Sobre la industria farmacéutica en el Estado español

La carencia de una política industrial pública posibilita que las grandes compañías farmacéuticas puedan imponer los sobreprecios que les garantizan la máxima ganancia y beneficios, así como la especulación en los mercados financieros.

La industria del medicamento es uno de los sectores del mercado de mayor peso en la economía, con intereses comerciales y financieros de primer orden y gran capacidad de influencia en las decisiones de regulación que toman los gobiernos y la administración. Es necesario definir y reforzar las actuaciones de política farmacéutica a fin de garantizar una sanidad pública universal y de máxima calidad. Es de vital importancia para la sostenibilidad del sistema público de salud y para asegurar el acceso de los medicamentos necesarios a los pacientes como derecho humano.

El margen de beneficios de la industria farmacéutica ha sido hasta el momento muy superior al de otros sectores productivos. Las estrategias promocionales de la industria del medicamento, son muy amplias. Hay una profunda influencia de las compañías farmacéuticas en las áreas de responsabilidad institucional de la administración pública, en las asociaciones científicas y profesionales médicas y farmacéuticas, en las asociaciones de pacientes y por supuesto en los profesionales sanitarios de las áreas asistenciales. Pero también promocionan su relato en los medios de comunicación generales y en la sociedad en su conjunto. Promueven mensajes para favorecer el uso de fármacos e impulsan una progresiva medicamentalización de la vida de las personas, basada en la creencia de que toda enfermedad tiene tratamiento farmacológico efectivo, y que los medicamentos pueden solucionar cualquier alteración de los procesos naturales de la vida. Con el consiguiente sobreconsumo innecesario que causa en ocasiones graves consecuencias para la salud de la personas.

Es necesario aplicar una política farmacéutica que afronte la situación desde la perspectiva del medicamento como bien público y del derecho humano a la salud. Hay que implementar políticas sanitarias para reforzar los elementos más positivos de nuestro sistema público de sanidad, procurar que el medicamento no sea elemento de consumo dirigido por intereses de mercado, aplicando cambios regulatorios y medidas de transparencia.

Política industrial: Actualmente el principal recurso para investigación básica en biomedicina es la inversión proveniente de fondos públicos o la realizada por instituciones sin ánimo de lucro. Se desarrolla en centros académicos y pequeñas empresas biotecnológicas en los que trabajan equipos investigadores relativamente reducidos. Cuando alguno de los productos de la investigación tiene un potencial terapéutico prometedor, las grandes industrias farmacéuticas adquieren los derechos de exclusividad, y muchas veces estas empresas completan y llevan a cabo la investigación clínica de aquellos productos que más mercado puedan tener. Una vez comercializados y con la patente en su poder, estas grandes compañías farmacéuticas pueden imponer los sobreprecios que les garanticen la máxima ganancia y beneficios, y la especulación en los mercados financieros.

Como en otras ramas industriales la industria farmacéutica ha deslocalizado la producción, que se halla repartida en muchos países. Hay que optar por una empresa farmacéutica pública que haga investigación básica y aplicada y comercialice el producto. Priorizando la investigación y producción de medicamentos orientada a las necesidades de salud que den respuesta a los problemas y demandas de salud de la población (ej. vacunas) y en segundo lugar para investigar y producir medicamentos para enfermedades no atendidas por la industria privada por no ser campo de negocio, como por ejemplo antibióticos, tratamiento de las llamadas enfermedades olvidadas, enfermedades raras, etc. Una empresa pública podría mejorar la relación entre los precios reales de producción, tanto por los precios de sus productos como por su influencia sobre los competidores no públicos. También serviría, dado su carácter estratégico, para disponer de capacidad de respuesta en casos de emergencias y de desabastecimientos.

Investigación: Aumentar la financiación pública en I+D en salud. No solamente de medicamentos, sino también de intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y tratamientos no farmacológicos. Esta financiación tendrá criterios de interés público (investigación abierta; posibles resultados comercializables con patentes públicas, fijando precios de coste razonables). Hay que asegurar al menos el 1,5% del presupuesto sanitario público destinado a la investigación, y favorecer medidas que consoliden los equipos de investigadores en nuestro sistema público. Creación de Fondo de Investigación y Formación Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Creación de la Red de Ensayos Clínicos No Comerciales del SNS, que aglutinará los estudios independientes. Apoyo y financiación a los centros e institutos de investigación públicos presentes a nivel estatal, en comunidades autónomas, universidades, centros financiados por fundaciones y donantes sin ánimo de lucro.

Solo una fábrica de vacunas humanas en el Estado español (privada): En la localidad gallega de O Porriño (Pontevedra) está la única fábrica autorizada para producir vacunas destinadas a uso humano, ahí se encuentran las plantas de Biofabri, empresa filial del grupo Zendal, donde se está produciendo desde hace meses la vacuna contra la Covid-19 de la farmacéutica estadounidense Novavax (Así se fabrica en Galicia Novavax, la nueva vacuna autorizada contra el covid-19 (lavozdegalicia.es)). Y parece que de ahí saldrán también los proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Biofrabri es una de las siete filiales del grupo Zendal, que nació en el año 2008 con el objetivo de investigar, desarrollar y fabricar vacunas de uso humano. Durante la última década, sus mayores esfuerzos han estado dedicados a conseguir desarrollar una vacuna eficaz contra la tuberculosis. En ello estaban cuando se produjo la irrupción del SARS-CoV-2. Zendal es la marca corporativa del grupo biotecnológico que aglutina a siete empresas enfocadas a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de vacunas de salud humana y animal, así como otros productos para el ámbito de la salud. Las firmas que se encuentran bajo su paraguas son CZ Vaccines, Biofabri, Probisearch, Vetia, Petia, Zinereo y Bialactis.

El grupo trabaja en la construcción y puesta en marcha de una nueva planta de envasado, nuevas infraestructuras productivas, tecnológicas y almacenes para productos de salud humana y animal. Un proyecto para el que se prevé una inversión superior a los 110 millones de euros de aquí al 2025, con una sobrada multiplicación de beneficios gracias a la regulación vigente de las patentes.

Legislación sobre patentes y derechos de exclusividad: El 10 de julio de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución importante sobre la “Estrategia de Salud Pública de la UE después de la Covid-19” y contiene peticiones a la Comisión Europea y a los Estados Miembros (EEMM) para llevar adelante acciones relevantes en política farmacéutica. La resolución anima a la Comisión a exigir, en todas sus convocatorias para financiación e inversión, que los productos finales tuvieran licencias no exclusivas, y a apoyar la iniciativa de la OMS “COVID-Technology Accesss Pool” (C-TAP) para que las empresas y países compartan las licencias y patentes de tecnologías y medicamentos frente a la Covid.

En fin, propuestas muy positivas, pero que no se han aplicado. Debemos seguir apoyando la exigencia de suspensión de patentes mediante la modificación, al menos, de la legislación vigente de la Organización Mundial de Comercio en cuanto a patentes en situación de crisis.