Nadar entre dos aguas

No hay en el programa de Sumar ni posición ni oposición clara, definitiva y contundente sobre la enseñanza privada concertada como destinataria de fondos públicos que es, y esto cuando el supuesto objetivo primigenio de ese traspaso de fondos públicos a negocios privados era la insuficiente dotación de plazas educativas en la pública, coyuntura que hoy está plenamente superada, debido a la reducción de matrícula por la caída de la natalidad.

Repasando, otra vez, el programa de Sumar, siempre con la mejor intención, dicho sea de paso, en busca de un ápice de compromiso expreso con los presupuestos básicos que, desde la izquierda hemos defendido desde los albores del Manifiesto Comunista, me he tropezado con otro, precisamente, de los apaños del susodicho programa y nada menos que en un asunto de primerísima importancia para la izquierda, la educación.

Rebobino, desde la izquierda, quienes hemos trabajado, o trabajamos, en la siempre poco valorada profesión de enseñante somos fieles prueba de ello, hemos luchado, y luchamos, para que la enseñanza no tenga sino un único y exclusivo patrón, el pueblo a través de la enseñanza pública, universal, laica y gratuita en todos los niveles educativos, desde la infantil a la universitaria.

Los que hemos ejercido o ejercemos, como padres y madres, miembros o no del AMPAs de turno, sabemos de las movilizaciones para dotar a las escuelas de una plantilla suficiente con profesionales necesarios para atención a la diversidad, psicopedagógicos, …, de servicios de comedor y transporte, … de las insuficientes dotaciones económicas y de materiales, laboratorios, bibliotecas, gimnasios,… que han padecido, y siguen sufriendo, nuestras escuelas y centros educativos, desde los CEIP, los  IB/ IES a la Universidad y como esas luchas específicas y a veces locales, se enmarcan y confluyen en la lucha de la clase trabajadora por una enseñanza pública de calidad dotada de los recursos necesarios y al alcance de todo el alumnado.

Colocar la enseñanza a salvo de la mercantilización de la misma, salvarla de que pueda ser convertida en una mercancía más del colmado capitalista ha sido y es un objetivo irrenunciable y no canjeable ni compatible con una propuesta que se intente supuestamente llamar de izquierdas. En esta medida no hay medias tintas que valgan ni quepan a la hora de defender la escuela pública como única destinataria de fondos públicos.

La pública y la privada, concertada o no, representan dos modelos y dos formas antagónicas de concebir la educación, que pueden convivir siempre y cuando los recursos de la segunda (la privada) no provengan del erario público tal como recogía la Moción, noviembre 2019, de IU en defensa de la Educación Pública de la que entresaco el siguiente párrafo: «se recoge en el artículo 27.1 de la Constitución la “libertad de enseñanza”, reconociendo a las personas físicas y jurídicas “la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales” (27.6). El texto constitucional no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional (TC) en sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”»

Se puede decir más alto, pero no más claro y, por si fuera poco, con el aval de una sentencia del TC que explicita claramente que el derecho de los padres y madres a optar por la enseñanza privada «no comprende el derecho a la gratuidad educativa en centro privado» o, dicho de otra manera, como recoge la misma sentencia «los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales».

En román paladín, si quieres enseñanza privada págala de tu bolsillo y no los impuestos de la ciudadanía. Los recursos públicos para lo público, para lo de todas y todos.

Interpretada la norma constitucional tal como dictamina, mediante sentencia del TC, es aún, siéndolo ya desde la perspectiva de la izquierda, menos entendible la debilidad, la mojigatería y el desprecio implícito a luchas y movilizaciones por la enseñanza pública, con la que se trata la concertación educativa en el programa de Sumar.

