¿Es útil el salario mínimo para combatir la discriminación salarial que sufren las trabajadoras?

Tenemos que asumir que las incuestionables aportaciones generales que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, habría sido del todo imposible sin el concurso, sobre todo y ante todo, de la mujer trabajadora.

El salario mínimo interprofesional se estableció en España bajo la dictadura franquista el 19 de enero de 1963. Su cuantía era de 60 pesetas diarias y de 1.800 pesetas mensuales para los trabajadores mayores de 18 años. En 24 pesetas diarias se fijó el salario mínimo diario de los aprendices de primer año, pinches y botones de 14 años, en la industria y en los servicios. Para los trabajadores agrícolas de 14 años en el importe de 40 pesetas diarias.

El Plan de Estabilización de 1959, fue antecedente del salario mínimo. Un Plan «que contenía medidas fiscales con incrementos impositivos y otras de carácter monetario, incluía también la devaluación de la peseta —60 pesetas por dólar—, junto a otras que propiciaban la liberalización del comercio exterior y la congelación salarial[i] También constituyó un precedente la legislación novedosa que regulaba la negociación colectiva en detrimento de las reglamentaciones de trabajo que imponía el Ministerio de Trabajo. El objetivo de la dictadura era contener la remuneración mínima al mismo tiempo que permitía el establecimiento por convenio colectivo de retribuciones variables en función de la productividad.

Comisiones Obreras señalaba entonces que el Plan de Estabilización significaba despidos masivos, reducción de los salarios reales y aumento de los beneficios del gran capital, con un incremento incontenible de los precios. El Plan de Estabilización iba dirigido contra los trabajadores, que respondieron con movilizaciones en la primavera de 1961 mediante huelgas en Barcelona, Madrid, Vizcaya y Granada. En este contexto de lucha de clases, en la que el PCE se volcaba, se regula por vez primera el salario mínimo interprofesional que garantizaba a los trabajadores sin convenio colectivo un mínimo de ingresos mensuales.

Para hacerse una idea de la miseria que este primer salario mínimo suponía, entre los años 1967 y 1970 doblaron el importe. En esa época, en Industrias Veyga S.A. donde trabajaba, el salario semanal ascendía a 3.100 ptas. (18,63 euros), siendo el mensual de 12.400 ptas. (74,53 euros). Entonces un piso modesto de 70-80 metros cuadrados tenía un precio no menor a 250.000 pts.

Esta introducción es solo para situarnos en los orígenes del salario mínimo sin pretender hacer un desarrollo de su comportamiento en el tiempo. La idea es saber qué utilidad ha tenido y qué utilidad tiene en la actualidad para hacer frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El salario mínimo en 2020 asciende a 950 euros mensuales en 14 pagas o 1.108,3 euros en 12 mensualidades. Una reivindicación de un incremento a 1.200 euros mensuales, por ejemplo, no es ni mucho menos, solución para atender las necesidades reales de la clase trabajadora hoy en día, teniendo en cuenta la actual escalada de precios en los productos de primera necesidad.

¿Ha sido útil el salario mínimo para combatir las diferencias salariales por sexo?  La Vanguardia, un periódico de la burguesía catalana, en referencia a un informe de la central sindical USO, señala que: «Las mujeres que cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), un 66,67 por ciento del total, duplican a los hombres con esa misma remuneración, el 32,33 %». Esta brecha salarial, señala el informe de USO, supone que las mujeres españolas cobran de media 5.793,02 euros menos que los hombres, es decir, trabajan 82 días gratis al año y añade que la remuneración por hora en las jornadas parciales es de 10,16 euros de media para las mujeres y de 11,83 euros en los hombres, mientras que a tiempo completo los hombres cobran 16,28 euros de media y las mujeres, 14,52 euros, ha denunciado la secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO, Dulce María Moreno.

En un informe del Parlamento Europeodel pasado año leemos: «Las mujeres en la UE ganan de media casi un 15 % menos por hora que los hombres. Existen grandes diferencias entre los países miembros: la mayor brecha salarial de género es la de Estonia (23%), mientras que el país de la UE con la brecha salarial de género más baja es Rumania (3%). España se sitúa en una posición intermedia con un 13,9 %».

La diferencia salarial por sexo es menos importante al inicio de la vida laboral y se amplía más tarde. También difiere según los sectores de la producción, siendo más importante en el sector privado que el sector público en la mayoría de los miembros de la Unión Europea. Todo esto provoca que las mujeres tengan un mayor riesgo de pobreza en la vejez. En 2018, indica este informe de la UE, las mujeres mayores de 65 años recibieron pensiones que fueron de media un 30% más bajas que las pensiones masculinas.

Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, indica en fecha reciente que: «Lejos de estrecharse, la brecha salarial se ha ensanchado en 66 euros durante el último año, de manera que las mujeres cobran 4.915 euros menos que los hombres». No obstante, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, prevé que las dos subidas consecutivas del salario mínimo hasta los actuales 950 euros mensuales reducirán la brecha salarial en los próximos años.

A juicio de la UGT, sin embargo, el incremento del salario mínimo a 900 euros en 2019 y a 950 euros en 2020 no ha contribuido a disminuir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. En 2016 y 2017 las mujeres españolas trabajaban gratis desde el 8 de noviembre hasta el final del año, una cifra que mejoró en dos días en 2018 y empeoró de nuevo en 2019, cuando se determinó que ese año las mujeres trabajaron gratis desde el 7 de noviembre y hasta final de año. En 2019, el salario mínimo se había incrementado, respecto del 2018 en algo más de un 22%.

El salario mínimo, que arrancó allá en 1963, no ha sido lamentablemente un instrumento eficaz, por ahora,  para combatir esta importante discriminación salarial en perjuicio de las trabajadoras. Por si solo, no resuelve la brecha retributiva por sexo que existe en las relaciones laborales de este país.

Estos datos demuestran la cruda realidad ¿Por qué entonces la Administración no actúa con contundencia para acabar con la discriminación salarial? Las razones son obvias, hay intereses mucho más profundos que la mera incapacidad para combatir esta enorme injusticia.

Hace unos días, la ministra de Trabajo, la eurocomunista Yolanda Diaz, en un programa radiofónico  exponía: «no entiendo como los empresarios y el gobierno -refiriéndose a la ministra de economía Nadia Calviño, ministra impuesta por los poderes económicos de la UE-, se niegan a subir el SMI, cuando el incremento de estamos proponiendo desde este ministerio apenas supone 30 céntimos diarios».

La causa es bien sencilla compañera Yolanda, necesitan confundir y enmarañar a la opinión pública con este asunto del SMI, invocando la situación provocada por la pandemia y la situación económica difícil en las pequeñas y medianas empresas.

La cuestión relativa al salario mínimo y, en general, a los niveles retributivos y condiciones de trabajo de hombres y mujeres, viene ligada de manera estrecha, en los últimos años, a las consecuencias negativas que han provocado las reformas laborales del PSOE y del Partido Popular que, junto con la Ley Mordaza, están causando una pérdida de capacidad adquisitiva generalizada y un incremento de la brecha salarial en perjuicio de las trabajadoras.

Qué duda cabe que si no existieran esas reformas laborales de la derecha y de la socialdemocracia, la negociación colectiva, la imposición de la jubilación ahora a los 66 años, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, las indemnizaciones por despido, la discriminación salarial contra las trabajadoras y otras tantas cuestiones de vital importancia para los asalariados, se habrían podido negociar desde posiciones más favorables.

Tenemos que asumir que las incuestionables aportaciones generales que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, habría sido del todo imposible sin el concurso, sobre todo y ante todo, de la mujer trabajadora.

Es tiempo de ponerse a trabajar por la igualdad. Para ello es necesario que aquellos que nos representan, sean capaces de reconocer como trabajo remunerable, los cuidados a la familia, pues este paso, importantísimo, sacaría de la precariedad a millones de mujeres que han visto, a lo largo de los años, como han tenido que lidiar con hijos, padres y maridos, -estos en muchos casos, cómplices del sistema que los explota-, y que no han visto recompensada esa doble explotación. «Nosotras nos ocupamos –señala Arantxa Vázquez- casi exclusivamente de los cuidados de la casa, de los mayores y de la infancia, por lo que las mujeres estamos abocadas a coger jornadas parciales y reducidas. No es una elección. La brecha salarial seguirá si continuamos con nuestra jornada extraordinaria en el hogar».

Esto es posible, tenemos que actuar con valentía y determinación, bajar de sus pedestales a aquellos que no nos representan, que anteponen intereses personales a la causa que les llevó a la dirección de organizaciones políticas y sindicales de clase. Solo así seremos capaces de cambiar las leyes para que las cosas cambien. O mejor, que las cosas cambien para que las leyes cambien. Derogar las reformas de las pensiones, las reformas laborales y la ley mordaza es el primer paso a dar, pero no el único. Es preciso, además, llevar a cabo una actuación política que acabe de una vez por todas con la breña salarial que coloca a las trabajadoras en situación  de inadmisible discriminación.

Jesus Castillo i García


[i] Miguel M.F-Aceytuno, El XX Congreso del PCE (Abril 2016-Diciembre 2017), ¿Un Congreso Especial?,

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2 Comments

  1. No sólo hay que derogar las «reformas» y ley mordaza que se citan al final del artículo, es que hay que vigilar de cerca al empreSAURIO.

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