De la porra a la acampada: el contrapoder popular que despierta en Sol
Es cierto que figuras como el secretario general del PCE, Enrique Santiago, o la eurodiputada Irene Montero, asistieron a las movilizaciones posteriores, pero lo hicieron resguardados en un cómodo segundo plano. Desde posiciones comunistas o feministas de genuina transformación, el lugar histórico en el momento crítico no era la presencia testimonial en la retaguardia, sino la puerta de esa vivienda. Dejar a la ciudadanía sola frente a la crudeza de la represión es una renuncia política inaceptable. Un liderazgo conectado con los intereses de clase no busca el foco mediático; planta el cuerpo en primera línea junto a los desahuciados para intentar detener la violencia estatal con su presencia.
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El materialismo histórico nos impide leer la realidad como un álbum de fotografías desconectadas; nos exige analizarla como una totalidad donde cada encuadre revela los intereses de clase en pugna. La coyuntura que atraviesa el Estado español no responde a una sucesión accidental de crisis —migratoria, habitacional, judicial—, sino a una operación de desestabilización a gran escala. Es una ofensiva orquestada por el bloque dominante para someter a un Gobierno que, débil y claudicante, ha perdido el control efectivo de sus propios aparatos represivos. Asistimos, en definitiva, al levantamiento del Estado profundo.
Para descifrar esta ofensiva, el análisis debe partir del laboratorio del horror en el que han convertido a Ceuta. La crisis desatada a finales de julio trasciende el drama humanitario: es un episodio de guerra híbrida donde Estados Unidos, Israel y Marruecos han instrumentalizado la migración como arma y la frontera como trinchera. Este escenario ha operado como el caldo de cultivo perfecto para la fascistización acelerada de las fuerzas de seguridad del Estado. La normalización de agresiones y emboscadas con intervención militar, así como el despliegue de 4.100 efectivos y la dotación de gas pimienta a patrullas admitidos por el Ministerio de Defensa, evidencian una deriva autoritaria alarmante. Una impunidad que envalentona a los sectores neofascistas, tal como demostró el intento de linchamiento a una diputada de Ceuta el pasado 21 de septiembre. Cuando la violencia parapolicial se dirige contra cargos electos ante la mirada pasiva del Estado, presenciamos los prolegómenos de un fascismo de nuevo cuño.
Este asalto no ocurre en un vacío geopolítico, sino en un marco deliberado por el imperialismo atlantista. Washington y Tel Aviv, utilizando a Rabat como gendarme delegado, tejieron las condiciones propicias para golpear al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aprovechando la vulnerabilidad de la frontera sur, inyectaron una dosis letal de inestabilidad para castigar y neutralizar cualquier atisbo, por mínimo que fuera, de autonomía política y diplomática.
Esta bestialidad represiva no es una anomalía periférica; es la misma maquinaria coercitiva que opera en las calles de Madrid para blindar la especulación inmobiliaria. El infame desahucio de Maricarmen, arrancada de su hogar a los 87 años vulnerando frontalmente los mandatos sobre derechos humanos de la ONU, es la prueba de cargo de un Gobierno aislado y asediado. La claudicación gubernamental ante la no convalidación parlamentaria del Real Decreto Ley antidesahucios en marzo hizo que se entregara a la clase trabajadora a las fauces del rentismo. Y la respuesta del Estado fue, invariablemente, la fuerza bruta: antidisturbios, dando porrazos, retorciendo brazos, aplastando cabezas y cuellos ante resistencias pacíficas y posteriores cargas con pelotas de goma en el Paseo de la Castellana contra las 10.000 personas que salieron a protestar. No son frentes inconexos. Obedecen a una lógica unívoca: la vivienda como mercancía, la frontera como trinchera, la protesta como delito. El Estado burgués no arbitra entre clases; administra la correlación de fuerzas y, ante la rebelión de la mayoría social, enseña la porra y ejerce la brutalidad policial.
