Intensas movilizaciones populares logran paralizar la tramitación de los Presupuestos 2021 en Guatemala
La participación indígena ha sido muy numerosa, cada vez más involucrada en las luchas sociales contra las políticas neoliberales, estimulada sin duda por los éxitos políticos, económicos y sociales de sus hermanos en Bolivia.
En Chile, los incrementos tarifarios en el transporte fueron el primer motivo que alentó lo que más tarde tomó forma de un fuerte estallido social. En Perú, la declaración de vacancia del Presidente Vizcarra acabó en una situación similar. Ahora, unas semanas más tarde, en Guatemala, la aprobación de unos Presupuestos del Estado para el 2021, calificados popularmente como “presupuestos criminales”, ha congregado a los guatemaltecos en repulsa a la decisión de la mayoría del Congreso de la República que los aprobó. Además de la retirada de los presupuestos, los manifestantes han reclamado la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei.
El dictamen de los Presupuestos de 2021 fue validado por el Congreso de Guatemala en la noche del 17 al 18 de noviembre pasado, a las 05,30 de la madrugada. Solo unas horas antes, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) había emitido el preceptivo informe favorable, y sin tiempo material para que los congresistas pudieran estudiarlo antes de la votación, fue sometido a la consideración del Pleno del Congreso ya entrada la noche. La mayoría de los congresistas votaron los Presupuestos a ciegas, sin poder antes evaluar ni debatir su contenido.
Las leyes presupuestarias son de las de mayor importancia en cualquier régimen que se precie de democrático. La Constitución de Guatemala de 1985[i] dispone en el artículo 176 que los proyectos de Ley, como el relativo a los Presupuestos del Estado, se pondrán «a discusión en tres sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran.» Nada añade sobre este particular la Ley Orgánica del Organismo Legislativo de 21 de diciembre de 1994[ii], ni tampoco la Ley Orgánica del Presupuesto de 1997 y su Reglamento de 2013.[iii]
Mediante el mecanismo de la urgencia nacional, amparándose en la mayoría del Congreso, y aplicando la excepción del artículo 176 de la Constitución en claro fraude de ley, el Gobierno obtiene la aprobación del dictamen de los presupuestos para 2021, mientras el país soporta las consecuencias de dos huracanes consecutivos, Eta e Iota, y la pandemia del coronavirus.
De igual forma, el Gobierno vulneró también el plazo máximo para la presentación del proyecto presupuestario ante el Congreso fijado en Ley Orgánica del Presupuesto de 1997[iv] -dos de septiembre de cada año, artículo 23-, así como la obligación de remitirlo al legislativo «con ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal» –uno de enero de cada anualidad- establecido en el artículo 171 de la Constitución.
En su Informe de 19 de noviembre de 2020, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales «recomienda al Gobierno de la República a abandonar las prácticas opacas y antidemocráticas, y a corregir las anomalías del presupuesto aprobado, recurriendo a los mecanismos que establecen la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto.»[v] Finaliza el Informe con una apelación a la ciudadanía para que «se apropie del presupuesto público y exija que el mismo sea diseñado y ejecutado para elevar el bienestar social y fortalecer el bien común, como es deseable y necesario en todo régimen democrático funcional.»
Este proceso parlamentario en la tramitación de los Presupuestos del Estado de 2021, plagado de muy graves irregularidades de procedimiento, responde a su contenido antipopular y reaccionario.
En efecto, aunque el presupuesto alcanza una partida global de un 25% más que en 2020, – 99.700 millones de quetzales, unos 10.800 millones de euros- sin embargo no contempla refuerzos en el gasto social y sanitario tras un año marcado por el coronavirus –más de 4.000 fallecidos- y los huracanes Iota y Eta -53 muertos, 96 desaparecidos y más de un millón de afectados-, en un contexto en el que el 59% del país vive sumido en la pobreza, y casi la mitad de los niños menores de cinco años sufren desnutrición. Un dato revelador es que los fondos especiales para la campaña por la nutrición, que ascendían a 200 millones de quetzales –más de 21 millones de euros-, fueron suprimidos en los nuevos presupuestos. Se asigna menos presupuesto promedio por niño menor de cinco años y desnutrido que lo que se destina por niño en departamentos de menor vulnerabilidad a la desnutrición crónica.
Tampoco prevé un incremento real en consonancia con el aumento presupuestario en las partidas destinadas a sanidad y educación o a la lucha contra la pobreza que han quedado prácticamente congeladas, mientras que la mayoría de los fondos para la inversión, con notable crecimiento, están dirigidos principalmente a infraestructuras con el sector privado que es el contexto económico de donde se nutren las élites, la oligarquía y los altos funcionarios para todo tipo de actividades corruptas. En concreto, en 2020, lo presupuestado para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en donde se ubica las partidas más sensibles a la corrupción, ascendía a 5.049 millones de quetzales, mientras que en los presupuestos de 2021[vi] se fijan en 8.713 millones de quetzales, es decir, un incremento del 72,56% para el próximo ejercicio económico. Un 47,56% más que el incremento total presupuestario del 25%.[vii]
Muchas partidas de gastos quedan mal definidas, lo mismo que ocurriera meses atrás con las destinadas a combatir la pandemia, lo que facilita que estos fondos en gran parte no lleguen a sus receptores. No resulta extraño que en las movilizaciones populares se exhibieran numerosas pancartas que decían: «Giammattei, ¿dónde está el dinero?».
