¡Nacionalizaciones o muertes!
La lucha de la clase trabajadora y capas populares para evitar muchas muertes evitables puede generar la correlación de fuerzas favorable en la que el oportunismo electoralista es incapaz de creer.
Aunque el título nos recuerde a las llamadas de Fidel a la defensa de la Patria y del Socialismo aún a costa de muchas vidas, aquí y ahora se trata más bien de salvar muchas vidas a costa del beneficio económico lucrativo de una minoría. Y es que el debate sobre las nacionalizaciones es inevitable cuando se manifiestan contradicciones brutales entre las necesidades de la mayoría social y la propiedad privada de medios de producción que solo sirve para su mayor enriquecimiento en vez de proporcionar los correspondientes bienes con los que satisfacer dichas necesidades. Es lo que ha ocurrido ahora con las empresas eléctricas y la escandalosa subida del precio de la luz en plena ola de frío, amén de los cortes de suministro eléctrico, así como lo que ocurre en otros muchos casos de los que son sangrantes ejemplos, en plena pandemia, tanto el sistema sanitario como las compañías farmacéuticas.
Lo esencial respecto de las nacionalizaciones, como todo en la sociedad capitalista, es que deben abordarse con un enfoque clasista, es decir, en función de a que clase social benefician. En eso ha de basarse la posición de principios para su definición estratégica siendo secundario el desarrollo táctico consiguiente en el que entrará, entre otras consideraciones, la tan traída por estos días correlación de fuerzas.
Han sido muchos los casos en que la nacionalización (y la expropiación forzosa) recogidas en la Constitución del 78 y las leyes que la desarrollan, se han aplicado para fortalecer los intereses de la oligarquía y por lo tanto, para ir en contra de los intereses de la clase trabajadora ( Rumasa, Bankia….) “rescatándose” a través del Estado mediante cuantiosas ayudas públicas para posteriormente volver a manos privadas. Sin embargo, no se da dicha aplicación constitucional para situaciones como las tres mencionadas en el primer párrafo, lo que además se ve revalidado por la concepción institucionalista de Unidas Podemos, al justificar su inacción, identificando débil correlación de fuerzas con insuficiente número de sus diputadas y diputados.
Lenin afirmaba que “la relación de las fuerzas entre las clases revolucionarias y contrarrevolucionarias […] sólo puede medirse y comprobarse en la lucha.” 1 Y la lucha por parte de Unidas Podemos no se ve por ninguna parte, además en lo que se refiere al PCE volvemos a recordar la posición de su XX Congreso al propugnar el rechazo de «la deriva reformista de los planteamientos eurocomunistas producto de una interpretación institucionalista y por tanto sesgada de la lucha por el Socialismo que poco se diferenciaba, a efectos prácticos de la socialdemocracia»2. Consecuencia todo ello del «abandono del análisis del carácter de clase de las estructuras institucionales del Estado y de ignorar la lucha de clases como enfoque fundamental de nuestra estrategia aceptando que el terreno de juego para disputar la hegemonía al Capitalismo se produciría en las contiendas electorales caracterizando mal al adversario y su control de todo el entorno que les garantiza una supremacía en ese terreno: Las empresas de comunicación, medios económicos y financieros y los aparatos del Estado.»2
Por tanto, vemos que actualmente se mantiene en la práctica una línea de continuidad con los planteamientos eurocomunistas y que en la ecuación de la mencionada correlación de fuerzas, lo que debe primar es la lucha de clases siendo imprescindible generar la correspondiente movilización de la clase trabajadora y capas populares en pos de la exigencia y conquista de las necesarias nacionalizaciones que evidentemente “no van a caer del cielo” tan solo con calificarlas como muy necesarias.
En cuanto al sistema sanitario ya hemos manifestado anteriormente3 la exigencia de derogación de la Ley 15/97 ley privatizadora impulsada por el PP y apoyada por el PSOE, CC, PNV y CiU. Dicha derogación no se contempla en el programa del Gobierno de coalición PSOE-UP, tan solo se habla en el de una «revisión» de la que no parece que vaya a haber “ni pelo ni humo” en la legislatura. Tampoco se contempla la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad de 1986 impulsada por el Gobierno de Felipe González, en la que se establece la política de concertación con las empresas del sector sanitario privado.
Con todo y ahora agudizado con la cuestión de las vacunas y la vacunación, el objetivo fundamental no debe ser otro que el de nacionalizar el sector privado de la sanidad, así como también la industria farmacéutica, tal y como también indica el Programa Político aprobado en el XX Congreso del PCE cuando apunta, en su página 19, a la necesidad de nacionalizar los sectores estratégicos de la economía.
Desde posiciones rupturistas y anticapitalistas debemos exigir el carácter público de la vacuna4 y que los gobiernos garanticen una distribución equitativa y democrática. En el Estado español la situación real de las vacunas es otra, siempre en la estela de las multinacionales y en cuanto al proceso de vacunación vemos que el sistema público no ha sido reforzado para ser capaz de cubrir las enormes exigencias de personal que conlleva. Otra cosa sería también si se hubiese intervenido a las empresas de la sanidad privada poniéndolas al servicio de las necesidades públicas lo que sin dudas hubiera facilitado la posibilidad de su nacionalización.
Por otro lado, el Gobierno PSOE-UP tiene el deber de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una industria farmacéutica pública que produzca y comercialice medicamentos a precios justos. En ese camino, la primera medida transformadora para defender a la población vulnerable debería ser la de nacionalizar compañías farmacéuticas.
Finalmente, cabe insistir en que hablamos de nacionalizaciones prioritarias para evitar muchas muertes evitables y con orientación necesariamente de clase que marca la diferencia, por ejemplo, entre la nacionalización aplicada por Lenin rompiendo la estructura de clases dentro (y fuera) del sector de la salud y la nacionalización del gobierno laborista inglés de los años cuarenta del siglo pasado que puso al frente del Servicio Nacional de Salud y de las industrias nacionalizadas a la clase que las poseía y dirigía cuando eran privadas y no a la clase obrera ya que con su radicalización podía amenazar la supervivencia del capitalismo5.
Arturo Borges Álamo, militante del PCE
- Lenin, Contra el boicot (26 jun. 1907) t. 13, p.14
- pag.53 del Documento político aprobado en el XX Congreso del PCE.
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Es paradójico que los poderes económicos vieran una oportunidad en los artículos de la Constitución que hablan de nacionalizaciones, de hecho la explicación está en su desarrollo:intervención de empresas o grupos de empresas, nacionalización, saneamiento con fondos públicos sin límite, vender a amiguetes por un precio de saldo, pérdidas inmensas para el Estado.
Todo esto y el eurocomunismo pactista de Santiago Carrillo dió alas a la socialdemocracia colaboradora del Sistema satisfaciendo al agente del fascismo Felipe González. De aquellos polvos vienen estos lodos.