En este análisis de la totalidad, la crítica marxista debe apuntar inexcusablemente a quienes, arrogándose la representación obrera, eluden las últimas consecuencias de su posición. Como certeramente se ha apuntado desde reflexiones como las publicadas en Hojas de Debate, el desahucio de Maricarmen exigía ejercer una posición neta de vanguardia. Es cierto que figuras como el secretario general del PCE, Enrique Santiago, o la eurodiputada Irene Montero, asistieron a las movilizaciones posteriores, pero lo hicieron resguardados en un cómodo segundo plano. Desde posiciones comunistas o feministas de genuina transformación, el lugar histórico en el momento crítico no era la presencia testimonial en la retaguardia, sino la puerta de esa vivienda. Dejar a la ciudadanía sola frente a la crudeza de la represión es una renuncia política inaceptable. Un liderazgo conectado con los intereses de clase no busca el foco mediático; planta el cuerpo en primera línea junto a los desahuciados para intentar detener la violencia estatal con su presencia. La vanguardia no se decreta desde las actas parlamentarias; se ejerce poniendo el cuerpo. Si se reclama representar a la clase trabajadora, hay que asumir su riesgo, su represión y su dignidad. Lo contrario no es táctica institucional, es la simple gestión de la derrota.
Se revela así un doble cortocircuito: por un lado, una izquierda institucional incapaz de asumir la vanguardia en la calle; por otro, un Ejecutivo sin control sobre unas fuerzas de seguridad que emplea la saña con la protesta social, ni sobre algunos efectivos militares que aplican lógicas de guerra sucia en la frontera. Este desgaste basal es instrumentalizado sin piedad por las altas magistraturas en su particular cruzada de lo que puede parecer un «golpismo judicial», cuando se concatenan hechos objetivos. Al suspender la ‘Ley de Nietos’, avalar desahucios y procesar al entorno familiar presidencial más estrecho, la judicatura conservadora abona objetivamente el terreno reaccionario. No es una disputa técnica: es una guerra de posiciones gramsciana, librada con togas y sumarios, mientras las porras garantizan el orden material del capital.
La culminación de esta estrategia cristalizó el sábado 26 de septiembre de 2026, en Madrid. Bajo el pretexto de defender Ceuta, una supuesta «Sociedad Civil Española» marchó arropada abiertamente por el PP y Vox. En la cabecera, Santiago Abascal se dio un baño de multitudes al grito de «¡presidente!». La ausencia de Núñez Feijóo, sustituido por Miguel Tellado, evidenció la sumisión discursiva del Partido Popular. Tellado clamó contra una supuesta «invasión», comparó al Gobierno con el narcotráfico y evadió rechazar la exigencia de Vox de juzgar a Sánchez por traición. El fascismo vertebra ya a la derecha española: Vox impone el marco y el PP se pliega. No es un estallido espontáneo, sino una ofensiva coordinada donde judicatura, cúpulas policiales, medios, extrema derecha e imperialismo convergen para derribar cualquier posibilidad de gobierno autónomo y disciplinar a las clases populares.
Pero ese mismo sábado 26 de septiembre, mientras la reacción exhibía un músculo, que resultó desinflado, en el “Arco de la Victoria”, la dialéctica de clases materializó su réplica. Una marea de 300.000 personas desbordó el centro de Madrid bajo el lema «Ni una Maricarmen más». Convocada por el Sindicato de Inquilinas, esta marcha intergeneracional trazó una línea nítida de confrontación: «O con el capital o con la clase obrera». El clímax llegó con la acampada en la tarde noche en la Puerta del Sol, un eco ineludible del 15-M, coronado por el mensaje de la propia Maricarmen instando a convertir su drama en el motor del cambio legislativo. Al repicar de llaves y bajo la consigna «O cae el rentismo, o cae el gobierno», los manifestantes demostraron que el espacio público sigue en disputa.
La movilización, extendida a 40 ciudades en todo el Estado (en Las Palmas de Gran Canaria convocó 20.000 personas, aproximadamente) marca un ultimátum al Consejo de Ministros de cara al inminente decreto de vivienda. Las exigencias son innegociables: obligación de causa justificada para no renovar contratos, rebajar, topar o congelar precio de alquileres, conversión contractual a modelos indefinidos y regulación estricta de los alquileres de temporada. La advertencia del Sindicato de Inquilinas a CCOO y UGT para convocar una huelga general por la vivienda evidencia que el motor de la historia vuelve a girar por la base.
Esta irrupción no es un accidente. Es la respuesta organizada de la clase trabajadora a la ofensiva del bloque dominante. Un actor colectivo como el Sindicato de Inquilinas, nacido de la necesidad popular, ha asumido la posición de vanguardia que la izquierda parlamentaria dejó vacante. La conclusión es nítida: el aparato estatal está operando con una autonomía relativa que lo erige en ariete de las oligarquías. Frente a un Estado en guerra contra la mayoría social y una izquierda institucional que no comparece donde se la necesita, las clases populares no pueden limitarse a hacer de escudo humano del progresismo.
