Amenaza de desahucio en Jaén
Afecta a una familia con tres menores con un ingreso de 600 euros mensuales hasta agosto, «lo que le impide enfrentarse al mercado del alquiler que necesita de un aval o de un salario que supere en un porcentaje la cuantía del alquiler apagar y que no baja de los 400 euros».
El pasado 11 de enero, el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Jaén, ordenó el desahucio de una familia sin recursos, con tres hijos menores de 1, 3 y 14 años. El 28 del mes anterior se produjo una importante movilización popular en solidaridad con los afectados (Luis, Diana y sus hijos), concentrándose a las puertas del Juzgado donde entregaron un pliego de firmas solicitando la paralización del desahucio hasta tanto las administraciones competentes ofrecieran a la familia una vivienda social o en alquiler de renta baja, dado que el matrimonio se encuentra en paro, sin perspectivas próximas de encontrar empleo y constituir una familia vulnerable.
La intervención del Defensor del Pueblo, la expedición de una certificación municipal de vulnerabilidad y, sobre todo, la movilización solidaria en apoyo de los perjudicados, organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH de Jaén) y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI), entre otras entidades y organizaciones sociales y políticas, hicieron posible entonces que la amenaza del desahucio no se consumara.
Sin embargo, meses más tarde, nuevamente el Juzgado ha dado orden de desahucio para esta familia. Como respuesta, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros colectivos sociales, han emitido un comunicado para denunciar que el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, que impide lanzamientos de familias vulnerables al menos hasta el próximo 30 de septiembre, no ha sido tenido en cuenta para proteger a esta familia con tres menores, a pesar de cumplir con los requisitos que recoge esta ley ya que los afectados están reconocidos como familia en riesgo de exclusión social en un informe de vulnerabilidad.
Debemos recordar que en la actualidad tenemos seis millones de jóvenes que no pueden acceder a las más de tres millones de viviendas vacías existentes en nuestro país, según datos del último censo del INE. Mientras, los lanzamientos practicados en durante el año 2021 ascendieron a 41.359, cifra un 40,6% superior a la de 2020, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En los primeros cinco meses de 2022 el número de desahucios supera los 11.000, un 1% más desde el mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pese a la normativa del gobierno de coalición, ahora prorrogada hasta el 30 de septiembre próximo, los desahucios, sin solución habitacional, constituyen una injusta realidad a la que todos debemos oponernos mediante el pleno ejercicio de los derechos democráticos reconocidos en la Constitución.
El nuevo desahucio previsto contra esta familia está señalado para el próximo 5 de julio por la mañana. El comunicado de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, Stop Desahucios de Jaén y Centro de Estudios e Iniciativas Municipales (CEIM) es el siguiente:
