Salarios con 5 puntos menos de poder adquisitivo y convenios colectivos bajo mínimos

Hoy más que nunca la lucha por dignas condiciones de vida y trabajo ha de ir inseparablemente unida a la más amplia movilización por la Paz.

Además de la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones que estamos notando muy directamente, este año, como señala la periodista Laura Olíasen, Eldiario.es, la firma de convenios colectivos es la más baja desde 2011 y desciende un 16% con respecto a 2019. Lo que se produce justo en estos momentos de gran inflación, debido al bloqueo de la patronal a las subidas salariales y a las cláusulas de revisión según el IPC. Pero también como consecuencia de la política reformista de las direcciones de CCOO y UGT, organizaciones fuertemente subvencionadas por el gobierno de coalición que por este motivo, entre otros, hace décadas que perdieron independencia de clase.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, los salarios siguen muy por debajo del IPC. Subieron tan solo un 2,64%, casi cinco puntos menos que la inflación. Y de los apenas 2.800 convenios firmados en total, tan solo un 23,7% contemplan cláusulas de revisión salarial en caso de nuevas alzas del IPC.

Diversas movilizaciones sorprendentemente convocadas por los responsables de CCOO y UGT en días y horarios habituales de trabajo, como la de “salario o conflicto” que han eludido referir de manera expresa la posibilidad de convocar una huelga general, han tratado, sin conseguirlo, de presionar al empresariado para sentarse a negociar incrementos salariales, aunque fueran moderados pero incluyendo cláusulas de garantía con respecto a la subida de los precios.

La última propuesta presentada por estas centrales sindicales a la patronal contemplaba que en el presente año los salarios subieran un 3,5%, que se rebajaría al 2,5% en el siguiente, y al 2% en 2024, ha sido rechazada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con el resultado de ampliar la diferencia retributiva con respecto a otros países europeos.

Como señala Gorka R. Pérez en el diario El País en su edición del pasado 11 de noviembre, según un estudio elaborado por el Banco Central de Irlanda, España se sitúa a la cola del crecimiento salarial de la zona euro: mientras que entre los meses agosto y octubre la subida media en Europa fue del 5,2%, en España se quedó en el 3,5%. Por debajo de países como Alemania (7,1%), Francia (5%), Irlanda (4,7%), Italia (4,2%) o Países Bajos (4%).

Manifestación en Madrid por la sanidad pública.

Frente al bloqueo patronal en nuestro país, las direcciones de CCOO y UGT en lugar de preparar y convocar una huelga general, han optado por negociar con el gobierno que las subvencionan las condiciones laborales del personal que presta servicios a la Administración Pública. Un acuerdo con incrementos salariales inferiores a la inflación que deja a este personal funcionario y asalariado con una clara pérdida de poder adquisitivo que alcanza un 13% desde la crisis del 2008 a la presente y con renuncia a la cláusula de revisión salarial. Como ha señalado Hojas de Debate «uno de los aspectos más preocupantes del Acuerdo suscrito es el relativo a la renuncia de la clausula de revisión salarial. Es una muestra de enorme debilidad (o complicidad) que sienta un peligroso precedente de cara a las actuales negociaciones para la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde el 31 de diciembre de 2020 (pacto de rentas).  Si en estos momentos tan críticos, los dirigentes reformistas de CCOO y UGT renuncian a la clausula de revisión salarial para los empleados públicos ¿no lo harán también en la negociación de los salarios para el conjunto del personal asalariado del sector privado? ¿qué fuerza les queda para defender que en este caso sí procede el reconocimiento de la clausula de revisión salarial?»

No es, pues, este tipo de pacto el que necesita la clase asalariada. Defender el poder adquisitivo de los salarios (y no al Gobierno) supone organizar una lucha consecuente frente a la patronal, aunque moleste al actual ejecutivo, para que las retribuciones, al menos, se incrementen al mismo ritmo que la inflación. Renunciar a la práctica de un verdadero sindicalismo de clase es aceptar que la actual crisis económica la siga pagando la clase trabajadora.

La disposición de la clase asalariada a la movilización es más que evidente, como se ha demostrado en la huelga del metal de Cádiz o en la multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, entre otras tantas. Los escandalosos beneficios extraordinarios que obtienen las compañías eléctricas, petroleras y los bancos y en general las multinacionales,  no hacen sino alimentar la búsqueda de una lucha unitaria para defender las reivindicaciones obreras y populares. Hasta el mismísimo Banco de España ha reconocido que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios, un 21% en el presente año de 2022. En general, las empresas vienen incrementando sus beneficios hasta un 25% con una subida de precios que dañan de forma grave a quienes tienen menos recursos,

Si los dirigentes sindicales de CCOO y UGT quieren de verdad permanecer fieles a la clase trabajadora, deben abandonar “educadas protestas” frente a la CEOE. Han de rechazar con firmeza todo tipo de pacto de rentas o pacto social y pasar a organizar una lucha en los centros de producción y en la calle, mediante una huelga general socio-polítca, las verdaderas reivindicaciones: subida de salarios y pensiones al mismo ritmo que suben los precios, junto a la imperiosa exigencia de que el gobierno de coalición renuncie a la actual política belicista y opte por una firme y decidida defensa de la paz. Las guerras provocan, además de incontables muertes violentas, otras consecuencias que ya han empezado a sentirse con toda crudeza en España y en todos los países del mundo: destrucción de infraestructuras y viviendas, inflación galopante, incremento del paro, pérdida del poder adquisitivo de salarios y pensiones, presupuestos de guerra, deterioro de la sanidad, la educación y del resto de los servicios públicos, daños en el medio ambiente, movimientos incontrolados migratorios y supresión de derechos democráticos, entre otras tantas.

Hoy más que nunca la lucha por dignas condiciones de vida y trabajo ha de ir inseparablemente unida a la más amplia movilización por la Paz.

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