Urge la articulación de un contrapoder real: democratizar de raíz los aparatos de seguridad y justicia, desmilitarizar las fronteras, regularizar a los migrantes como sujetos de derecho, articular mecanismos solidarios de reubicación temporal en la Península y la UE, y expropiar de forma implacable a los especuladores que han convertido la vivienda en un botín. La acampada en Sol es la semilla de ese contrapoder. No basta con resistir; hay que organizar, disputar y gobernar desde abajo. La disyuntiva histórica no es entre orden y caos, sino entre democracia popular y autoritarismo oligárquico. Y esa batalla, contra el fascismo y la especulación inmobiliaria, no se libra solo en los escaños, sino en los barrios, en las plazas ocupadas y en las fronteras. Ayer la mayoría social dio un paso al frente; la pregunta ya no es si el contrapoder es posible, sino con qué firmeza seremos capaces de construirlo.
Una breve precisión:
Que no estuviera el secretario general del PCE en cabeza, no quita que estuvieran militantes comunistas en primera línea, (eso da pie al famoso “Culto a la personalidad”, que tanto daño ha hecho a los movimientos de izquierda), donde hay un comunista, esta El Partido!
Los viejos militantes no podemos ya estar donde quisiéramos, pero si hay multitud de militantes jóvenes, que nos están reemplazando, así no se hace partido, solo se intenta denigrar a algún que otro representante político, ya sea Santiago como Montero, han estado ahí presentes, testimoniando que los verdaderos militantes que son los que sostienen los partidos, si lo están desde el primer momento, conozco a militantes de Podemos y también estaban en primera línea igual que militantes comunistas
Salud y República
En direccion@hojasdebate.es hemos recibido el siguiente texto de Justo Soto:
A propósito del artículo de José Manuel Rivero «De la porra a la acampada»
Este texto no va contra el compañero José Manuel Rivero, con quien coincido en lo esencial: la urgencia de la movilización frente a la ofensiva del capital y la hostilidad hacia el bloque dominante. Tampoco va contra las compañeras y compañeros militantes y votantes de IU, del PCE, Sumar o de Podemos. Son trabajadores y trabajadoras que, muchas veces a pesar de sus propias direcciones, han sostenido luchas concretas cuando el aparato ya había pasado a otra cosa, y que han pagado con su tiempo y su esfuerzo la distancia entre el discurso institucional y la realidad del barrio. A ellos y a ellas no se les cuestiona: se les invita a construir otra cosa. La crítica es a las direcciones que administran el descontento, no a quienes lo viven. La discrepancia es de método, y por eso importa. Si el Gobierno es un rehén del sistema, la tarea es protegerlo; si es uno de sus arquitectos, la tarea es construir una fuerza independiente de él. Si la acampada es la vanguardia, basta con resistir; si es el punto de partida, hay que organizar, programar y disputar. Debatir estas diferencias no divide: clarifica. Y clarificar es la única forma seria de preparar lo que viene. La marea del 26 de septiembre no necesita padrinos ni apologetas: necesita análisis rigurosos y organización. En eso, Rivero y quien esto firma están en el mismo lado de la barricada. La democracia no se defiende defendiendo al PSOE: se defiende construyendo otra que sea real.
El «Estado profundo» como coartada
Rivero afirma que asistimos al «levantamiento del Estado profundo» y describe una ofensiva orquestada por el «bloque dominante» para someter a un Gobierno «débil y claudicante». El término «Estado profundo» tiene un origen histórico ajeno a nuestra realidad y opera habitualmente como teoría de la conspiración que desvía la atención de los verdaderos centros de poder. Desde el materialismo histórico, el análisis del poder estatal no requiere postular un misterioso «Estado dentro del Estado». Basta con estudiar las contradicciones internas del aparato, la autonomía relativa de sus ramas y las luchas de clase que lo atraviesan. La represión policial y el autoritarismo judicial no son anomalías de un «Estado oculto»: son las herramientas ordinarias del Estado burgués cuando necesita disciplinar la protesta. Emplear categorías conspirativas debilita el análisis y exculpa a los responsables políticos.
