Las guerras, el poder y la impunidad

Ayudar al movimiento internacional contra la guerra.

El 8 de diciembre, los EEUU vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo el alto el fuego en Gaza. Guterres, secretario general de Naciones Unidas, demanda el cumplimiento del Artículo 99 de la Carta de la ONU, dando cuenta de que todo el sistema alimentario, de salud y por tanto de vida, en Gaza está colapsado por la agresión militar, señalando el hecho manifiesto de que “los civiles no están siendo protegidos efectivamente” por parte del Estado de Israel. Concluyendo: “es urgente evitar que la población civil sufra mayores daños; con un alto el fuego humanitario, pueden restablecerse los medios de supervivencia y la ayuda humanitaria puede entregarse de forma segura y oportuna en toda la Franja de Gaza”. Con su único voto en contra, los EEUU bloquearon la iniciativa internacional, poniendo en claro el papel de la gran potencia imperialista en las guerras que se multiplican. El embajador de la gran potencia alegó que cualquiera “alto el fuego”, sin aplastar totalmente la resistencia palestina, es inaceptable para Estados Unidos. 

El argumento imperialista busca retorcer el derecho internacional; como también realiza el gobierno español, a través de su presidente P. Sánchez, poniendo en primer plano “el derecho de Israel a defenderse del terrorismo”. Se falsea así el sentido de dicho derecho, en tanto que “el derecho a la defensa solo puede invocarse cuando un Estado se ve amenazado por otro Estado”, lo que no es el caso de la masacre contra el pueblo palestino. Francesca Albanese, relatora de la ONU en los territorios palestinos, lo señalo con claridad: “No se puede reclamar el derecho de autodefensa contra una amenaza que emana de un territorio que ocupa, de un territorio mantenido bajo ocupación”. 

El voto de EEUU por la destrucción y la guerra, por el genocidio de todo un pueblo que resiste, es la continuidad de sus esfuerzos por mantener el Estado de Israel desde hace muchas décadas, por establecer en Oriente Medio, y al precio que sea, un Estado de guerra permanente contra los derechos de los pueblos. El mismo día que los EEUU vetaron el alto el fuego, se anunciaba el suministro de municiones para tanques, y ello al margen de la necesaria resolución del mismo Congreso norteamericano.

Los presupuestos para las guerras se encuentran sometidos a las relaciones entre el partido demócrata y el republicano. Este último exige que el cierre de la frontera sur con México para dar su visto bueno a la financiación de las mafias de Zelenski y Netanyahu. La guerra, olvidada por los medios de comunicación, se recrudece en Ucrania, con unos frentes estancados desde hace meses, que repercute en lo político y económico en los países involucrados en el baño de sangre y en los de la zona, como es el caso de Polonia. 

Los EEUU, en su papel de gendarme imperialista mundial, vienen de una larga senda de crímenes atroces cometidos en todos los continentes, desde las guerras de Corea y hasta la promoción de las guerras de Ucrania y Palestina. Papel criminal que no puede eludir sus debilidades, que comienzan por tratar de no intervenir de forma directa en los conflictos armados, para no tener que enfrentarse a los amplios sectores de los propios Estados Unidos que se oponen a la política de guerra. El síndrome de Vietnam, es decir, el miedo a la derrota política, está muy presente en las políticas imperialistas, y hoy adquiere nuevas formas en las guerras de Ucrania y Palestina.

El 13 de diciembre, la Asamblea General de la ONU logra, por fin, aprobar una resolución que insta a un alto el fuego sin condena alguna a Hamás. Resolución aprobada por 153 países, con 23 abstenciones y 10 en contra. Estados Unidos e Israel volvieron a quedar en minoría. Votación que es un reflejo de que la crisis internacional se ha convertido en seria amenaza para la paz y la seguridad. El mismo Biden ha tenido que reconocer que el Estado de Israel (y todos los que lo respaldan) están perdiendo apoyo internacional.  

Hemos de reconocer que lo que está sucediendo en Gaza, y por extensión sobre las tierras palestinas, supera todos los horrores conocidos de la guerra imperialista. Para los principales Estados del mundo, se trata de normalizar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, como parte de la vida corriente; no solo como política de Estado, sino como parte esencial de la política de los principales organismos internacionales, como es el caso de la Unión Europea, cuya fundación se vino a justificar por la necesidad de la colaboración económica entre países contra la guerra. 

La lucha contra la guerra tiene un contenido nacional y otro internacional, que están íntimamente relacionados entre sí. Toma una forma nacional, de acuerdo con la situación política de cada país; y un contenido internacional, cuyo principio no puede ser otro que la misma derrota del imperialismo, de los amos del mundo y señores de la guerra. Eso se traduce, en el caso de España, en la necesidad del reagrupamiento político republicano, y de la más amplia movilización contra la guerra imperialista, exigiendo al gobierno español la ruptura de los compromisos con las grandes potencias y, en concreto, contra la OTAN y la Unión Europea. Romper con la guerra y con la monarquía son exigencias democráticas que se combinan.

La amnistía parcial negociada por el Gobierno y los partidos nacionalistas catalanes sigue removiendo todas las instancias nacionales e internacionales. Las togas se mueven y remueven para proteger sus privilegios y abusos, y el CGPJ avisa de que tomará medidas para proteger a los magistrados del TS, considerando inadmisible que la diputada de Junts llamase indecentes a los representantes de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena y a los magistrados Carlos Lesmes y Pablo LLarena. El presidente en funciones del CGPJ confunde intencionadamente la separación de poderes, con el supuesto poder que los altos magistrados deben tener para que nadie pueda criticar sus actuaciones; tratando de jugar un papel político que no les corresponde. Los togados de los altos tribunales llevan a cabo una amplia campaña política para impedir la ley de “amnistía” sobre la que se sostiene el gobierno de coalición. Son todas las instituciones del Estado de la monarquía las que están involucradas en las políticas de guerra, injusticia e impunidad… 

Recientemente, algunos colectivos de la Memoria se dirigían al Tribunal Supremo reclamando la derogación de la amnistía de 1977, que legaliza los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra y la dictadura, dado que los juzgados españoles han rechazado todas las demandas de las víctimas, privando a tres millones de personas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Cierto es que el Tribunal Supremo, con sus sentencias sobre los asuntos de Memoria y de víctimas que han llegado a sus salas, ha establecido sentencias de la más completa impunidad, pero no es menos cierto que la llave que puede acabar con tanta impunidad está en manos de quienes ostentan la mayoría política y bloquean la justicia con leyes de impunidad, como la de Zapatero o Sánchez. Evidentemente, las Cortes Generales, de la misma manera que ha adoptado una propuesta de ley de amnistía para los activistas del referéndum del 1 de octubre por la república catalana, podría establecer una verdadera ley de víctimas que acabase con el abuso de poder y la impunidad. Y esa responsabilidad recae directamente en los partidos que conforman la mayoría y forman parte del Gobierno. 

La movilización contra las guerras y el imperialismo es una realidad palpitante en los principales países del mundo, poniendo en primer plano la consigna del inmediato alto el fuego. En consonancia con ese movimiento general, es urgente la celebración de reuniones internacionales de representantes de estos, que pongan en común los planes e iniciativas conjuntas contra la guerra en todas partes, por la paz y los derechos nacionales, democráticos y sociales de la mayoría.

¡Por la articulación de un movimiento internacional contra la guerra!

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