El ERE fraudulento de Telefónica-Movistar

Poco han durado las negociaciones en torno a este nuevo ERE de Telefónica. Los dirigentes de los sindicatos autodenominados mayoritarios no han tardado en firmar a principios de este mes de enero un acuerdo con la dirección de Telefónica autorizando el despido de un total de 3.421 trabajadores en unas condiciones que permitirán a la multinacional un ahorro de varios cientos de millones de euros anuales.

El pasado 27 de noviembre la multinacional Telefónica-Movistar anunció la destrucción de en torno a 4.000 puestos de trabajo mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), alegando razones de rentabilidad y de optimización empresarial (nuevas tecnologías y mercados), pese a que en los últimos años ha venido logrando pingües beneficios. ^[1]Telefónica ha registrado un beneficio neto de 760 millones de euros en el primer semestre del año. Los ingresos en el periodo han crecido hasta los 20.178 millones de euros, un 3,7% más que en la … Seguir leyendo

Estos miles de puestos de trabajo que pretende suprimir con el nuevo ERE se añadirán así a los más de 50.000 ya destruidos por los anteriores, de modo que una plantilla que llegó a tener 77.000 personas empleadas, tras este ERE “negociado”, llegará tan solo a incluir en torno a unas 12.000, sustituyendo las “bajas” impuestas mediante las habituales cadenas de subcontratación con unos salarios y condiciones cada vez más precarias. .

Como ya ha venido ocurriendo con esta multinacional de importancia estratégica (Telecomunicaciones), este desmantelamiento mediante un nuevo ERE contrario a derecho, de una plantilla con mínimas condiciones de calidad laboral, logradas a través de la lucha sindical, apenas ha recibido respuesta de las autoridades políticas y laborales.

El gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por el momento se han limitado a aprobar, como hicieron en el Consejo de Ministros de la semana pasada,  la compra de una parte de las acciones de la empresa, por valor de 2.000 millones de euros que aportará la hacienda pública (nuestros impuestos). ¿Es así como la ministra de trabajo piensa cumplir lo que prometió nada más tomar posesión de su cartera hace unas semanas, diciendo que ésta iba a ser la “legislatura del empleo y además del empleo de calidad”?

Antecedentes

La multinacional Telefónica-Movistar fue una empresa pública (heredera del antiguo monopolio estatal de las telecomunicaciones) hasta que se privatizó totalmente en los años 90 del siglo pasado. De la mano de la privatización empezó también el proceso de externalización y subcontratación masiva. A lo largo de estas tres largas décadas se suprimieron miles y miles de puestos de trabajo de la plantilla de Telefónica-Movistar en los sucesivos Expedientes de Regulación de Empleo acordados entre la dirección de la empresa y las direcciones de los sindicatos mayoritarios.

Se pretende justificar el nuevo ERE por parte de Telefónica en que la finalización del cobre y la aplicación de la inteligencia artificial obligarían a reducir el empleo. Lo que parece más una excusa ya que estos puestos de trabajo siguen siendo necesarios para la prestación de servicios y, en realidad, lo que se persigue es seguir abaratando los costes laborales, sustituyendo el empleo de calidad por empleos precarios dentro de las múltiples contratas y subcontratas que realizan las tareas que antes se hacían con personal propio de Telefónica.

Como señalan sin tapujos algunos sindicalistas: “Nos quieren engañar, las Telecomunicaciones necesitan hoy mucho más empleo que hace 30 años cuando solo teníamos teléfono fijo y fax. La justificación es tan falsa, como que ningún empleado ni empleada de telefónica hace décadas que dedica un minuto de su jornada a las instalaciones de cobre ya desmanteladas y lo poco que queda de dicha red es mantenida por las subcontratas”.

Resulta difícil a estas alturas, en efecto, contradecir la conclusión de que estas políticas de destrucción de empleo y precariedad, llevadas a cabo durante décadas por parte de la multinacional, han necesitado de dos frentes colaboradores: dirección reformista sindical y la “socialdemocracia” gubernamental.

Alternativas

Incluso dentro de UGT y CCOO han surgido voces más o menos críticas con el papel asumido por sus dirigencias, supeditadas únicamente a la negociación -o mejor “concertación”- que han permitido este proceso de precarización en el sector, llegando a múltiples acuerdos para hacer despidos colectivos que han supuesto la destrucción de la gran mayoría de su plantilla, abandonando desde hace más de 30 años la vía de la movilización y la lucha en Telefónica en defensa de los derechos del personal asalariado.

Y también son obligados responsables los diferentes Gobiernos (PSOE y PP) por privatizar totalmente la empresa en los años noventa; por no paralizar ninguno de los despidos colectivos llevados a cabo con una falsa justificación económica, al ser Telefónica una empresa con multimillonarios beneficios año tras año; y por no haber limitado legislativamente la subcontratación, lo que ha permitido que empleo de calidad se convierta en empleo precario y peor pagado, tanto en Telefónica como en muchas otras empresas.

De hecho, en la última Reforma Laboral había el compromiso, que no se cumplió por parte del Gobierno con la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz a la cabeza, de obligar a las empresas subcontratistas a tener las mismas condiciones laborales y económicas que la empresa principal para la que prestan sus servicios, para de esta forma acabar con la subcontratación como herramienta económica de aumento de beneficios que burla las capacidades de preservar la seguridad, la salud y los derechos de los trabajadores.

Poco han durado las negociaciones en torno a este nuevo ERE de Telefónica. Los dirigentes de los sindicatos autodenominados mayoritarios no han tardado en firmar a principios de este mes de enero un acuerdo con la dirección de Telefónica autorizando el despido de un total de 3.421 trabajadores en unas condiciones que permitirán a la multinacional un ahorro de varios cientos de millones de euros anuales. El consentimiento prestado por estos directivos sindicales (CCOO, UGT y Sumados-Fetico) se ha llevado a cabo sin convocar movilizaciones en la plantilla de la empresa que impidieran el despido colectivo. Tampoco el nuevo gobierno y la ministra de trabajo Yolanda Díaz han mostrado rechazo al ERE de Telefónica, permaneciendo en silencio, cuando las consecuencias de este multitudinario despido mermaran la caja de la Seguridad Social con menos cotizantes y provocará mayores obligaciones pecuniarias para atender a los afectados por el expediente de regulación de empleo. Asimismo, el gobierno no aborda la reforma urgente del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, limitando al máximo la subcontratación, y obligando a las empresas subcontratistas a que su personal tenga las mismas condiciones laborales y económicas que la empresa principal para la que prestan sus servicios.

Una vez más, los actuales dirigentes sindicales de CCOO y UGT rechazan el sindicalismo de clase y combativo y apuestan por un “sindicalismo” reformista o de concertación social claramente contrario a los intereses de la clase asalariada, autorizando en este caso el ERE fraudulento de la multinacional.