El PSOE no es una víctima: crítica y efecto exculpatorio
Rivero critica al Gobierno por su «claudicación» ante el rentismo y por haber «perdido el control» de sus aparatos represivos. Pero al insertar esas críticas en un relato donde el Ejecutivo es fundamentalmente víctima del «Estado profundo», de la judicatura conservadora y del imperialismo, el efecto estructural de su análisis es exculpatorio. Si el Gobierno es un actor débil y asediado, sus fracasos no le pertenecen: le son impuestos. Así, el PSOE queda retratado como rehén del sistema antes que como uno de sus arquitectos.
El PSOE no es una víctima del régimen del 78: es uno de sus arquitectos principales. Participó en los Pactos de la Moncloa, aceptó la monarquía y la economía de mercado, y asumió como función administrar el capitalismo con un rostro amable. Eso implica aplicar austeridad, sostener estructuras militares y mantener la legislación que precariza a la clase trabajadora. La debilidad del Gobierno no es una desgracia: es el resultado coherente de su función social. Esta operación reproduce el relato de las dos alas del régimen —una buena, otra mala— y difumina que ambas administran lo mismo.
La migración como necesidad estructural del capital
Rivero enmarca la cuestión migratoria en el relato de una «guerra híbrida» geopolítica. Aunque las tensiones internacionales existen y condicionan, este enfoque oculta la función económica que cumple la migración dentro del capitalismo español. La realidad material desmiente el relato de la «invasión» exclusivamente marítima: la inmensa mayoría de las personas en situación irregular entran por vía aérea y con visado, permaneciendo en el país una vez expirado el plazo. Más del 90% de la población irregular procede de América Latina, no de África. La función de esta irregularidad es nítida: producir una clase trabajadora racializada, barata y disciplinada para sectores clave como la hostelería, el campo y la construcción. El PSOE juega históricamente a la ambigüedad: se presenta como defensor de los derechos humanos mientras mantiene intacta la legislación que fabrica la ilegalidad. Absorber mano de obra sin garantizar vivienda ni servicios presiona los salarios a la baja y enfrenta a los sectores vulnerables entre sí, beneficiando al capital.
La misma lógica que produce trabajadores sin derechos produce ciudadanos con voto automático. La «Ley de Nietos» es el reverso exacto de la migración irregular: allí se niega la voz a quien trabaja aquí; aquí se concede a quien no reside. Es, en su principio, justa y reparadora: restituye un vínculo roto por la violencia fascista y la emigración económica, y repara una memoria arrancada. Pero no evalúa el impacto socioeconómico ni prevé un posible retorno masivo de las personas nacionalizadas: ¿hay vivienda, sanidad, escuela y empleo para absorberlo? Sin condiciones materiales, la nacionalidad se queda en un papel. Y si además otorga voto automático a quien no reside, la contradicción se agrava: decide sobre lo que no habita mientras se niega al migrante residente que sí trabaja, cuida y sostiene este país. Frente al derecho de sangre como único título, reivindico la residencia efectiva como fundamento del sufragio. Nacionalidad para reparar, residencia para decidir. No lo planteo como una reforma inmediata, sino como un horizonte político: la democracia que defiendo no se organiza en torno al pasaporte, sino en torno a la residencia. Mientras tanto, el consejo consultivo de la diáspora puede tener competencias reales en las materias que le afectan —pensiones, retorno, memoria— sin decidir sobre lo que no habita.
La vivienda: el BOE contra el derecho al techo
El drama habitacional y los desahucios no son un «fallo del sistema», sino el éxito de un marco legislativo construido y mantenido por el consenso bipartidista. Por un lado, la LAU de 1994, aprobada bajo el gobierno del PSOE para suprimir progresivamente los alquileres de renta antigua y mercantilizar el derecho al techo. Por otro, las reformas de 2013, diseñadas por el PP para reducir la duración de los contratos y crear los «desahucios exprés». A esto se suma la resistencia histórica de la socialdemocracia a tratar la vivienda como derecho absoluto en lugar de como bien de mercado, combinada con los bloqueos de las mayorías conservadoras cuando se intenta la más mínima limitación de precios. Con un parque de vivienda social que apenas alcanza el 1,6% frente al 9,3% de la media europea, la emergencia habitacional se explica por el BOE y la defensa de la rentabilidad inmobiliaria, no por conspiraciones en la sombra.
