Presupuestos del Estado: Insuficiente financiación de los Servicios Sociales

Una fiscalidad de incremento débil hace imposible unos Presupuestos del Estado que respondan a la crisis del coronavirus y al modo de producción capitalista que agrava aún más la crisis sanitaria.

El gobierno anunció el pasado 28 de octubre a bombo y platillo su intención de subir un 34’4% la dotación económica para sufragar los gastos de lo que se ha venido en llamar la economía de los cuidados, es decir, la «Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia» o popularmente conocida como Ley de Dependencia, el cuarto brazo del Estado de bienestar, aprobada en 2006 por el entonces gobierno de Zapatero.

El cuarto brazo del Estado del bienestar nació entonces largo en intenciones y muy corto en financiación, además de ser un inmenso regalo a las empresas privadas de servicios sociales que después de catorce años acaparan aún hoy el 80% de los recursos para la atención a las personas dependientes.

Y tras catorce años de vigencia de la norma para la promoción y apoyo al bienestar social, en 2020 aún nos encontramos con que casi 300.000 personas se encuentran hoy en espera a que se tramiten sus solicitudes para poder ser atendidas, la mayoría de las veces de su situación penosa y de necesidad. Esta larga lista de espera no encontrará solución completa tampoco en estos presupuestos que el gobierno de coalición ya anuncia como «los presupuestos más sociales de la historia». Y no voy yo a negar que las cuentas para el 2021 que propone el gobierno de coalición, se dice progresista, sean las más sociales de la historia, pero en la atención a la dependencia van a seguir siendo los recursos más insuficientes para atender la realidad precaria de vida de centenares de miles de personas.

El incremento en cifras se concreta en 600 millones más para intentar atajar la amplia lista de espera existente y otros 700 millones de los Fondos europeos para programas de transformación de los Servicios Sociales en los nuevos programas de la economía de los cuidados.

Aunque debemos reconocer la intención del gobierno de coalición en progresar en la financiación de la Ley de Dependencia, esta voluntad va a ser muy insuficiente ante el gran atraso económico en la implantación plena de esta ley. Sólo para acabar con la lista de espera harían falta 2.300 millones de euros según el sindicato de CCOO. Visto así nos podemos imaginar las miles de personas que un año más deberán seguir esperando con su dependencia a que los recursos económicos resuelvan los serios problemas de autonomía personal que padecen.

Las federaciones de Sanidad, Servicios Sociosanitarios y la de Servicios a la Ciudadanía del sindicato de CCOO critican como muy insuficiente esta subida de 600 millones sólo para rebajar las listas de espera. Afirman que esos millones son una broma para cubrir la realidad de la demanda social. De hecho, estas federaciones de CCOO se movilizaron el pasado 15 de octubre delante del Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, dirigido por el vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias, para protestar contra la subida insuficiente anunciada para los presupuestos. Según CCOO el gobierno no prioriza la inversión necesaria en atención a la dependencia.

No obstante CCOO ha hecho una propuesta consistente en llegar con el Ministerio a un acuerdo trianual que supondría alcanzar 3.150 millones para la financiación estatal de la Ley de Dependencia. De momento el Ministerio no se ha comprometido con esta propuesta. Según Antonio Cabrera, Secretario General de la Federación de Sanidad de CCOO, si en algún momento se llegase a este acuerdo la participación estatal en la financiación de la dependencia aumentaría del 17% actual al 34%.

En el redactado de la ley se preveía que los fondos necesarios para cubrir en su totalidad la atención a toda la población en situación de falta de autonomía personal estarían cubiertos en un 50% por la aportación del Estado y el restante 50% por las Comunidades Autónomas. La realidad dista mucho de este compromiso inicial. Hoy el Estado participa en la financiación con menos del 17% de los recursos económicos que se emplean mientras que las Comunidades Autónomas cargan con el 83% restante, incumpliéndose así las previsiones de la Ley de manera abrumadora por parte del Estado.

Esta infrafinanciación estatal es la que critican los sindicatos y también las asociaciones profesionales y de familiares de las personas dependientes.

El problema se extiende también al sector profesional de trabajadoras (el 90% del personal que trabaja en el sector de los servicios sociales) que en parte están migrando hacia ofertas de trabajo mejor retribuidas y con derechos más consolidados. De esta forma emigran para atender trabajos en el extranjero con mejores condiciones laborales.

Quizás no ha querido el gobierno ir más allá en la atención a la población con necesidades de dependencia teniendo en cuenta la pobre recaudación de impuestos con las también insuficientes subidas a las grandes empresas (Impuesto de Actividades Económicas) y a los altos ingresos que en el IRPF representará sólo una subida de dos puntos a partir de ingresos superiores a los 300.000 euros anuales, y de tres puntos a partir de los 200.000 euros de ingresos derivados de las rentas de capital.

Las Comunidades Autónomas podrán incrementar hasta el 1% el Impuesto al Patrimonio a partir de los 10.000.000 de euros. En total calcula el gobierno que con éstos más que modestos incrementos de los impuestos a los que más ganan va a poder recaudar 6.847 millones de euros más de los que hasta ahora ingresaba, subida a todas luces insuficiente ante la magnitud de la crisis social en ciernes por la terrible pandemia del coronavirus. Habría que sumar a lo anterior los ingresos previstos por el nuevo impuesto a las tecnológicas (tasa google), los impuestos a las bebidas azucaradas o el gravamen al consumo de plásticos, estos últimos vía impuestos indirectos del IVA.

El gobierno, en nuestra opinión, no mide con suficiente justicia social la magnitud de la crisis que se le viene encima a la mayoría social trabajadora. Las políticas neoliberales, incluidos los recortes, no se frenaran por unos fondos europeos cuya disponibilidad estarán sujetos a programas de ajustes.

Es precisa la más amplia movilización de la clase trabajadora y de las capas populares que modifique de manera sustancial la actual correlación de fuerzas. Este es el camino para combatir con eficiencia las políticas neoliberales que promueve la europa del capital y que este gobierno no da muestras de rechazar.

4 de noviembre de 2020

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