Los cortes de luz atentan contra la integridad física y moral

La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar para asegurar el nivel social y material adecuado de energía presentando peor estado de salud física y mental.

En el Distrito Norte de la ciudad de Granada se producen cortes de luz diarios desde hace años. Desde los centros de salud se pueden observar en cada consulta y visita domiciliaria los efectos que estos despliegan sobre la integridad física de la población. Lejos de ser un fenómeno aislado, este problema afecta de forma sistemática hasta no menos de 12 barrios de todo el Estado, como Cañada Real (en Madrid), Distrito Norte (en Granada), Font de la Pólvora (en Girona), El Puche, la Chanca y El Quemadero (en Almería), Sant Roc (en Badalona) y Polígono Sur (en Sevilla). Estas barriadas obreras comparten altos niveles de desempleo y economía informal, bajo nivel socioeconómico y educativo, núcleos urbanos periféricos creados a partir de los años sesenta del siglo pasado para realojar a diferentes poblaciones sin integrarlas en una trama urbana cohesionada, baja calidad de los servicios públicos, altos niveles de estigma y discriminación, así como mayor número de personas migrantes y racializadas habitando sus calles con respecto a otras partes de la ciudad.

La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar para asegurar el nivel social y material adecuado de energía debido a la interrelación entre los altos precios de la energía, la falta de eficiencia energética de los hogares y los electrodomésticos, los bajos ingresos en el hogar y las necesidades energéticas de este; otras autoras amplían esta definición incluyendo el desarrollo de estrategias alternativas para lidiar con la escasez energética.

Estos aspectos se insertan a su vez en determinantes estructurales de legislación en materia laboral, económica, de vivienda y energía, así como en el grado de protección de los estados ante la pobreza energética. La OMS considera la pobreza energética como un problema social y de salud pública, y el suministro eléctrico como «un requisito previo para la buena salud, en gran medida ignorado por la comunidad internacional». El acceso a la energía se configura como elemento esencial para una vivienda digna, derecho fundamental[i] reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. 

Las personas en situación de pobreza energética y cuyas rentas se encuentran bajo el umbral de la pobreza habitan, en la mayoría de los casos, en viviendas antiguas construidas antes de la década de 1980 cuando la eficiencia energética no estaba contemplada en las condiciones normativas de la regulación de los edificios. Cabe destacar que los hogares españoles han sufrido la mayor subida del precio de la luz de toda la Unión Europea (UE) en la última década: un 66,8% entre 2008 y 2018, un valor 38 puntos superior a la media de la UE, donde la subida fue del 28,2%. Los últimos datos del informe AROPE muestran que un 26,7% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un total de 12.188.288 personas. Además, 6,8 millones de personas sufren temperaturas inadecuadas en sus viviendas, retrasos en el pago de recibos o ambos; principalmente hombres y mujeres mayores de 65 años que viven solas, hogares monomarentales, menores y personas migrantes, que conformarían los principales grupos de riesgo. 

En cuanto a los efectos sobre la salud y la integridad física, la pobreza energética actúa como un elemento generador de desigualdades en salud relacionado con otros determinantes que generan enfermedad, como la falta de ingresos, la vivienda precaria o la contaminación ambiental.  En el último año ha habido siete incendios en el barrio de la Font de la Pólvora, la mayoría por quema de fusibles. En el mes de julio se desalojó un bloque con ocho familias sacando a los niños por la ventana. En el de septiembre, hubo heridos por inhalación de humo. 

Los hogares en situación de pobreza energética presentan peor estado de salud física y mental, así como un mayor riesgo de depresión. El informe Marmot “Impacto en la salud de la pobreza energética” muestra un aumento de las muertes en invierno en aquellos países con mayor dificultad para calentar la vivienda. Los hogares afectados presentan una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, resfriados y empeoramiento de enfermedades reumatológicas en adultos; mayor incidencia de asma, bajo peso al nacer e ingresos hospitalarios en la infancia así como problemas de salud mental en la adolescencia y absentismo escolar. No debemos olvidar la mortalidad asociada a los golpes de calor, que afecta principalmente a mayores de 65 años, grupo especialmente vulnerable en caso de sufrir pobreza energética durante los meses de verano.

Algunos de los problemas de salud específicos más afectados por la pobreza energética son los siguientes:

  • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): la oxigenoterapia crónica domiciliaria administrada durante un mínimo de 15 horas al día y la ventilación no invasiva domiciliaria han demostrado mejorar la supervivencia y la disnea (lo que se asocia a menores limitaciones en la actividad de la vida diaria, mayor calidad de vida y mejor capacidad física), así como retrasar la aparición de complicaciones y prevenir las hospitalizaciones por reagudización. Todos estos beneficios para la salud son electrodependientes. Además, las temperaturas extremas de frío y calor y la contaminación del aire respirado por el empleo de estufas y chimeneas han demostrado que aumentan las exacerbaciones y la mortalidad por EPOC. Entre las estrategias para lidiar con la falta de suministro eléctrico cabe destacar la ofrecida por la empresa suministradora a aquellos usuarios de oxígeno suplementario: balas portátiles de oxígeno, sistema ya obsoleto y en desuso por el elevado riesgo de accidentes y explosiones que presenta. Las que necesitan respiradores por la noche se les desconectan cuando falla el suministro.
  • Diabetes mellitus: la alimentación y la adecuada terapia con insulina son dos de los factores que afectan al buen control de la enfermedad y contribuyen a evitar el riesgo de complicaciones agudas y crónicas. Una alimentación variada con productos frescos resulta inalcanzable para quienes no pueden conservar alimentos en el frigorífico ni encender la cocina; esto da lugar a dietas menos saludables y variadas. Respecto a las plumas de insulina, deben conservarse en la nevera entre 2 y 8 °C. Su estabilidad a temperatura ambiente (22-25 °C) varía desde 24 horas a 8 semanas, y aunque se pueden utilizar, su efecto es menor, por lo que se aconseja monitorizar de forma más estrecha los niveles de glucosa en sangre y aplicar dosis mayores si es necesario, lo que aumenta el riesgo de provocar hiperglucemias e hipoglucemias. No se debe utilizar la insulina expuesta a temperaturas superiores a 40 °C. Además, la inseguridad energética se asocia con un mayor número de consultas médicas en pacientes con diabetes. Las insulinas para la diabetes van de nevera en nevera, sobre todo en verano: se guardan en la nevera del vecino que ese día tenga luz. Y la dificultad que tienen al pincharse insulina y no ven para hacerlo o cuando se equivocan con las pastillas porque la luz de la vela no es suficiente para distinguirlas.
  • Cuidados paliativos y personas inmovilizadas: la oxigenoterapia domiciliaria ha demostrado mejorar los síntomas en pacientes al final de la vida con patologías que generen hipoxemia, como insuficiencia cardíaca terminal, EPOC y cáncer terminal. En personas inmovilizadas, muchas de las ayudas técnicas (grúas, camas articuladas, colchones antiescaras, ascensores, sillas de rueda eléctricas) que ayudan a prevenir las úlceras por presión y sus posibles complicaciones son electrodependientes. Las consecuencias de no disponer de ellas no solo afectan a la dignidad y a la integridad física y moral de las personas inmovilizadas, sino también y muy especialmente a sus cuidadoras, aumentando su sobrecarga.
  • Uso de dispositivos CPAP en el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) y cardiopatías: en el SAOS, mejora la respiración durante el sueño y la calidad de este, disminuye la somnolencia diurna e incrementa el estado de alerta (reduciendo el riesgo de accidentes de tráfico); también mejora las alteraciones neuropsicológicas, la calidad de vida y la presión arterial. En aquellas personas con cardiopatía, el tratamiento con CPAP mejora la función cardíaca, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, y parece asociarse con una disminución del riesgo de arritmias. Este tratamiento requiere suministro eléctrico, y la falta de este se asocia al empeoramiento de dichas patologías, así como al aumento de la mortalidad por insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes con cardiopatía de base.
  • Fragilidad y riesgo de caídas: la falta de suministro eléctrico conlleva la ausencia de iluminación en el hogar y el consiguiente aumento del riesgo de caídas y accidentes domésticos por las fuentes lumínicas alternativas empleadas (como velas, quinqués o lumin gas). Por otro lado, en muchas ocasiones la persona permanece sentada en la oscuridad hasta que vuelve la luz por miedo a caerse; esto afecta a la realización de actividades básicas de la vida diaria como alimentarse o ir al baño, aumenta el nivel de dependencia, empeora la calidad de vida y atenta contra la dignidad misma de la persona. Además, reduce los estímulos físicos y mentales del entorno, aumentando el riesgo de deterioro cognitivo y fragilidad. Sobre el espacio público, la falta de alumbramiento en las calles empeora la seguridad y la accesibilidad, lo que disminuye las oportunidades de contacto social, las salidas de casa y la actividad física. Estos problemas de accesibilidad a la vivienda y su entorno están relacionados con una peor opinión sobre el estado de salud y bienestar percibidos, y menor bienestar psicológico.

En este sentido, las personas electrodependientes, son víctimas de trato degradante y agresión física y moral con los sistemáticos cortes de fluido eléctrico provocados por las compañías eléctricas privatizadas de España, sin que hasta la presente, las diferentes administraciones públicas hayan tomado medidas eficientes para impedir estos atropellos a los derechos fundamentales de los afectados.

En la edición del periódico Ideal de Granada de 22 de enero pasado[ii], aparece esta noticia: «Malas noches, Granada: «Pepa se rompió el coxis al irse la luz: no andará más… va a hacer 96 años. Una abuela que sufrió un accidente en casa durante uno de los habituales apagones en el barrio de Casería de Montijo vive postrada en la cama porque no la pueden operar

¿Nos equivocamos cuando afirmamos que los cortes de fluido eléctricos sistemáticos dañan la integridad físicas y moral de las personas y constituyen un trato degradante?

Texto extraído del trabajo de Maribel Valiente González, residente de Medicina Familiar y Comunitaria y Marta García Caballos, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ambas pertenecientes al Centro de Salud Cartuja de Granada. El trabajo íntegro está en la web de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, su enlace es: Cuando los cortes de luz te quitan la salud (AMF 2020) No todo es clínica (amf-semfyc.com)

Arturo Borges Álamo


[i] Artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España, BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1977, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

El artículo 15 de la Constitución Española reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tratos degradantes

[ii] Ideal de Granada, 22 de enero de 2021, https://www.ideal.es/granada/malas-noches-granada-20210122201908-nt.html

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