«Fascistización»: la etiqueta que paraliza
Rivero utiliza la etiqueta de «fascistización» de forma genérica para denunciar la deriva autoritaria de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el fascismo es un fenómeno histórico específico con condiciones socioeconómicas concretas que no debe confundirse con cualquier acción reaccionaria. Identificar automáticamente a la ultraderecha neoliberal y nacionalista actual con el fascismo clásico sustituye el análisis científico por el calificativo grueso.
Y aquí hay una pregunta que la izquierda no se hace porque la respuesta honesta duele: ¿y si el auge de la ultraderecha no fuera solo un fenómeno externo, sino también el resultado del fracaso de la izquierda institucional? ¿Y si la socialdemocracia y sus aledaños, al gestionar el capitalismo, aplicar recortes y abandonar a la clase trabajadora, hubieran dejado un vacío que la ultraderecha llena con chivos expiatorios? La ultraderecha manipula el miedo y la precariedad, pero no los crea ella sola: los encuentra ya ahí, sembrados por décadas de políticas que priorizaron el mercado sobre la gente. Su truco es desviar la culpa hacia el migrante, el de fuera, el diferente, en lugar de señalar al capital. Y ese truco funciona porque la izquierda institucional dejó de señalar al capital hace mucho tiempo.
Es más útil combatir a la ultraderecha demostrando cómo sus programas económicos favorecen los recortes contrarios a la clase trabajadora. Pero para eso hay que empezar por reconocer que el terreno donde crece no lo preparó solo la derecha: lo abonó también una izquierda que confundió gobernar con administrar. La etiqueta asusta y paraliza; el análisis de clase desarma.
Movilización no es vanguardia
La movilización social, la ocupación del espacio público en Sol y las huelgas de inquilinos son un éxito rotundo. Son demostraciones de fuerza imprescindibles que abren grietas en el consenso oficial. Sin embargo, Rivero define estos movimientos de calle directamente como la «vanguardia» del proceso. En la tradición materialista, la vanguardia no se reduce a poner el cuerpo en primera línea —lo cual es necesario y encomiable—, sino a la capacidad de dirección política, programática y estratégica a largo plazo. Una vanguardia no es un grupo que grita más fuerte ni el que está en primera fila: es la parte de la clase que ha sido capaz de formular un programa, construir organización estable y dirigir la acción colectiva más allá de la protesta. Es lo que fueron los sindicatos en su mejor momento: no solo convocaban huelgas, sino que organizaban la solidaridad, formaban cuadros y disputaban el sentido común en los centros de trabajo. Eso no se improvisa en una acampada: se construye con años de trabajo político. Las acampadas son fenómenos extraordinarios, pero para convertirse en contrapoder estable requieren mediaciones organizativas y un programa capaz de disputar las estructuras del capital. Confundir la potencia de la movilización con la consolidación del contrapoder es una lectura espontaneísta que conduce a la frustración cuando el ciclo de protestas remite.
La izquierda institucional y el falso cortocircuito
Rivero añade dos reproches concretos: que la izquierda institucional —menciona a Enrique Santiago y a Irene Montero— debió estar en la puerta de Maricarmen, el desahucio que se convirtió en símbolo, y que existe un «doble cortocircuito» entre una izquierda incapaz de asumir la vanguardia en la calle y un Ejecutivo sin control sobre sus aparatos represivos. Ambos se explican por la misma función estructural.
La izquierda institucional no está en las puertas por cobardía individual, sino porque su forma-partido está diseñada para la institución y no para la organización popular. Su función sistémica es canalizar el descontento hacia formas electorales y desmovilizadoras: cuando estalla un conflicto de vivienda, la respuesta no es organizar a los afectados, sino ofrecer una rueda de prensa, una proposición no de ley o un escaño en una mesa institucional. El descontento se convierte en gestión, no en organización.
Conviene precisar qué significa romper con la izquierda institucional. No hablo de sus militantes, afiliados y votantes, sino de sus direcciones y su estrategia. Miles de compañeras y compañeros de IU, del PCE, Sumar y Podemos son parte de la clase trabajadora y participan en huelgas, plataformas de vivienda y movimientos sociales. No son el enemigo: muchas veces son los primeros que sufren la burocratización de sus direcciones. La ruptura es con esas direcciones, no con quienes militan o votan. Con ellos y ellas hay que construir, debatir y organizar.
