Plan Europeo para (la especulación de) Vivienda de diciembre de 2025

Federico Engels, “Contribución al problema de la vivienda”: «El desarrollo del capitalismo ha enseñado a la clase obrera misma que no hay nada menos práctico que estas cavilosas “soluciones prácticas” aplicables a todos los casos, y que, por el contrario, el socialismo práctico reside en el conocimiento exacto del modo capitalista de producción en sus diversos aspectos. Federico Engels, Contribución al problema de la vivienda.»

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Analizamos el plan lanzado por la Comisión Europea como respuesta a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a numerosas ciudades y regiones europeas, donde los precios de compra y alquiler han crecido muy por encima de los ingresos medios. Observaremos cómo se trata de un simple paliativo que no contempla las causas estructurales del problema y que en realidad es una consolidación del marco económico que permite la proliferación del rentismo y la especulación financiera del sector inmobiliario, en especial en estos momentos de estancamiento de la producción industrial europea.

El primer Plan de Vivienda Asequible de la Unión Europea se presentó este mes de diciembre como respuesta a “una de las necesidades más acuciantes de los ciudadanos europeos, el acceso a una vivienda asequible, sostenible y de buena calidad”. El propio informe indica que millones de europeos tienen dificultades para encontrar un hogar, dado que los precios han aumentado en más del 60 % y los alquileres en más del 20 % de media en los últimos diez años.

La propia presidenta Von der Leyen nos ilumina en una de las propagandas del proyecto y dice literalmente: “la vivienda no son sólo paredes y un techo, es seguridad, es calor, es pertenencia; pero para muchos europeos hoy se ha convertido en una fuente de ansiedad”.

Al menos en España, la ansiedad, reconocida por la propia Leyen, está más que justificada: el 60% de los hogares españoles no puede acceder a una vivienda propia y el 40% necesita más de la tercera parte de la renta disponible para pagar la vivienda. En esta tesitura, los españoles que viven de alquiler jamás (jamás) podrán acceder a la posesión de un simple espacio donde vivir. Los desahucios se producen por miles y en una cantidad que no sólo no se frena sino que es creciente.

Leyendo entre líneas las propuestas, se aprecia que la Comisión no disimula cuáles son sus intereses. ¿Le preocupa realmente la ansiedad que genera la necesidad elemental de cualquier ser humano por disponer de un espacio donde habitar? ¿Le preocupa la dignidad de las capas más desfavorecidas de sus propios paisanos, cuya desesperada situación les ha llevado a normalizar el hecho de compartir habitaciones? Vayan extrayendo sus conclusiones sobre lo que señala el documento: “la crisis de la vivienda perjudica la movilidad laboral, el acceso a la educación y la formación de familias, y está obstaculizando también la competitividad de la economía de la UE y la cohesión social”.

Podría tal vez preguntarse qué factores son los que “obstaculizan la competitividad” de la economía europea (de paso también qué se entiende por competitividad, si se entiende como la utilidad social de las medidas económicas , o en cambio se interpreta como la capacidad de ser fiable para inversores). Pese a ello, el Plan indica que se enfoca en “aumentar la oferta de vivienda, impulsar la inversión y las reformas, abordar los alquileres de corta duración en zonas de vivienda tensionada y apoyar a las personas más afectadas”. Veamos.

Medidas que plantea el Plan

El texto (que no es una directiva vinculante, sino un marco estratégico y un conjunto de instrumentos para coordinar las políticas nacionales) plantea un objetivo general, que es facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes, familias con rentas bajas y grupos vulnerables.

Para ello propone las medidas:

· Activación de fondos existentes como FEDER para proyectos de vivienda social y asequible. Se anima a los Estados miembros a utilizarlos de manera más eficaz. Eso incluye el fomento del parque público, la ampliación del stock de vivienda protegida y la rehabilitación de edificios.

· Referencias al mercado de alquiler: La Comisión recomienda (no obliga) a los países que establezcan marcos regulatorios para contener los precios del alquiler en zonas tensionadas, mejorar la seguridad jurídica de los arrendamientos y luchar contra la vivienda turística descontrolada. Hace referencia a controlar el alquiler de corta duración (ahora muy extendido tanto por motivos turísticos como el que se produce por temporadas en estudiantes o trabajadores interinos y eventuales, que sugieren más seguridad a los arrendadores).

· Insta a los Estados a revisar sus políticas fiscales para desincentivar la vivienda vacía y la especulación, y favorecer el alquiler a largo plazo.

