¿Hacia la privatización de la Seguridad Social?
Los Planes de Pensiones de Empleo constituyen un gigantesco trasvase de miles de millones de euros de la caja común de la Seguridad Social a los mercados financieros mediante Fondos de Pensiones de capitalización con entidades privadas.
El 4 de marzo pasado el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 29 de noviembre de 2002. Un Proyecto de Ley que ha contado en el seno del Consejo de Ministros con la total anuencia de Unidas Podemos, excepto la discrepancia con el socio mayoritario sobre el volumen de los incentivos fiscales que se otorgan a estos Planes de Pensiones.
La finalidad de esta nueva normativa -que no ha pasado aún al Boletín Oficial del Estado- es impulsar la previsión social complementaria, de carácter privado, al margen y en detrimento del sistema público de la Seguridad Social. Responde a la recomendación nº 16 del Pacto de Toledo, suscrito por el Gobierno de coalición, por los dirigentes de COOO Y UGT y por la gran patronal, de «impulsar, de forma preferente, los sistema sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el segundo pilar del modelo de pensiones» dotándolo «de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado». Una reforma legislativa que también se recoge en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que indica como directriz de la actividad gubernamental la de revisar el «sistema de previsión social complementaria, fomentando el desarrollo de planes de pensiones de empleo (segundo pilar) a través de la negociación colectiva» y el impulso «de los sistemas complementarios de pensiones en el ámbito empresarial y profesional.»
El objetivo que establece el Componente 30 es «la extensión de estos planes complementarios vinculados al empleo, de manera que la población cubierta aumente desde los dos millones de trabajadores actuales a trece millones en 2030 y hasta alcanzar el 80% de la población activa ocupada cubierta en el largo plazo; y que los activos bajo gestión, en términos de PIB, pasen de menos del 3% al 9% al final de esta década, un 18% en 2040 y un 31% en 2050, convirtiéndose en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital.»
Estos Planes de Pensiones de Empleo constituyen un gigantesco trasvase de miles de millones de euros de la caja común de la Seguridad Social a los mercados financieros mediante Fondos de Pensiones de capitalización con entidades privadas. Se facilita de esta forma a las grandes corporaciones, financieras y de otra índole, incluidos los fondos buitres, para acceder a los ahorros de la clase trabajadora. Sin duda, un paso importante hacia la privatización de la Seguridad Social.
La normativa rompe los principios de solidaridad y reparto en los cuales se basa nuestro Sistema Público de Pensiones, a través de estímulos ligados con el individualismo y los beneficios fiscales para aquellos asalariados con mayor capacidad adquisitiva, fomentando de esta manera la desigualdad social y el mayor empobrecimiento de la mayoría del personal laboral que presta servicios en sectores, cada vez más amplios, muy precarizados, como los de hostelería, construcción, agrarios, etc. Un sistema en manos del gran capital que gestionará las aportaciones de los trabajadores y de sus empresas, en donde los participes de estos planes de pensiones privados percibirán prestaciones en función exclusiva a sus concretas cotizaciones.
La supresión de los contratos de trabajo por obra o servicio determinado en favor de la contratación indefinida no ha contribuido a limitar la creciente precariedad en el mundo del trabajo. Los escasísimos importes de las indemnizaciones por despido improcedente, la opción a favor de la patronal entre readmisión o pago de la indemnización en los despidos contrarios a derecho, las mayores facilidades en la tramitación de los ERES con la supresión de la autorización administrativa y las muy menguadas indemnizaciones en los despidos colectivos, así como el cada vez más generalizado uso de la contratación a tiempo parcial, muchas veces fraudulenta, dejan sin ningún contenido real la nueva contratación indefinida de la reforma laboral de la ministra Yolanda Díaz.
Expresión de este proceso de privatización de la Seguridad Social que promueve el gobierno de coalición, lo constituye el reciente preacuerdo entre los dirigentes de CCOO y de UGT y la patronal de la construcción, Confederación Nacional de la Construcción, respecto al VII Convenio Colectivo estatal del sector que acoge a 1.300.000 trabajadores y 136.000 empresas. Este pacto incluye la puesta en marcha de un Plan de Pensiones de Empleo (PPE) por medio de la negociación colectiva.
El acuerdo indica que en 2022 los salarios se incrementarán en un 4%; en 2023, un 3%, y en 2024, otro 3%. Ahora bien, según el Circulo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) en el presente año 2022, del 4% de incremento salarial pactado, se destinará el 3% a la subida salarial y el 1% restante lo aportarán los trabajadores, de forma obligada, al Plan de Pensiones pactado. Otros analistas indican que del 10% de subida salarial pactada hasta 2024, el 3,75% se destinará al plan de empleo.
Este nuevo Fondo de Pensiones contará de entrada con un millón de asalariados del sector y podría alcanzar los tres millones y medio en los próximos diez años. Se calcula que gestionará 2.500 millones en diez años. El periódico ABC estima que los Planes de Pensiones restarán hasta 5.000 millones de euros de ingresos de cuotas a la Seguridad Social. Si faltan recursos para pensiones, ¿por qué destinar dinero a los fondos privados de empresa? ¿no sería más conveniente que los dedicáramos a la Seguridad Social?
Como consecuencia de este acuerdo, una ingente cantidad proveniente del incremento salarial del conjunto de los asalariados no irá a la Seguridad Social, sino a un Fondo de Pensiones que podrá ser gestionado por entidades privadas y cuyos activos serán invertidos, según el artículo 60.3 del Proyecto de Ley, «tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social y medioambiental de las inversiones».
Por otra parte, y para completar este despropósito, las contribuciones de la patronal al Fondo de Pensiones se excluirán de la base de cotización a la Seguridad Social por un importe de hasta 1.380 euros al año por trabajador.
De modo que tanto los nuevos Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública abiertos (FPEPP), como los nuevos Planes de Pensiones de Empleo Simplificados (PPES), se constituirán con las aportaciones de los trabajadores sobre sus retribuciones salariales y con los importes de las empresas que no cotizarán en buena medida a la Seguridad Social. Los Fondos podrán ser gestionados por entidades privadas movidas por ánimo de lucro y los activos acumulados serán objeto de todo tipo de actividades mercantiles, en el marco de una perversa lógica capitalista, que no excluye el final ruinoso para algunos de estos Fondos de Pensiones y el consiguiente impago de las contraprestaciones a los trabajadores afectados.
No debe sorprendernos que el preacuerdo que han suscrito los dirigentes de CCOO y de UGT con la patronal del sector de la construcción dirigido hacia la privatización de la Seguridad Social, nos hable de la larga tradición negociadora de los “agentes sociales” del sector (ocultando la existencia de clases sociales), que ha proporcionado “paz social” (negando la lucha de clases), del ejercicio de corresponsabilidad (sometimiento al capital), de “nuestra cultura del respeto mutuo, diálogo, negociación y consenso” (pacto social) para el mejoramiento de la industria de la construcción (de los beneficios de la patronal). Tampoco es de extrañar que el Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recomiende la creación de planes de pensiones de empleo ante la subida de la inflación, en estrecha sintonía con el Informe Anual de 2021 del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos .
Un cúmulo de afirmaciones que explican un comportamiento por los máximos responsables de CCOO y de UGT claramente contrarios a los principios del sindicalismo de clase, hoy más necesarios que nunca ante la gravedad de la actual crisis económica.