, utilizando a las islas como plataforma de pruebas y logística.
La profundización de este entramado se ha acelerado en los últimos meses. En septiembre de 2025, Arquimea adquirió Perseo Techworks, desarrollador líder de vehículos submarinos autónomos, incorporando a su cartera el sistema S-WISE: un avanzado vehículo submarino no tripulado diseñado para misiones de detección, localización y neutralización de minas navales, así como para inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El S-WISE ha sido presentado en el ejercicio de la OTAN Steadfast Dart 26, celebrado en febrero de 2026 en Alemania, donde participaron 1.500 militares españoles y 10.000 efectivos de once países.
Simultáneamente, la compañía ha sellado en 2025 una alianza con General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas para integrar sus sistemas merodeadores inteligentes Q-SLAM en vehículos de combate. Estos drones kamikaze, de los que Arquimea puede fabricar más de 1.000 unidades al mes, incorporan tecnología avanzada de inteligencia artificial para mejorar la conciencia situacional, la transmisión de datos en tiempo real y la capacidad de vuelo en enjambre. La colaboración con Airbus para incorporar estos mismos sistemas en helicópteros NH90 completa un panorama en el que la compañía se posiciona como proveedor estratégico de las principales plataformas de combate europeas. El resultado es un híbrido industrial donde el diseño israelí, el mercado estadounidense y el suelo canario se fusionan para alimentar una maquinaria de guerra cuya capacidad de vigilancia se extiende sobre el Sahel y el Atlántico Medio, convirtiendo nuestra posición geográfica en una suerte de «portaaviones» de servicios tecnológicos para el AFRICOM (mando militar de los EEUU para África) y las estructuras de mando de la OTAN.
Las instituciones canarias actúan en este proceso como facilitadores necesarios, operando bajo una lógica de subordinación que prioriza la renta tecnológica sobre la ética pública. La implicación del Cabildo de Tenerife es particularmente significativa: no solo acoge las instalaciones de Arquimea Research Center en el Parque Científico y Tecnológico INtech Tenerife, sino que a través del ITER proporciona la infraestructura física para el telepuerto de CanarySat, al tiempo que Canalink —operador de fibra óptica propiedad del Cabildo— constituye la red de transporte de datos que dará soporte a las comunicaciones de la constelación.
A esta complicidad institucional se suma el marco fiscal privilegiado. El proyecto BeetleSat se acoge a la Zona Especial Canaria (ZEC), el régimen de baja tributación que permite reducir la carga fiscal de las empresas inscritas. Tributar al 4% en el Impuesto de Sociedades mientras se producen sistemas de munición merodeadora, vehículos submarinos autónomos para la neutralización de minas y tecnología satelital de doble uso es la expresión máxima de una política económica despojada de consideraciones morales. La inversión total estimada para el conjunto del proyecto ronda los 300 millones de euros, convirtiéndolo en una de las operaciones de mayor envergadura acogidas a la ZEC en los últimos años.
El argumento oficial de que estos incentivos fiscales «favorecen el desarrollo económico» de las islas choca frontalmente con la realidad del modelo que se está implantando. No se trata de diversificación productiva al servicio del interés general, sino de utilizar la excepcionalidad fiscal canaria para abaratar los costes de producción de un complejo militar-industrial transnacional que necesita nodos seguros y opacos fuera de sus fronteras principales.
El archipiélago se ofrece, así como un paraíso fiscal para la industria de guerra, una fijación espacial del capital que sacrifica la recaudación común en beneficio de la acumulación privada vinculada, repito, a la guerra. No estamos, por tanto, ante un desarrollo industrial soberano, sino ante la inserción de Canarias en una cadena global de valor militar donde el control real lo ejercen potencias extranjeras a través de sus brazos corporativos. La colaboración empresarial local no es más que la gestión de las migajas de un negocio que hipoteca el futuro de las islas, convirtiéndolas en un objetivo estratégico de represalia en cualquier conflicto bélico de gran escala.
La participación activa de los sistemas merodeadores de Arquimea en maniobras de la OTAN, la integración de su tecnología en plataformas de combate de General Dynamics y Airbus, y la construcción de infraestructuras satelitales de doble uso con capital y tecnología israelí dibujan un escenario en el que Canarias se ha convertido en un nodo avanzado del complejo industrial-militar transatlántico. Y es precisamente este entramado —que une a Israel, Estados Unidos y la OTAN en una cadena de producción y vigilancia con epicentro en nuestras islas— el que exige una respuesta política y social a la altura de las circunstancias.
No podemos ignorar que la misma entidad sionista cuyas empresas alimentan este entramado tecnológico comete ante la comunidad internacional crímenes de lesa humanidad: el genocidio contra el pueblo palestino, la guerra de agresión junto a Estados Unidos contra Irán y la invasión genocida en Líbano son hechos documentados que tienen que hacer desistir, tanto desde el punto de vista político-humanitario como para hacer respetar el Derecho Internacional, a todo aquel que, desde Canarias, facilite su industria armamentística.
Frente a esta deriva, el clamor popular en el archipiélago no ha dejado de alzarse. La demanda de un Estatuto de Neutralidad para Canarias no es una ocurrencia reciente: hunde sus raíces en el «No de Canarias a la OTAN» del 12 de marzo de 1986. Hoy, aquel grito cobra renovada vigencia. Imponer una neutralidad activa —que impida la instalación de infraestructuras militares de potencias extranjeras, que rechace la utilización del suelo canario como base logística para guerras de agresión y que blinde nuestro territorio frente a la lógica del complejo industrial-militar— es no solo un derecho, sino un deber de supervivencia.
Que estos proyectos tenebrosos no se consumen depende de que la ciudadanía despierte, de que las instituciones recuerden a quién sirven y de que el movimiento popular por la paz y reivindicativo de la neutralidad activa redoble su fuerza. Canarias no tiene por qué ser nodo de guerras ajenas ni laboratorio de tecnologías mortíferas. El silencio institucional sobre estas vinculaciones es el velo que cubre una realidad incómoda: Canarias ha sido subastada como plataforma y atalaya de un orden mundial que prima la dominación tecnológica sobre la vida, bajo la firma de quienes, por omisión o beneficio directo, han permitido que el oprobio se instale en nuestro suelo. Pero la historia no está escrita de una vez para siempre. Aún estamos a tiempo de decir basta.
