Seis altos exdirigentes de UGT de Asturias condenados a prisión por fraude de subvenciones públicas
Los hechos probados de la sentencia describen con detalle el rocambolesco procedimiento utilizado para la distracción de importantes cantidades provenientes de subvenciones.
El pasado 29 de noviembre, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo ha dictado una extensa sentencia de 126 folios que condena a un grupo de antiguos dirigentes de la UGT de Asturias, incluido el que fuera en su día Secretario General de la organización.
En concreto, a Justo Rodríguez, dos años y diez meses de prisión; a Mónica Menéndez, tres años y ocho meses de prisión; a María Jesús Ocaña, dos años y seis meses de prisión; a Alberto González, un año y seis meses de prisión y a Silvia Sariego, un año y seis meses de prisión.
Como persona jurídica, la UGT de Asturias también ha sido condenada por un delito de fraude de subvenciones al pago de una multa de 122.028 euros, quedando inhabilitada para recibir subvenciones públicas y obtener cualquier tipo de beneficios o incentivos fiscales por un período de cuatro años. El conjunto de los condenados, además de devolver lo defraudado, tendrán que hacer frente a una responsabilidad civil de 938.000 euros.
La resolución judicial no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias.
Los hechos probados de la sentencia describen con detalle el rocambolesco procedimiento para la distracción de importantes cantidades provenientes de subvenciones públicas. Se considera probado que la Unión Regional de Asturias de la UGT y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) eran beneficiarios de subvenciones a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, destinadas a programas de formación para el empleo. La UGT de Asturias encargaba íntegramente la gestión y la ejecución de estos programas a entidades vinculadas al sindicato, principalmente a IFES y al Foro Astur de Formación, Fundación Metal y Fundación Laboral de la Construcción, así como a otras privadas independientes.
Los condenados urdieron una trama para desviar de manera sistemática fondos de las subvenciones públicas concedidas hacia la UGT de Asturias y el Instituto de Formación y Estudios Sociales que controla esta organización. El desvío ilegal de las subvenciones operaba mediante el incremento ficticio del precio de los alquileres de los locales y los equipos que se usaban en los cursos de formación, con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas para beneficio del sindicato y el IFES. Sobre este extremo, la resolución judicial indica que: «dicho desvío fue llevado a efecto mediante diversos subterfugios con los que lograban el enmascaramiento de los costes reales de ejecución y en su caso su adecuación al valor de mercado, de las acciones formativas por las que uno y otra recibían las subvenciones respectivamente concedidas por el SPEPA, ocultando a la Administración concedente el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto». Otro de los subterfugios utilizados recurrentemente, según el relato fáctico, «consistió en la inclusión en la justificación de los costes, de gastos de personal laboral del sindicato que ninguna relación, directa o indirecta, habían tenido en las actividades de tramitación, gestión y evaluación de las acciones formativas objeto de las subvenciones, pues las mismas fueron realizadas íntegramente por personal de la Delegación Territorial de Ifes y en menor medida por alguna otra entidad subcontratada».
Para lograr los fines pretendidos con la trama urdida, señala la sentencia, «el desvío de fondos públicos procedentes de las subvenciones recibidas… contó con la cooperación o auxilio de la administradora legal de las mercantiles Formación 2020 S.A. y Localmur SL.»
Esta sentencia marca un hecho histórico, es el primer sindicato en democracia condenado por este motivo. La historia es jugosa: ingentes cantidades de dinero público, empresas pantalla, caraduras sin escrúpulos, trenes de vida elevados, instituciones que se ponen de perfil, etc. Aun así, aquí en Asturias, y a pesar de su gravedad, no se habla del tema. Silenzio stampa en la clase política y apagón informativo en los medios de comunicación.
El hecho no es sorprendente si tenemos en cuenta todo lo sucedido en el trayecto que nos llevó a la sentencia condenatoria y las presiones y el abandono al que fuimos sometidos las y los denunciantes.
Desde que la UCO nos llamara a declarar, tras años de gritar infructuosamente a través de los pocos medios de los que disponíamos, hasta que la jueza dio por probado que lo que denunciábamos era cierto, pasamos por un calvario que ni siquiera las detenciones lograron apaciguar. Tuvimos que ver cómo, a principios de 2019, una comisión de investigación parlamentaria, iniciativa de Podemos Asturias, llegó a ser paralizada por el PSOE, partido hermano de UGT, con el apoyo de IU y Ciudadanos. Tuvimos que aguantar, a menos de un mes del juicio y en un acto organizado por el propio sindicato, los aplausos de apoyo que todo un auditorio puesto en pie, entre los que se encontraban destacados dirigentes socialistas, les dedicó a quienes después fueron condenados.
Son las consecuencias de un régimen clientelar plenamente asentado, que extiende sus hilos por todos y cada uno de los recovecos de nuestra región. Un régimen que, a día de hoy, sigue amparando con su silencio comportamientos inadmisibles, mientras que nosotras y nosotros seguimos pagando las consecuencias de haber obrado en conciencia, de haber defendido al sindicalismo de clase, el último muro de defensa que tenemos para defendernos de la voracidad del capital. Un escudo que estos personajes ahora condenados han degradado y ensuciado con su comportamiento.
Lo más doloroso es que todo nuestro sufrimiento habrá sido en vano si, en ese objetivo de sumar todas las fuerzas de izquierda posibles para combatir a la ultraderecha, va incluida UGT Asturias.
Que caigamos en el error del todo vale, yendo de la mano de quienes traicionan a la clase trabajadora, solo beneficia al fascismo.
Como comunista, militante de IU y, por extensión, de Unidas Podemos, espero una profunda reflexión dentro de las organizaciones que nos conduzca a apartar de la vida pública a UGT. Un sindicato que ha sido condenado como responsable de un delito de fraude de subvenciones previsto y penado en el artículo 308.2 del Código Penal, no puede ni debe representarnos y todo aquel o aquella que, por acción u omisión, lo consienta, será su cómplice.