Sobre el «doble cortocircuito»: es el «Estado profundo» con otro nombre. Decir que el Ejecutivo ha «perdido el control» vuelve a postular un Estado que se escapa del Gobierno. Pero la policía no reprime a pesar del Gobierno: reprime porque esa es su función. La militarización fronteriza no es una anomalía: es política de Estado. No hay pérdida de control: hay funcionamiento normal. Un «cortocircuito» implica que el sistema debería funcionar de otro modo. Pero el Estado burgués es esto: porra para la protesta, trinchera para la frontera, toga para el desahucio. No hay cortocircuito: hay funcionamiento correcto de la máquina.
Conclusión
El artículo de Rivero tiene el mérito de señalar los focos de conflicto urgentes, pero sus respuestas sustituyen el análisis de las mediaciones concretas por el relato de una conspiración omnipresente. Un contrapoder popular de verdad no puede construirse sobre la ilusión de que el Gobierno es una víctima desvalida a la que hay que proteger de los elementos oscuros del Estado. No se trata de defender a un ejecutivo que administra el capitalismo frente a las ramas del Estado que también lo defienden: se trata de construir una alternativa independiente de ambos. Ni el Gobierno es un rehén del sistema ni la izquierda institucional es víctima de su propia cobardía: ambos cumplen una función. La primera es administrar el capitalismo; la segunda, canalizar el descontento. Construir contrapoder exige romper con las dos.
Romper con las dos significa romper con sus direcciones, sus aparatos y su estrategia, no con sus militantes ni con sus votantes. A esos compañeros y compañeras no se les expulsa de la lucha: se les gana para un proyecto independiente, con programa, organización y práctica. Sin ellos y ellas, cualquier contrapoder será una secta; con las direcciones tal como están, cualquier movimiento acabará absorbido. El éxito de las movilizaciones debe servir para organizar una fuerza política que no espere nada de las instituciones del régimen, porque el aparato del Estado nunca ha estado del lado de la clase trabajadora.
Y esa misma lógica materialista se aplica al debate sobre la nacionalidad y el voto: nacionalidad para reparar, residencia para decidir. No derecho de sangre. No voto automático. No migrantes sin derechos políticos. No diáspora convertida en aritmética electoral. La democracia que defiendo no se funda en pasaportes, sino en la soberanía de la clase trabajadora, que enfrenta al capital y al colapso ecológico allí donde vive, trabaja y reproduce la vida.
A propósito del texto de Justo Soto, Jose Manuel Rivero nos aporta una réplica «a la crítica constructiva y dentro del debate de la lucha de las ideas en el ámbito marxista y enriquecedor en el debate comunista, que hace Justo a mi artículo “De la porra a la acampada…”. Adjunto dicha réplica. Y aprovecho para agradecer y felicitarles por la gran calidad del digital “Hojas de Debate”. Es un necesidad. Ánimo. Salud!
Estado integral, claudicación reformista y lucha de clases: Respuesta al compañero Justo Soto.
Por José Manuel Rivero
Saludamos y agradecemos la contribución del compañero Justo Soto, en el digital “Hojas de Debate” a la discusión suscitada a raíz de la publicación de mi artículo «De la porra a la acampada». Coincido plenamente con él en una premisa fundamental: el debate entre camaradas y militantes no divide, sino que clarifica y arma teóricamente a la clase trabajadora. Desde este reconocimiento fraterno, y con el firme propósito de reforzar la trinchera común frente a la ofensiva del capital y las ilusiones reformistas, me dispongo a precisar los ejes metodológicos y políticos en los que estriba nuestra discrepancia.
1. El «Estado profundo» no es conspiración: es el Estado Integral de Gramsci
El compañero Justo Soto sostiene que la categoría de «Estado profundo» es un término ajeno que opera como una «teoría de la conspiración» e introduce la ficción de un Estado dentro del Estado. Considera que basta con estudiar la represión como la herramienta ordinaria de la máquina burguesa.
Sin embargo, reducir el análisis del Estado a la mera gestión del Consejo de Ministros o al mecanismo represivo estándar peca de un mecanicismo que ignora los aportes teóricos decisivos de la tradición marxista. Cuando hablo de las fuerzas no electas del aparato estatal, no invoco ningún mito conspirativo ni un relato de sobremesa; me remito de forma rigurosa al concepto de Estado Integral (Stato allargato) formulado por Antonio Gramsci: Estado = sociedad política + sociedad civil, o lo que es lo mismo, la articulación entre la dominación coercitiva y la hegemonía ideológica.
