España: La pobreza y la exclusión social crecen junto con la transferencia de rentas hacia los más ricos, bajo la connivencia de un gobierno PSOE-UP de orientación social-liberal
La codicia corporativa, la precariedad laboral expresa o encubierta, la inflación y los bajos salarios, así como las timoratas políticas públicas y los recortes de servicios bajo unas u otras excusas colocan a España en la senda del empobrecimiento y la desigualdad estructurales, conforme siguen creciendo también las transferencias de rentas hacia los más ricos.
La semana pasada en el Congreso de los Diputados la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) expuso su informe anual sobre estas cuestiones, mostrando un diagnóstico más que preocupante: un tercio de la población se encuentra ya entre la pobreza y la pobreza severa. Una situación con preponderante rostro de mujer y que afecta a buena parte de la población trabajadora. De hecho, dentro del ranking europeo, nuestro país ocupa el cuarto lugar, siendo superada tan solo por Grecia, Bulgaria y Rumanía.
Es verdad que ha habido una pandemia, y que según se dice la guerra en Ucrania sube los precios de la energía, pero ante estos datos no podemos dejar de preguntarnos por la incidencia real de las medidas de «escudo social» puestas en marcha por el gobierno de coalición con amplia fanfarria. Ni la subida del salario mínimo a 1.000 euros mensuales en 14 pagas; ni la re-reforma laboral que, supuestamente, deberían haber mejorado la gran precarización de la población trabajadora; ni la multitud de ayudas específicas para ciertos estratos de la población más vulnerables (abandonando de paso, sin decirlo, de lo que otrora se definió como políticas de “bienestar social”, basadas en la prestación de servicios y recursos públicos como derechos y garantías universales, para toda la población), parecen servir para revertir estas situaciones, al contrario.
Como también apunta este 12º informe Arope de EAPN-ES, durante los dos últimos años en España se han creado cerca de 900.000 nuevos pobres. En 2020, primer año del Ejecutivo de coalición «progresista», aumentaron en 469.380 las personas con respecto a 2019, mientras que en 2021 el incremento fue de otros 383.741 ciudadanos y ciudadanas. Y todo indica que esta cifra récord actual de 13,1 millones de personas en la pobreza, un 27,8% de la población, seguirá aumentando debido al brutal incremento de los precios (y los recortes encubiertos de servicios y prestaciones públicas), pudiendo fácilmente llegar a los 14 millones en riesgo de pobreza, un 30% del total.
Además de que entre los actuales 13 millones en riesgo de pobreza hay en torno a 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras «en activo», cobrando un salario inferior al 60% de los ingresos medianos, según criterios de la oficina de estadística europea Eurostat, lo que les clasifica automáticamente como pobres. Mientras que se extiende hasta casi la mitad de la población el porcentaje (44,9%) de quienes declaran serias dificultades para llegar a final de mes, según señala la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística.
En definitiva, ni el presunto ‘escudo social’ del PSOE-Podemos ni la cesta regulada de Yolanda Díaz-Garzón resultan eficaces frente a un mercado depredador que el Gobierno huye de intervenir en consonancia con su verdadera política de cariz social-liberal.
Razón por la que también, frente al salario mínimo que se ha prometido subir ligeramente, sin visos de recuperar el poder adquisitivo perdido con las últimas reformas laborales del PP y del PSOE, todavía vigentes, en cambio los beneficios empresariales subieron un 82% en el primer semestre de 2022, duplicando casi sus beneficios.