· Atención a la eficiencia energética: Vincula la vivienda asequible con la inevitable transición ecológica, promoviendo la rehabilitación energética para reducir facturas de los hogares.

Un análisis desde la perspectiva de clase

El Plan resulta ser un documento de un valor muy significativo, pues pone en evidencia que el sistema tiene la capacidad de ofrecer a sus instituciones como aparente solución a los problemas que el propio sistema genera. De ese modo, las instituciones administrativas actúan como motores de la perpetuación de los mecanismos del sistema y del entorno político y económico del que se favorecen los intereses que de él obtienen beneficio.

Los estamentos de la antes conocida como Troika se presentan como antídotos de una enfermedad que esos mismos estamentos provocan. La contradicción es palpable y refleja que el problema de la vivienda es intrínseco en capitalismo y por tanto estructural en el marco de la UE.

Por un lado, promueve los derechos sociales (Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que en su artículo 34 reconoce el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes) que reconocen el acceso a la vivienda como una necesidad básica. Pero, por otro, su arquitectura económica y jurídica prioriza la estabilidad presupuestaria (pactos fiscales), la libre circulación de capitales, la protección de la propiedad privada (artículo 17 de la misma Carta) y la competencia en el mercado interior. Esto limita radicalmente la capacidad de los Estados para políticas intervencionistas y sociales en el mercado de la vivienda.

La forma en que se expresa el documento revela su intención de no inquietar mucho al entramado económico europeo, pese a reconocer la gravedad de la situación. Por eso se ofrece como indicación y no como documento vinculante. Al ser recomendaciones y directrices, no obliga a los Estados a regular precios, expropiar suelo o limitar drásticamente los fondos buitre y la financiarización de la vivienda. La propiedad privada y la libertad de empresa prevalecen como principios jurídicos superiores.

Además, esa voluntad mediocre se aprecia en que tanta alharaca de comisiones y expertos no acaba creando mecanismos nuevos. No crea un «Fondo Europeo de Vivienda Social» con dotación propia sustancial. Depende de que los Estados movilicen fondos, algo difícil con las reglas de déficit (que la propia UE exige). Para la clase trabajadora, esto significa que la escala del plan será insuficiente para darle la vuelta a la tortilla de la mercantilización de un bien básico.

Por si esto fuera poco, el enfoque es obviamente paliativo, no estructural. Acomete síntomas (falta de oferta asequible) pero no propone el remedio a la enfermedad. Se cuida mucho de cuestionar los pilares que han causado la crisis: tratamiento de la vivienda como activo financiero global, mercados hipotecarios desregulados, turistificación masiva incentivada por plataformas digitales (Airbnb) y fondos de inversión.

Esto es así porque las medidas verdaderamente eficaces contra el problema resultarían en conflicto con el derecho comunitario: cualquier medida nacional fuerte (como controles de alquiler estrictos o expropiaciones) puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulnerar la libertad de establecimiento y circulación de capitales. El Plan no afecta en lo más mínimo a este marco jurídico supremo.

En síntesis, para la clase trabajadora europea es un brindis al sol más de la UE, más hoy que pretende derivar la pauperizada industria europea (deteriorada por su peculiar gestión, véase sin ir más lejos el asunto de los gasoductos), planteado con el desahogo moral de erigirse como solución de un problema generado únicamente por su propia incompetencia e incapacidad.

En ese descaro, el Plan llega a hacer un reconocimiento político importante de la crisis. Sin embargo, al no alterar el marco neoliberal de la UE, es inoperante para garantizar el derecho a la vivienda frente a los intereses del capital financiero inmobiliario. Refleja la lógica neoliberal de la Comisión Europea: gestionar los desequilibrios más graves del capitalismo sin cambiar sus reglas fundamentales.

El caso concreto de España

Hace unos días compartíamos en este medio un artículo de Juan García, portavoz de la Plataforma Barrios Hartos, en el que se demostraba de manera detallada cómo una vivienda pública acaba siendo objeto de especulación por la bancocracia y las empresas de inversión.

El contexto español alcanza términos insostenibles: una profunda crisis de acceso a la vivienda extrema (alquileres que superan el 40% de la renta media en ciudades, parque público por debajo del 3% del total) mientras se agranda la presión de fondos internacionales comprando vivienda residencial, y de empresas especuladoras que hacen su agosto con el alquiler de temporada.

