Calabuch on-line University
Las embestidas de muy poderosos intereses contra todo reducto de pensamiento profundo, universalista y crítico en las universidades públicas llevan años sucediéndose. Las adaptaciones motivadas por la pandemia de COVID-19 les han dado alas.
Un movimiento de universitarios franceses llamado «Salvemos la Universidad», nacido en 2017, ha señalado recientemente que, con el pretexto de las nuevas tecnologías y con redoblada fuerza en las circunstancias excepcionales de la pandemia de covid-19, están actuando los liquidadores de lo que constituye la esencia de la universidad, forjada en siglos de historia: en palabras del Rector de la Universidad de Salamanca, “un lugar de encuentro entre estudiantes y profesores para compartir conocimiento. Quien crea que eso pude ser sustituido por pantallas no conoce lo que es la universidad”. Las embestidas de muy poderosos intereses contra todo reducto de pensamiento profundo, universalista y crítico en las universidades públicas llevan años sucediéndose. Por desgracia, no les han faltado propagandistas dentro de la propia institución universitaria, ni en los poderes públicos, lo que no tiene nada de sorprendente cuando están dominados por la derecha, pero resulta mucho más lamentable y patético cuando se trata de representantes con vitola de “progresistas”. La adaptación improvisada al confinamiento es celebrada en estos medios como “un éxito” y como una formidable ocasión para impulsar y acelerar el destrozo.
La Universidad de Cambridge ha suspendido todas las clases presenciales hasta 2021. En España, apenas nos estamos aclarando a estas alturas sobre si el curso que viene va a ser presencial, semipresencial o virtual. Las “soluciones” no son unánimes, aunque el descarte de la primera parece generalizado ahora en la universidad pública (no así por alguna de las privadas que han proliferado en poco más de una década, que exhibe la presencialidad de sus cursos como reclamo publicitario…). Todo esto al mismo tiempo que los fanáticos de la huella digital aprovechaban las sesiones de exámenes que se están apurando como temporada propicia para pregonar las virtudes de nuevas tecnologías de vigilancia que evocan la pesadilla orweliana. Aberraciones de ciencia ficción. Solo que es de la realidad de lo que se trata: la de ahora y la que algunos quieren imponer como norma en un horizonte inmediato.
Con la justificación de la emergencia sanitaria se adoptan medidas, se difunde la idea de un fenómeno “inevitable” y se van dando pasos que en modo alguno son coyunturales. Un documento enviado por la Xunta de Galicia a las universidades de esa Comunidad Autónoma establecía que el próximo curso, 2020-2021, sería el último de funcionamiento “presencial”. Desde el siguiente la docencia normal se realizaría “on line” y con material de apoyo accesible por este mismo cauce. La “coordinación” del proyecto, apoyada en una “consultora externa”, correspondería a una “fundación de derecho privado”, EUGA, en la que están representadas las tres universidades gallegas junto a empresas como el BBVA, Caixabank, Endesa o Finsa y en la que también tienen presencia otras entidades como la Confederación de Empresarios de Galicia o la Cámara de Comercio de A Coruña. De momento, la Xunta parece haber frenado sus propósitos ante el escaso entusiasmo suscitado por el proyecto en los rectores gallegos. Pero la intención, el diseño y los intereses impulsores están muy claros y van mucho más allá de la anécdota. Reducir a la mínima expresión el contacto entre profesores y alumnos, la transmisión de conocimiento y cualquier estímulo del autocuestionamiento; desmantelar los pilares del proceso colectivo de enseñanza-aprendizaje. En su lugar, mucho “role play” y difusiones enlatadas, que aspiren ̶ se ha dicho ̶ al modelo de ciertos reportajes de los canales temáticos de televisión. Atraer a muchos “seguidores” en todo el mundo: ¿nueva fuente de financiación? Los docentes ejerciendo de minilocutores (en diferido)… de la CNN o de “youtubers”. Profesores sobrantes sustituidos por teleasistentes más baratitos y más o menos externalizables. Hay cantera: el cupo de docentes precarios indecentemente pagados se ha ensanchado mucho ya estos últimos años en la universidad española y en otros países europeos. Con suerte, algunas “marcas” universitarias muy arraigadas, con mayor potencial “simbólico” o simplemente agraciadas por algún “espónsor” dadivoso, consiga ofrecerles la compañía (virtual o semivirtual) de un fichaje “estelar”: alguna celebridad que apoye durante un tiempo la “visibilidad” de la marca.
La Junta de Andalucía acaba de imponer un recorte de 135 millones de euros de la financiación de las universidades públicas andaluzas para el curso 2020-2021 (el 10% de su presupuesto), “para atender la crisis social y económica causada por la pandemia”.
Por otra parte, las universidades andaluzas dieron la pasada primavera un plazo extraordinario hasta el final de mayo a los estudiantes que quisieran anular su matrícula para el curso académico que ahora acaba. Como motivos a acreditar para que se les concediera, figuraban en el formulario habilitado la existencia de dificultades técnicas insalvables para seguir las clases virtuales, la enfermedad del solicitante o sus secuelas, o la atención a un familiar dependiente. Nada que hiciera mención a la posible insatisfacción por la frustración de la enseñanza presencial a la que el estudiante estaba inscrito. Adaptación virtual mediante, la continuidad de funcionamiento (acorde con “los estándares de calidad del sistema”) se da por hecha.
En suma, se hace menos descabellado pensar en la posibilidad de una clase bendecida por el Departamento de Estado o por la versión disfrazada de progre del “think tank” a sus órdenes, convertida en clase única para todos, y un profesor telefonista que atienda al “público” en sus dudas y en sus consultas. Así quieren que lleguemos y nos instalemos por la vía berlanguiana en las nuevas tecnologías. ¿Formará parte de la “nueva normalidad”?
Arón Cohen