COESPE: “la edad de retiro hasta los 72 años”

Para las mujeres, esta reforma supone una doble carga, ya que además de enfrentarse a una brecha salarial y de pensiones, deben asumir mayor carga en el trabajo de cuidados, lo que las empuja aún más a prolongar su vida laboral.

El reciente voto de Vox, PP y Junts contra el Decreto Ómnibus ha evidenciado no solo una estrategia política oportunista, sino también su clara alineación con los intereses de las grandes corporaciones y las élites económicas. Los argumentos esgrimidos por los partidos de la derecha, son incomprensibles. Es un auténtico menosprecio a millones de jubilados y jubiladas que han visto con enorme preocupación e irritación, como desde el parlamento se menospreciaban sus problemas para llegar a final de mes.

Ha sido un gesto de cinismo y falta de escrúpulos de gran parte de la «casta política» que nos gobierna. La ofensiva de la derechona tenía como objetivo evitar que las eléctricas pagaran los 1600 millones de impuestos con el argumento de unas supuestas inversiones. Por otra parte, los beneficios de estas compañías que se reparten el pastel en nuestro país ha alcanzado la obscena cifra de 7770 millones de euros. El oligopolio eléctrico cuenta con el apoyo de la derecha que no ha dudado en votar contra la revalorización de las pensiones, como fórmula de presión, provocando el desasosiego en millones de pensionistas.

Ha sido también una gran cortina de humo; mientras el debate se centraba en la denominada ley «ómnibus» ahora troceada, se ocultaba una reforma en el ámbito de las pensiones de enorme calado. Es la tercera pata de la reforma de las pensiones la primera se aprobó en 2021, la segunda en 2023 y esta sería la tercera, aunque habrá más modificaciones en un futuro inmediato. El gobierno apoyándose en las fuerzas «de izquierda» que conforman el gobierno socio-liberal que tenemos, está intentando venderlas como una reforma «progresista» ocultando que actúa a las órdenes de los grandes actores financieros a nivel internacional como BlackRock o la UE.

El gobierno, la izquierda de SUMAR, la derecha del PP, Vox, PNV, Junts que ha contado con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT lejos de enfrentarse a las desigualdades del sistema de pensiones en nuestro país, y proteger a los sectores más vulnerables, ha impulsado el Real Decreto 11/2024 de 23 de diciembre. Este decreto, que entrará en vigor en abril del 2025, introduce nuevas modalidades de jubilación «voluntarias», cuyo verdadero objetivo es alargar la edad de retiro hasta los 72 años, disfrazándolo de una opción flexible cuando, en realidad, es una medida coercitiva disfrazada de modernización del sistema de pensiones. Es un modelo que golpea especialmente a las mujeres que históricamente han tenido carreras de cotización más cortas.

Este modelo de ampliación de la edad de jubilación está basado en la idea de la Reforma Hartz en Alemania. En 2003 Peter Hartz, director ejecutivo de recursos humanos de Volkswagen y asesor del gobierno socialdemócrata del momento, propuso la generalización de los ahora conocidos como «Minijobs». Era un objetivo largamente deseado por la patronal alemana; la extensión de la edad de jubilación. Se permitió dado que se había endurecido el acceso a unas jubilaciones dignas la posibilidad de compaginar la jubilación con trabajos a tiempo parcial. Una década después, el propio Gerhard Schröder, a la sazón canciller en ese momento, se arrepentía de algunas de las modificaciones que la ley había introducido. Los jubilados habían dejado de trabajar de forma «voluntaria» para hacer jornadas de ocho horas, dado que la jubilación no llegaba para pagar las facturas a final de mes. Una de las consecuencias fue, además de recortar los subsidios por desempleo y reducir las futuras pensiones, la ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67 años. El gobierno socialdemócrata de entonces lo vendía como un complemento de la pensión, que comenzaron siendo «voluntarios» para transformarse en imprescindibles. En lugar de garantizar pensiones dignas y corregir las desigualdades históricas, el gobierno optó por extender la vida laboral de quienes menos recursos tienen para enfrentar la vejez. Este es el modelo que el ejecutivo «progresista» ha emprendido.

Para las mujeres, esta reforma supone una doble carga, ya que además de enfrentarse a una brecha salarial y de pensiones, deben asumir mayor carga en el trabajo de cuidados, lo que las empuja aún más a prolongar su vida laboral. Este nuevo esquema de jubilación cuenta con varias modalidades, todas ellas orientadas a empujar a los trabajadores y trabajadoras a continuar en activo más allá de la edad legal de jubilación. La primera es la Jubilación parcial (Reducción de la jornada laboral combinada con la percepción de una parte de la pensión) Jubilación demorada (Extensión de la vida laboral hasta los 72 años a cambio de supuestos incentivos económicos) Jubilación activa: (La posibilidad de jubilarse a la edad legal, pero con la «opción» de buscar un empleo a tiempo parcial para complementar ingresos)

Desde la Comisión Mujer de Coespe, denunciamos que esta política es un atentado directo contra los derechos laborales y afecta desproporcionadamente a las personas con trabajos precarios, especialmente a las mujeres. Aquellos sectores con salarios más bajos y menos años cotizados se verán forzados a acogerse a estas medidas, convirtieron en obligatoria lo que el gobierno pretende vender como una opción voluntaria. La «libertad de elegir» trabajar hasta los 72 años solo es tal si existen condiciones materiales para optar por una jubilación digna, algo que esta reforma niega a la mayoría.

Lejos de corregir las desigualdades estructurales, el Ejecutivo está optando por prolongar la edad de jubilación en lugar de elevar las pensiones mínimas al nivel del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los datos muestran que esto afectará sobre todo a las mujeres, ya que en España existen actualmente 2.139.907 personas con pensiones mínimas, de las cuales 1.950.421 son mujeres. Además, los salarios femeninos siguen siendo un18% inferiores a los de los hombres, y de las 2.800.000 personas que trabajan a tiempo parcial, 2 millones son mujeres.

Si analizamos las causas de esta situación, encontramos que 356.200 mujeres han solicitado reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas mayores, lo que repercute negativamente en sus cotizaciones y futuras pensiones. Esta precariedad acumulada las convierte en las principales «candidatas» a trabajar hasta los 72 años, consolidando una situación de desigualdad estructural que el gobierno, en lugar de combatir, está perpetuando con este nuevo marco legal.

La brecha de género se refleja también en la edad de jubilación. Mientras los hombres se retiran en promedio a los 65 años, las mujeres lo hacen a los 66,5 años, lo que demuestra que ya ahora se ven obligadas a retrasar su retiro, la esperanza de vida para las mujeres se verá sensiblemente reducida. Este nuevo decreto no hará sino agravar esta situación.

La movilización social ha demostrado ser un factor clave en la rectificación de políticas injustas, y es necesario que esta presión continúe para garantizar un sistema de jubilación justo y equitativo. Con las movilizaciones sostenidas en el tiempo impulsadas especialmente por COESPE, se ha logrado en algunos casos revertir las propuestas, en otras retrasarlas o limar sus aristas más negativas para los jubilados y jubiladas en nuestro país. Solo a través de una reforma que priorice el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y no solo los intereses económicos, se podrá avanzar hacia un futuro con mayor igualdad y justicia social.

Comisión de la mujer de COESPE

Fuente: COESPE