Pensiones
Con la sustitución del factor de sostenibilidad por el índice de equidad intergeneracional podemos salir de guatemala para entrar en guatepeor.
En el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos de diciembre de 2019, antecedente del actual gobierno de coalición, constaban algunos compromisos relativos al régimen futuro de las pensiones. Empezaba por indicar que la política económica iría encaminada a potenciar el crecimiento sostenible y la creación de empleo, garantizando «unas pensiones justas», así como su blindaje, asegurando un «sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida». Además, se añadía la eliminación progresiva de los copagos, «empezando por los pensionistas», la necesidad de plantear un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, y la obligación de eliminar «el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo». Finalmente, «la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.»
El reciente pacto de finales de junio pasado, suscrito por el Gobierno y las direcciones de UGT, CCOO y patronal, es la primera parte de un acuerdo global sobre el régimen de las pensiones. Resta para un segundo pacto, pendiente de negociación, cuestiones muy importantes que pueden trastocar los compromisos que han sido ahora adquiridos, como el relativo al nuevo «índice de equidad intergeneracional» que los firmantes se comprometen a negociar el próximo otoño.
El acuerdo, producto de unas negociaciones semisecretas, vetadas a otras organizaciones sindicales y a todas las que agrupan a los pensionistas, contempla la supresión del llamado factor de sostenibilidad, una reivindicación constante de los pensionistas desde hace años, que contenía el pacto PSOE-Unidas Podemos de diciembre de 2019. Sin embargo, lo acordado en la actualidad se aparta de la literalidad de lo firmado por el PSOE y Unidas Podemos, que preveía la supresión del factor de sostenibilidad, sin sustituirlo por ningún otro semejante.
El factor de sostenibilidad fue introducido por el gobierno del PP en 2011 y preveía su entrada en vigor en 2019, postergado más tarde a 2023. El artículo 1 de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora de este factor, establecía que este era «un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes.» Se aplicaría por una sola vez para la determinación del importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social, y tendría en cuenta las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social y la edad de 67 años como dato de referencia.
El nuevo índice de equidad intergeneracional que sustituye al factor de sostenibilidad, se negociará en los próximos meses. El ministro José Luis Escrivá ha manifestado que este índice será un gesto de la generación de los nacidos entre la década de los 50 a los 70 del pasado siglo con los trabajadores jóvenes.
Sobre este particular, el acuerdo dice: «En sustitución del factor de sostenibilidad regulado… se establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027».

El Ministerio de Escrivá apunta a que la finalidad de este índice de equidad intergeneracional es la misma que tenía el factor de sostenibilidad ahora suprimido, es decir, atar las pensiones a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas y, por consiguiente, reducir sus importes en función de un incremento de este factor. El reciente ascenso a Vicepresidenta Primera de Nadia Calviño en el gobierno de coalición apunta en la dirección indicada.
Hay que tener en cuenta que unas negociaciones cuasi clandestinas entre las cúpulas reformistas de CCOO y UGT con una patronal crecida y un gobierno de coalición neoliberal, que dejan a un lado a las organizaciones de pensionistas que en los últimos años han sabido llevar una consecuente lucha en la defensa de las pensiones públicas, no constituyen un escenario proclive a una reforma del sistema de pensiones favorable a los intereses populares. La correlación de fuerzas, si las cosas no cambian, es muy favorable al capital que cuenta con un gobierno PSOE-UP que le es dócil y puede ocurrir que el nuevo índice de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad, sean aún peor que este y que se aplique, no por una sola vez al momento de concretar el importe inicial de la pensión, sino que se haga durante todo el devengo de la prestación y que afecte, además, a los que ya sean pensionistas. Si no hay una fuerte movilización popular que modifique la penosa correlación de fuerzas actual, podemos salir de guatemala para entrar en guatepeor. En todo caso, una vez más, el acuerdo de coalición se incumple.
El pacto, en esta primera fase, retoma la revalorización de las pensiones en función de los incrementos anuales del IPC del año anterior. Dejarán de utilizarse las previsiones de inflación para su revalorización y se eliminarán las pagas compensatorias hasta ahora habituales. Estos incrementos supondrán un gasto adicional del 2.5 del Producto Interior Bruto en el año 2050 que se compensarán con el retraso en la edad de jubilación y con el nuevo índice de equidad intergeneracional, según fuentes de la Seguridad Social.
En la actualidad, la edad efectiva media de jubilación ronda los 64 años y seis meses, según datos del Banco de España. Ahora, la edad legal de jubilación es de 65 años para los que han cotizado 37 años y tres meses o más y en 66 años para las que han cotizado menos tiempo. El acuerdo pretende reducir el número de jubilaciones anticipadas dos años antes de la edad legal de jubilación si se ha cotizado durante 35 años. Así, si un trabajador con menos de 38 años y medio cotizado se jubila 24 meses antes, reducirá su pensión un 21%, cuando la reducción ahora alcanza un 16%. Si lo hace 12 meses antes, la disminución de la prestación será del 5,5% en vez del 8% actual.
Por otra parte, esta penalización se llevará a cabo aplicándola directamente sobre la pensión y no sobre la base reguladora impidiendo su ineficacia en los casos de trabajadores con altas retribuciones que no veían trastocada de esta forma la cuantía de la pensión máxima.
Por otra parte, el acuerdo en esta primera fase incentiva la jubilación demorada mediante la eliminación de la cotización a la Seguridad Social por contingencias pcomunes, lo que supondrá un incremento salarial de un 4,07%. Además, por cada año de demora se ofrecen tres tipos de incentivos: a) incremento de la pensión del 4% por cada año de retraso; b) abono de este beneficio en un único pago que no podría superar los 12.000 euros y c) combinación de las anteriores opciones.
El retraso en la edad efectiva de jubilación y la mayor compatibilidad entre trabajo a tiempo parcial y jubilación creará un nuevo escenario muy dañino a los jóvenes que se encuentran en situación de paro. Hay que recordar que nuestro país sigue siendo líder en paro juvenil en la Unión Europea con un 39,9% de menores de 25 años sin empleo (588.000 jóvenes sin trabajo), más de ocho puntos por encima con respecto al año anterior (2019) y casi el doble de la tasa media europea. Más de la mitad de los jóvenes en Andalucía y Extremadura están en paro. En Canarias, a 31 mayo de 2021, la tasa de paro entre los menores de 25 años llegó al 61,4%, la más alta entre las 17 Comunidades Autónomas.
Por otra parte, dos de cada tres jóvenes con empleo tiene un contrato temporal, veinte puntos por encima de la media europea. Según el Banco de España, uno de cada tres jóvenes menores de 30 años no tiene ingresos. El 65,1% de los jóvenes españoles de entre 16 y 34 años sigue viviendo en el hogar familiar, un porcentaje 7 puntos superior al de hace diez años. Con estos datos, demorar la edad legal de jubilación, alargar la vida laboral compatibilizándola con la jubilación, poner trabas a una pensión de jubilación de cuantía suficiente y penalizar la jubilación anticipada, son medidas que perjudican directamente y mucho a los más jóvenes, obligados, cada vez más, en alargar el momento de su emancipación. ¿Es este un gesto de la generación de los baby boomers con los trabajadores jóvenes?
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