En la manifestación más importante del 21 de noviembre pasado, convocada ante la sede del Palacio Nacional de la Cultura en la capital de Guatemala, se concentraron decenas de miles guatemaltecos, especialmente jóvenes. A un kilometro de distancia, donde se halla el edificio histórico del Congreso, un centenar de encapuchados le prendió fuego, sin que los efectivos de la Policía, desarmada en esos momentos, impidieran que algunos de aquéllos se encaramaran a las ventanas, las rompieran e incendiaran sus dependencias. Más tarde, cometida la fechoría, los bomberos lograron apagar el fuego que causó serios destrozos en el emblemático edificio.[viii]
En ese mismo momento, a un kilometro de trayecto, como se ha dicho, en la Plaza del Palacio Nacional de la Cultura, decenas de miles de manifestantes en actitud pacífica, sufren la fuerte represión de las patrullas policiales, en esta ocasión bien equipadas, que dejaron gran cantidad de heridos, algunos de los cuales perdieron la visión de un ojo.
Unas horas antes, el Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, instó a Giammattei a renunciar ambos de sus cargos, al unísono, como fórmula que contribuyese a la pacificación de la nación. A la fecha, ninguno ha dimitido.
No solo en la capital, sino también en numerosas localidades, se realizaron movilizaciones exigiendo la retirada de los Presupuestos de 2021, así como la dimisión del Presidente de la República. En ocasiones, los manifestantes han expresado la necesidad de una refundación de la patria, demandando un proceso constituyente.
Guatemala tiene una población cercana a los 15 millones de habitantes, de los cuales 6.5 millones se autoidentifican como indígenas de los pueblos Mayas, Garífunas, Xincas y Croeles o afrodescendientes. Al igual que una presencia juvenil abundante, la participación indígena ha sido muy numerosa, cada vez más involucrada en las luchas sociales contra las políticas neoliberales, estimulada sin duda por los éxitos políticos, económicos y sociales de sus hermanos en Bolivia.
Las amplias movilizaciones populares han logrado la retirada de los presupuestos del 2021, lo que no es poco, pero Giammattei sigue siendo por ahora Presidente de la República. El desprestigio del Gobierno es muy amplio y las movilizaciones continúan. La crisis política sigue abierta. El texto constitucional no permite la tramitación de unos nuevos presupuestos y el artículo 24 de la Ley del Presupuesto de 1997 impone en este caso la prórroga de los presupuestos de 2020, «el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso.»
A la fecha, las movilizaciones de los guatemaltecos no cesan. Concentraciones casi a diario de muy diversos sectores sociales y cierre de carreteras, entre otras, conforman una agenda de amplio y fuerte protagonismo social que denota organización y persistencia y en las que se reclaman no solo la dimisión de Alejandro Giammattei, sino también, cada vez con más fuerza, la apertura de un proceso constituyente que siente las bases de una democracia plena alejada de las políticas neoliberales, combata con firmeza la corrupción actual generalizada de la oligarquía y las élites económicas, recupere soberanía y pongan en marcha políticas que atiendan las necesidades de la población indígena, de los trabajadores, de los jóvenes y, en general de las capas populares.
En este sentido, diversas organizaciones guatemaltecas estudiantiles, campesinas, indígenas y religiosas anunciaron el lunes, 7 de diciembre, que mantendrán en pie las “jornadas de lucha ciudadana” contra el gobierno de Alejandro Giammattei “hasta lograr transformaciones reales y estructurales”. Estas organizaciones explicaron en un comunicado que el país centroamericano «necesita transformar el sistema desde su raíz y, en lo inmediato, acciones reales de atención a las necesidades urgentes de vivienda, alimento y salud». Y añaden «que la solución para el país es una asamblea plurinacional constituyente que represente las distintas naciones que componen Guatemala».
En el 2015, los guatemaltecos obligaron a dimitir al Presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. Las movilizaciones populares de entonces lo hicieron posible. Unos acontecimientos que ahora todos recuerdan y desean repetir pero añadiendo esos nuevos objetivos que antes hemos señalado.
Miguel Medina Fernández-Aceytuno
[i] Constitución de la República de Guatemala de 1985, https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Guatemala.pdf
[ii] Ley Orgánica del Organismo Legislativo, https://pdba.georgetown.edu/Legislative/Guate/GuateLey_Org.pdf
[iii] Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, http://snip.segeplan.gob.gt/sche$sinip/documentos/Ley_organica_cgc.pdf
[iv] Ley Orgánica del Presupuesto, http://mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2013/07/ley_organica_del_presupuesto.pdf
[v] Informe de 19 de noviembre de 2020 del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, https://www.icefi.org/index.php
[vi] Presupuestos del Estado 2021, https://icefi.org/sites/default/files/guatemala_-_presupuesto_2021.pdf
[vii] Presupuestos del Estado de 2020, cuadros globales 2020, cuadro nº 5, https://www.minfin.gob.gt/index.php/proyecto-de-presupuesto
[viii] ver minutos 2.34 a 2.44 video, https://www.youtube.com/watch?v=0saez1Hd7Xc