El «escudo social» del gobierno de coalición beneficia a los menos pobres

Según el informe de la Agencia Pública de Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), los presupuestos del gobierno para 2023 incluyen, más allá de la orientación belicista preponderante, unos capítulos de gasto «en materia social» que están favoreciendo más a las rentas menos bajas.

El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal,  (AIReF) publicado hace unos días,  señala que la mayoría de medidas desplegadas contra la inflación se concentran en las rentas altas, que absorben «una parte importante» del coste total. Concretamente, el 20% más rico de la población se lleva el 21,3% del gasto, mientras que el 20% más pobre recibe solo el 19,2% cuando son quienes más lo necesitan. Lo que resulta todavía más preocupante es que la inflación viene afectando más a los pobres que a los ricos porque en los gastos de los primeros tienen mayor peso la alimentación y la energía, justo los dos productos que más han subido de precio.

En nuestro país, al inicio de la pandemia, cuatro millones y medio de personas ya vivían en situación de pobreza severa, un millón más que en 2008. En la actualidad, más de doce millones de personas sobreviven con enormes dificultades para llegar a final de mes, según el  informe «El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2015 – 2022«, presentado en sede parlamentaria por La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

La periodista de epe.es Analía Plaza explica muy bien la situación. Entre los ejemplos evidentes de medidas que absorben más las rentas altas son la rebaja del IVA del gas, el descuento a la gasolina y las bonificaciones al transporte metropolitano. Por distintos motivos -porque consumen más gas, porque usan más el coche y compran más gasolina y porque las redes de transporte metropolitano se encuentran en ciudades con mayor nivel económico-, estas medidas benefician en mayor medida a los de rentas más altas.
Por su parte, Carlos Susías, presidente de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN) introduce otra consideración importante sobre el carácter de estas «medidas de escudo social». Señala que «si mañana decidimos dar un dinero a todos los ciudadanos será muy sencillo, rápido y eficaz: simplemente les llegará. El problema surge cuando las ayudas están vinculadas a determinadas condiciones. Esta condicionalidad afecta casi siempre a las personas vulnerables y en situación de pobreza. Hay un problema endémico. Da la sensación de que, cuando las ayudas se dan a quienes más las necesitan, la Administración quiere asegurarse mucho más. Parece que parten de la idea de que no son solo pobres, sino también delincuentes. Eso es muy grave. A veces se piden trámites administrativos similares para recibir una ayuda de 200 euros que una de dos millones». 

Desde un punto de vista más político, la orientación que se viene dando a las políticas públicas  de escudo social del gobierno de coalición se pliega totalmente a las directrices de la Cumbre Social de Oporto del 7 de mayo de 2021 en la que participó el propio Pedro Sánchez, organizada por la Comisión Europea, sobre «optimizar» (léase recortar) el gasto social. Por un lado, plantear medidas generalistas que no cuestionen la actual estructura social cronificada de la desigualdad (ayudas para quienes más facilidad tienen para gestionarlas), y por el otro, sustituir las medidas de garantía universal de servicios y prestaciones públicas para toda la población por la especificación de medidas particulares para colectivos muy delimitados que, por estas mismas limitaciones, tienen muchas dificultades (burocráticas y de brecha tecnológica) de acceso.

Veamos varios ejemplos, concretísimos, de ambos enfoques recortadores: 

Actualmente, para repostar combustible en el vehículo particular se recibe de forma automática un descuento de veinte céntimos por litro. No hay que hacer nada: ya se encarga la gasolinera de ajustar cuentas con Hacienda y recibir una compensación. Pero para repostar hay que tener coche, claro.

En cambio, para pedir el bono social eléctrico -una ayuda que da el Gobierno a familias con rentas bajas para pagar la electricidad- los potenciales beneficiarios deberán saber que existe esta ayuda, pasarse a la tarifa eléctrica regulada (la PVPC, que implica llamar a alguna de las compañías energéticas que la ofrecen), calcular si la renta de su unidad de convivencia es igual o inferior a 1,5 veces el IPREM en catorce pagas (e incrementar esta cantidad en un 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad y un 0,5 por cada menor), decírselo a la eléctrica y esperar a que esta coteje sus datos con la Administración.

De esta forma, si todo sale bien, se pasará a integrar el contingente de 1,2 millones de hogares acogidos. El Gobierno amplió los criterios en marzo y Pedro Sánchez dijo que esperaba llegar a 600.000 nuevas familias más, pero en estos meses la suma producida ha sido de tan solo 6.490 nuevos hogares. ¿Por qué no están esos 600.000 nuevos? Rubén Sánchez, secretario general de FACUA considera que, junto con la burocracia y la complejidad de tramitación para el usuario, falta sobre todo información institucional explicando a los consumidores esta posible ayuda: « ¿Por qué no se ha actuado igual que con las gasolineras? Bastaría con autorizar a tu suministradora eléctrica a comprobar si cumples los requisitos y, si es que sí, te lo dan. Con las gasolineras se ha establecido un protocolo y aquí se podría hacer lo mismo». 

La Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN) ha realizado un seguimiento detallado de los entresijos del llamado Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, como los bonos sociales eléctrico y térmico y el bono de 200 euros, sí está focalizado en las rentas bajas. Pues bien, esta ayuda desplegada durante la pandemia para «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social» solo ha llegado al 40% de los hogares que tienen derecho a ella, según otro reciente cálculo de la autoridad fiscal. Un elevado porcentaje de potenciales beneficiarios no lo pide porque no sabe que existe o porque cree que no tienen derecho a él o, peor todavía, porque para solicitarlo hay que hacerlo online, como si la «brecha digital» no existiera ni fuera otra de las fuentes de exclusión que viven las familias trabajadoras y con bajos recursos.

¿Por qué sucede todo esto? Responsables de asociaciones consumeristas  y de lucha contra la pobreza dudan que realmente exista un interés político real en que estas medidas sean efectivas. ¿Es posible combatir de forma eficiente la pobreza en España con políticas neoliberales, belicistas, con presupuestos de guerra y bajo el tutelaje de EEUU y la dependencia a la Europa del capital?