No hay en el programa de Sumar ni posición ni oposición clara, definitiva y contundente sobre la  enseñanza privada concertada como destinataria de fondos públicos que es, y esto cuando el supuesto objetivo primigenio de ese traspaso de fondos públicos a negocios privados era la insuficiente dotación de plazas educativas en la pública, coyuntura que hoy está plenamente superada, construcciones aparte, debido a la reducción de matrícula por la caída de la natalidad que ya da lugar a cierre de plazas escolares, totalmente injustificadas y rechazables cuando se opta por mezclas de distintos niveles educativos en una misma aula con el objetivo de alcanzar la ratio. 

El reciente estudio de CCOO enseñanza alerta sobre el desigual efecto y trato que el descenso de la natalidad está produciendo en la pública y en la concertada: «Los datos son en extremo llamativos. Podemos observar que, a pesar de que el alumnado desciende aproximadamente en la misma medida en ambas redes, siendo incluso algo superior ese descenso en la privada-concertada, las unidades se suprimen en pública y no en privada-concertada. Así, a nivel estatal el alumnado en CEIP públicos desciende un 7,06% y las unidades de esos mismos centros un 2,51%. Sin embargo, en esas mismas etapas, en los centros privados-concertados, descendiendo algo más el alumnado (7,45%), no pierden apenas unidades, solo un 0,13% de descenso.

Esto implica que se están protegiendo los intereses económicos de la gestión privada y no a los centros públicos. En definitiva, se está privatizando progresivamente el sistema y los datos son especialmente impactantes en algunos territorios. Esto se suma a otras estrategias de privatización y adelgazamiento del sistema público en relación con la gestión privada que se están llevando a cabo en otras etapas educativas y que CCOO también ha puesto de manifiesto. Especial gravedad tiene el caso de la Formación Profesional, como se puede profundizar en el último informe sobre FP elaborado por el sindicato, que pone de manifiesto, entre otras muchas cuestiones, que la pública ha crecido 6,9 puntos en Grado Medio y 20,5 en Grado Superior, en tanto que la privada-concertada lo ha hecho en 23,3 y 61,9, respectivamente. Teniendo en cuenta esta situación son imprescindibles y urgentes medidas globales que aseguren que en todo el territorio se potencia la educación pública como garante de calidad educativa, cohesión social e igualdad de oportunidades para todas y todos.»  ^[1]Defendamos a la educación pública y a sus profesionales.

La concertada, trasiego de fondos públicos a negocios privados de educación, nace con la Ley General de Educación (LGE). El artículo 96 de la Ley 14/1970, dispone que los centros no estatales podrán acordar conciertos singulares «en los cuales se establecerán los derechos y obligaciones recíprocos en cuanto a régimen económico, profesorado, alumnos, incluido el sistema de selección de éstos y demás aspectos docentes»  disposición que es, ni más ni menos, la alternativa continuista del tardofranquismo  al apoyo que la dictadura dio a la Iglesia para que metiera sus zarpas, hasta el fondo, en la educación. Para el régimen fascista «la educación debe dejarse a iniciativa de la sociedad jugando el estado un papel secundario, y dado que la única fuerza social capaz y deseosa de asumir la función educadora es la iglesia, ella deberá formar ese nuevo hombre» ^[2]Aproximación a la Enseñanza Secundaria durante el franquismo (1938-1967). Leoncio Vega Gil. Universidad de Salamanca.

El artículo 3 de la Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria, ^[3]BOE 199. disponía que: «Se reconoce a la Iglesia el derecho a la creación de escuelas primarias y de escuelas del Magisterio, con la facultad de expedir los títulos respectivos en la forma que se determina en esta Ley. Se reconoce también a la Iglesia el derecho a la vigilancia e inspección de toda enseñanza en los centros públicos y privados de este grado, en cuanto tenga relación con la fe y las costumbres.» 

La falta de un desarrollo reglamentario de lo dispuesto en el art 96 de la LGE, hizo que las subvenciones a la privada se movieran en una oscura nebulosa sin prácticamente control alguno hasta la LODE (Ley Orgánica 8/1985), tal como se reconoce en el preámbulo de la ley al indicar que «… concesión de subvenciones a centros docentes privados, en cuantía rápidamente creciente, que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso de incremento de las inversiones públicas. En ausencia de la adecuada normativa, lo que había nacido como provisional se perpetuó, dando lugar a una situación irregular, falta del exigible control, sujeta a incertidumbre y arbitrariedad, y en ocasiones sin observancia de las propias disposiciones legales que la regulaban…» ^[4]Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación..

