La factura de la luz y el Decreto del Gobierno

El gobierno de coalición anuncia una disminución inmediata de la factura de la luz en un 30% pero omite indicar que las eléctricas recuperarán dentro de seis meses el importe de la retención temporal de beneficios acordada y que el tope máximo de la factura de la luz pasa de 180 euros el megavatio/hora a 3.000 euros.

El 15 de septiembre pasado el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para reducir el impacto de la escalada de precios del gas y la electricidad. Este plan de choque se ha dado a conocer por  el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, según dice, rebajará la factura mensual de la electricidad en un 22% hasta final de año, y que podría alcanzar hasta el 30% si tenemos en cuenta, además,  la disminución del IVA del 21% al 10% aprobada en el pasado mes de junio.

El mecanismo consiste, entre otras medidas, en  limitar la subida de la tarifa regulada del gas natural al 4.6% en lugar del 29% previsto con la anterior formula, ahora modificada, y que repercutirá en el precio final de la electricidad. En todo caso, se trata de una disposición temporal que afectará solo a los próximos seis meses.

Ahora bien, el Heraldo de Aragón en su edición del pasado 14 de septiembre, señala que: «las cantidades adeudadas a la comercializadoras, que tendrán que financiar la diferencia entre lo que ingresan por la tarifa y lo que tienen que pagar en el mercado para comprar el gas, se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano, cuyo precio no puede subir nunca más de un 5%».

Esta minoración temporal no supone, por tanto, una reducción definitiva de los beneficios impuesta al oligopolio -artículos 7 a 9 del Real Decreto-, ya que aquella se repercutirá en las siguientes revisiones hasta ser compensada en su totalidad. En realidad, nos encontramos ante una retención temporal de los beneficios que las eléctricas recuperarán sí o sí en un futuro muy próximo. De esta forma, las comercializadoras financiarían transitoriamente la medida, pero nunca perderían el dinero. Tampoco lo pondría el Gobierno: lo pagarían, más adelante, los ciudadanos.

Por otra parte, debemos recordar que el tope máximo de los 180 euros en el precio del megavatio/hora, como señala El País el pasado 16 de septiembre, ha sido suprimido con efectos de 6 de julio último, por virtud de nuestra queridísima Unión Europea, que lo ha establecido desde esa fecha en un máximo de ¡3.000! euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)aprobó el pasado 6 de mayo una resolución con las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía eléctrica en nuestro país, y cuyo objetivo era adaptar su contenido al artículo 10 del reglamento 2019/943 de la Unión Europea eigualar sus condiciones a las del resto de mercados mayoristas europeos.

De hecho, el pasado jueves 16 de septiembre, el precio del megavatio/hora en España alcanzó el importe de 188 euros, superior al tope anterior de los 180 euros. Con la supresión de este, del que pocos hablan, por cierto, ¿será posible que las medidas del Real Decreto Ley del gobierno de coalición logren de verdad una rebaja significativa en el precio de la electricidad? Porque si la presión actual  alcista continúa, y nada hace pensar en lo contrario, la reducción prevista por el Real Decreto Ley tendrá cada vez menos importancia en la maltrecha economía de millones de consumidores y de no pocas pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno, conforme vaya incrementándose el precio del megavatio/hora, ahora limitado en la disparatada suma de 3.000 euros.

Mientras, el gobierno de coalición, y en particular, Unidas Podemos, dan cuenta de una disminución inmediata de la factura de la luz en un 30%, pero omiten cuidadosamente mencionar las anteriores circunstancias.

A raíz de este asunto, que mantiene en vilo y con indignación a amplios sectores de la población, surgen opiniones acerca de la posibilidad legal de intervención pública de las eléctricas, incluso de la nacionalización de todo el sector de la energía, apoyándose en el texto del artículo 128 de la Constitución. Este precepto indica que: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.»

Sin duda alguna es una disposición interesantísima y destacados juristas apuntan la existencia de cobertura legal suficiente para mediante un acto administrativo con una declaración de utilidad pública o a través de un decreto-ley, proceder a la expropiación de las empresas eléctricas que operan en el sector de acuerdo con el artículo 33.3 de la Constitución.

El problema es que hay que indemnizarlas conforme al mandato constitucional y el valor de las mismas –elevadísimo- podría trastocar por completo los presupuestos del Estado. Otros expertos en derecho estiman, por el contrario, que la nacionalización e incluso la intervención de las eléctricas, no son posibles por la existencia de una maraña de directivas de la Unión Europea que promueven la liberalización del sector y obstaculizan cualquier tentativa de nacionalización o intervención pública. La legislación europea, señalan, ha vaciado de contenido las previsiones constitucionales antes reseñadas, imponiendo en el mejor de los casos el respeto del derecho a la  competencia  en el supuesto de creación, por ejemplo, de una empresa pública de electricidad.

Y es que el derecho europeo no es un compendio legislativo que satisfaga los intereses de la mayoría social en nuestro entorno geográfico. Como todo producto legislativo responde, por el contrario, a los intereses de la clase social dominante en el contexto de una correlación de fuerzas expresiva del estado real de la lucha de clases. Recordemos, por ejemplo, que la UE trasladó un chantaje al gobierno Zapatero en 2011 para que optase entre un rescate o una modificación de la Constitución que introdujera el concepto de estabilidad presupuestaria y la prioridad en el pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto del Estado, lo que finalmente se tradujo en una reforma constitucional, sin consultar a la ciudadanía, el 23 de agosto de aquel año. ¿Qué intereses de clase fueron satisfechos con tal constreñimiento?

Si tenemos en cuenta que la Unión Europea es hoy un mercado blindado al servicio del imperialismo y del gran capital, que promueve y desarrolla políticas neoliberales y que se encuentra protegido en el plano militar por la OTAN, ¿cuáles son realmente las posibilidades de un proceso de nacionalización dentro de la UE y de la OTAN?

Crece en nuestro país la cólera por las continuas alzas en el precio de la luz. Se convocan manifestaciones reclamando medidas contundentes contra el oligopolio eléctrico. Sin duda que estas movilizaciones contribuirán a elevar la conciencia de clase, pero en la medida en que se enmarquen en una batalla política de alcance estratégico que nos pueda devolver la soberanía política y económica indispensable para abordar con éxito las transformaciones sociales que requieren hoy los trabajadores y las capas populares.