En lo más cercano, se evidencia que las actuales normativas -como la Ley de Vivienda vigente, creada por Podemos en la pasada legislatura- es insuficiente en su alcance (recordemos que, por ejemplo, considera pequeño tenedor al propietario de 10 inmuebles) y poco eficaz en su planteamiento (deja al albur de las Comunidades Autónomas o gestores locales la implantación de medidas como la determinación de las zonas tensionadas o la ejecución de los impuestos que gravan a los poseedores inactivos).

Esa Ley por el Derecho a la Vivienda (así se llama la normativa actual creada por PSOE-Sumar-Podemos) permite que el Gobierno central (coalición PSOE-Sumar) y gobiernos municipales tengan en su mano la posibilidad de usar el Plan para justificar y fortalecer sus iniciativas, y demostrar así que aquella normativa planteaba ventajas para las clases más populares.

Sin embargo, nos tememos que esa financiación acelerada que facilita el uso de los fondos Next Generation EU (firmados por el anterior Gobierno de Coalición) terminarán resultando de una manera similar a lo sucedido en la agricultura española o en su industria local. Esto es, acabarán sirviendo a intereses de aluvión, oportunistas y a grandes empresas, dejando además la deuda sobre la que se fundamentan esos fondos sobre las espaldas de las arcas públicas.

Esta visión no es pesimista, es simplemente objetiva. Los límites estructurales en España (definidos por el marco UE) hacen que las previsiones sean muy fáciles de prever.

Los controles de alquiler de la Ley de Vivienda española ya han sido recurridos por el sector (grandes tenedores, fondos) ante los tribunales españoles y pueden acabar en el TJUE. El Plan «recomienda» estas medidas, pero el marco jurídico superior de la UE (libertad de empresa) puede anularlas. Es la tensión pura entre derecho social y derecho económico comunitario.

Además, la magnitud de la crisis en España requiere una inversión pública masiva en vivienda pública (se habla de necesitar cientos de miles de viviendas). Los fondos europeos movilizables son insuficientes y las reglas de déficit de la UE (Pacto de Estabilidad) limitan la capacidad de gasto del Estado.

El Plan no frena la financiarización, no propone medidas para regular o limitar la compra de vivienda residencial por fondos de inversión internacionales (como Blackstone, Cerberus) que han convertido barrios españoles en mercados de activos. La libre circulación de capitales, sagrada en la UE, lo impide.

Por último, los españoles padecemos la eterna espada de Damocles de la turistificación, esa pesada losa que la antes CEE dejó sobre las espaldas de los españoles como destino inevitable para su economía. Aunque el Plan menciona el problema, la competencia en el mercado único y la jurisprudencia del TJUE protegen a plataformas como Airbnb, dificultando prohibiciones radicales que protejan el residencial.

Conclusión

Para España el Plan es en su mejor caso un alivio paliativo y un modesto apoyo financiero para las políticas de vivienda más progresistas del Gobierno, que aún están por ver si se llegarán a ejecutar.

Sin embargo, el Plan no deja se ser un parche dentro de un sistema jurídico-económico (el de la UE) que es la principal causa de la ineficacia de esas mismas políticas. Mientras la arquitectura de la UE subordine los derechos sociales a las libertades económicas, cualquier avance será precario y reversible por vía legal.

La lucha por la vivienda en España se libra, por tanto, en dos frentes, el de la soberanía nacional (la capacidad para decidir qué hacer con algo tan propio de una nación como su misma tierra y su mismo suelo) y el europeo (donde las reglas del juego favorecen estructuralmente al capital).

El Plan es un claro ejemplo de reformismo ilusorio. La UE, mero comité ejecutivo de la burguesía europea, propone un Plan que solo busca apaciguar el malestar social sin tocar la propiedad privada de los medios de producción (en este caso, el suelo y la vivienda como mercancía).

Mientras no se expropien sin compensación los grandes poseedores inmobiliarios (caso de la bancocracia española, que tendría aquí una oportunidad de redimir su multimillonario rescate) y se planifique la vivienda como un derecho, cualquier regulación será cooptada y vaciada. La solución no está en planes de la Comisión, sino en la organización independiente de la clase trabajadora para tomar el control político y económico, empezando por nacionalizar la banca y el sector inmobiliario. La situación española, con un gobierno que se declara de izquierdas pero acata sumisamente las reglas de la UE, como el rearme y los créditos de guerra contra enemigos inventados, es el ejemplo perfecto de la trampa reformista que tan funcional acaba resultando a la belicista y neoliberal Comisión Europea.

Fuente: ElComún.es