La LODE, con el PSOE y Felipe González en el poder, da una última vuelta de tuerca a los conciertos, paradójicamente no los elimina, sino que, plegándose a los intereses de la Iglesia y los grupos de presión ligados al negocio educativo, los regula y reglamenta siempre con la excusa de la incapacidad del estado para afrontar la demanda de puestos escolares.

El bandazo del PSOE al respecto de la educación aceptando y santificando los conciertos educativos, es quizás equiparable al que nos llevó a integrarnos en la OTAN o más recientemente a apoyar el envío de armas a Ucrania, abandonar al pueblo saharaui y a subordinar la política exterior española a los intereses de los EE.   UU.

Después de LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOCE (2002), LOE (2006), LOMCE o Ley Wert (2013), llegamos a la LOMLOE  o Ley Celaá (2020) que si bien recupera aspectos progresistas eliminados por leyes aprobadas por anteriores gobiernos del PP y pretende poner coto a abusos cometidos bajo el paraguas de los conciertos, sigue sosteniendo el trasvase de fondos públicos a negocios privados sin que ya exista, en sentido estricto, la “supuesta excusa” de carencia de puestos escolares sino, más bien, todo lo contrario por mor del descenso de la natalidad.

No extraña a nadie, o a casi nadie, que el PSOE, fiel a su ambivalente tradición «OTAN de entrada NO; educación pública y subvención a la privada; progresismo identitario y sometimiento económico y político al neoliberalismo; … » persista en ello, aunque esto suponga un deterioro de los intereses de la clase trabajadora al restar recursos públicos desviándolos al ámbito privado, y un fortalecimiento de la posición hegemónica, control ideológico, de las clases pudientes y de la Iglesia Católica sobre una parte de la población. 

Las cifras son demoledores, el dato que diría la líder de Sumar. La gran mayoría de los alumnos de la concertada estudia en colegios religiosos: el 70%. En los centros públicos, un tercio de los estudiantes provienen de entornos socioeconómicos humildes. En los privados y concertados, es solo el 7,5%. Los colegios de vecindarios pobres son casi siempre públicos. En los ricos, la mitad son concertados o privados. Los colegios concertados y privados abundan más cuanto mayor es la renta de una zona geográfica. En el medio rural la educación concertada es inexistente.

Extraña, sin embargo, que una coalición, Sumar, que reúne a partidos como el PCE, admita de facto la pervivencia de la enseñanza concertada al no apostar directa y claramente por la supresión, tasada en el tiempo, de los conciertos actuales y además deje la puerta abierta a nuevos cuando en su programa recoge: «la oferta de plazas concertadas se financiará con recursos públicos solo en los casos en que sea estrictamente necesario, esto es, debido a una insuficiencia en la red pública.» ^[5]Programa Sumar. 5.1. Derecho a la educación y sistema educativo. Pág. 151.

Propuesta que contradice y resta credibilidad a otra del mismo programa: «Para ello, es necesario alcanzar de manera inmediata el 5% del PIB en gasto educativo, y avanzar progresivamente hacia el 7%. Esta inversión se debe garantizar mediante una Ley de Financiación del Sistema Público Educativo. Este objetivo necesita una red suficiente de centros de titularidad y gestión pública que permita cubrir todas las necesidades educativas (desde los 0 años) en sus diferentes etapas y modalidades, así como en los distintos distritos escolares y territorios, incluida la escuela rural.» ^[6]Programa Sumar. 5.1. Derecho a la educación y sistema educativo. Pág. 150-151

Si de verdad existe disposición a invertir recursos en una «una red suficiente de centros de titularidad y gestión pública que permita cubrir todas las necesidades educativas …» los recursos que ahora desvías hacia los conciertos educativos se convierten en más que necesarios para la pública e innecesarios para una concertada que no va a cumplir, por la suficiencia de la red pública, ese supuesto papel de complementariedad.

Si de verdad estás por lo público, no queda sino una doble alternativa, por una parte, fijar un plazo para eliminar los conciertos educativos actuales, plazo que coincidirá con el de la creación de esa “red de centros de titularidad pública”, por otra, y paralelamente, derogar la norma que permite las subvenciones a los centros privados bajo la figura de concierto educativo.

En este sentido se manifiesta el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) cuando denuncia que «… en Canarias hacen falta al menos 20 nuevos colegios públicos y ha exigido a la Consejería de Educación que deje de financiar a centros privados con fondos de la comunidad autónoma porque, a su juicio, la concertación ya no es necesaria, menos en las capitales. Así lo han expuesto este martes al hacer balance del inicio del curso en una rueda de prensa los portavoces del sindicato Emilio Armas y Gerardo Rodríguez, quienes también han exigido a Educación que contrate a más auxiliares para garantizar la atención a la diversidad, ya que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha crecido un 10%» ^[7]canariasahora 19/09/2023

Según CCOO desde el curso 2017-2018 el descenso de alumnos y unidades en CEIP en la pública ha sido de 202.094 alumnos-as y 3.490 unidades, mientras que en la privada concertada ha sido respectivamente de 3.490 alumnos-as y 72 unidades…. a nivel estatal el alumnado en CEIP públicos desciende un 7,06% y las unidades de esos mismos centros un 2,51%. Sin embargo, en esas mismas etapas, en los centros privados-concertados, descendiendo algo más el alumnado (7,45%), no pierden apenas unidades, solo un 0,13% de descenso.

Para CCOO «Esto implica que se están protegiendo los intereses económicos de la gestión privada y no a los centros públicos. En definitiva, se está privatizando progresivamente el sistema…»

Ante los datos y las conclusiones a las que llegan de los sindicatos “privatización progresiva del sistema”, no parece muy real, y no lo es, ese multiverso creado por Sumar donde se defiende una cosa y su contraria como si la realidad no fuese la de una sociedad dividida en clases enfrentadas donde la parte del león se la llevan las clases pudientes, en detrimento de las clases trabajadoras.

O recuperas los fondos que inviertes en concertada reconvirtiendo lo “privado concertado” en público, mediante los mecanismos legales y presupuestarios necesarios, respetando puestos de trabajo y derechos adquiridos por el personal asalariado, a la vez que eliminas la prebenda, la subvención, o lo escrito en el programa no es sino un brindis al sol que viene a confirmar el viejo dicho de que el papel aguanta lo que le pongan. 

Si bien las componendas, las ambivalencias del PSOE, el sí pero no, son parte de su idiosincrasia socialdemócrata, lo que no parece de recibo es que partidos como el PCE, acepten este doble lenguaje, este querer contentar a tirios y troyanos, tanto en lo que respecta a la OTAN o envío de armas a Ucrania, como en lo que afecta al trasvase de fondos públicos a negocios privados, enseñanza concertada, hasta el punto de, programáticamente, asimilarse al PSOE, asumiendo posiciones claramente favorecedoras de la iniciativa privada en detrimento de la pública o, en política exterior, posiciones atlantistas que responden solo y exclusivamente al interés hegemónico de los EE.UU., que son claramente contrarias a los intereses de la clase trabajadora y diametralmente opuestas a las propuestas programáticas de algunos de los partidos coaligados.

Parecería necesario que la izquierda, IU y/o el PCE, revise sus políticas de confluencia electoral y aclare en qué medida la actual con Sumar, con sus alternativas programáticas líquidas de marcado tinte socialdemócrata, invalida y contradice las propuestas propias en educación, política exterior, pertenencia a la UE, a la OTAN, etc.