Desde el materialismo histórico y atendiendo al método de Pierre Vilar —que exige vincular la estructura con la coyuntura y la historia concreta de la formación social—, la realidad española del Régimen del 78 no se explica sin la continuidad no depurada de los núcleos duros del aparato franquista en las altas cúpulas judiciales, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y las oligarquías económicas.
Estas estructuras gozan de lo que Nicos Poulantzas definió como autonomía relativa, pero operan con una inercia propia y defienden con uñas y dientes los intereses del bloque dominante. Denominar a este entramado burocrático-policial e ideológico permanentemente atrincherado como «Estado profundo» no exculpa a nadie: nombra la dimensión concreta, opaca y no elegida del Estado burgués español.
2. La socialdemocracia (PSOE): Ni víctima inocente ni actor omnipotente
Soto señala que atribuir capacidad de presión al «Estado profundo» provoca un «efecto exculpatorio» hacia el PSOE, convirtiéndolo en una víctima desvalida. Esta objeción plantea un falso dilema: o el PSOE es el arquitecto omnipotente que todo lo controla, o es un rehén inocente.
La dialéctica materialista nos enseña que el PSOE cumple una función precisa dentro del régimen: la administración del capitalismo mediante el transformismo (trasformismo). El PSOE no es una «víctima inocente»; es el actor consciente que ha renunciado sistemáticamente a democratizar, depurar o confrontar las estructuras permanentes del Estado a cambio de gozar de las prebendas del poder institucional.
Señalar que la alta judicatura o la policía desatada actúan con agenda propia (lawfare y represión selectiva) no exculpa al Gobierno socialdemócrata; al contrario, desnuda la impotencia congénita del reformismo. Demuestra que gestionar el capitalismo sin tocar sus cimientos conduce al chantaje constante de la reacción. La crítica al PSOE no pierde fuerza: se radicaliza al evidenciar que la vía institucional es incapaz de disciplinar a las estructuras profundas del capital.
3. La cuestión migratoria: Dialéctica entre geopolítica e imperio del capital
El compañero Justo contrapone la función económica de la migración (creación de mano de obra barata y disciplinada para el capital) con su encuadre geopolítico, sugiriendo que hablar de «guerra híbrida» diluye la causa económica interna.
El imperialismo es una totalidad. La explotación de la población migrante en la agricultura, la hostelería o la construcción —para sostener la tasa de ganancia del capital nacional— no se opone al uso instrumental y geopolítico de los flujos migratorios por parte de Estados vecinos u oligarquías trasnacionales. Son dos caras de la misma moneda.
Desvincular la economía política de la geopolítica global debilita el análisis imperialista. Los trabajadores irregulares son violentados por la legislación racista del Estado español (como la Ley de Extranjería) y al mismo tiempo son utilizados como ficha de cambio en el tablero internacional. Integrar ambas dimensiones no es una desviación: es un análisis materialista riguroso.
4. La «fascistización» como tendencia y proceso dinámico
Se nos critica el uso del término «fascistización» por considerar que diluye el fenómeno histórico del fascismo clásico de los años treinta y que «sustituye el análisis científico por el calificativo grueso».
Conviene aclarar que la fascistización no es un adjetivo retórico ni una etiqueta para paralizar. Desde el marxismo, la fascistización designa el proceso dinámico y autoritario al que recurre el Estado capitalista cuando entra en crisis de hegemonía y la tasa de ganancia se resiente. No necesitamos esperar a la reaparición de las camisas negras para diagnosticar cómo el recurso al estado de excepción, el endurecimiento penal contra la protesta social, el racismo institucional y el ascenso ideológico de la ultraderecha son respuestas estructurales del propio sistema. Denunciar este proceso es imprescindible para no ser sorprendidos por la mutación del autoritarismo estatal.
5. Vanguardia, calle y construcción de contrapoder
Respecto al papel de las movilizaciones, Justo Soto señala acertadamente que una vanguardia no es simplemente quien grita más fuerte en una acampada, sino quien posee capacidad de dirección política, programa y organización estable. Estamos de acuerdo en la teoría.
Sin embargo, la discrepancia estriba en dónde se incuba esa vanguardia. La historia demuestra que las vanguardias no se conservan congeladas en los despachos ni en la burocracia de la izquierda institucional. Cuando las direcciones partidarias y sindicales han sido cooptadas por la gestión del Estado burgués, es en el conflicto de calle, en los desahucios y en las acampadas donde germina la nueva conciencia de clase.
Las acampadas y protestas no son la vanguardia terminada, pero sí son el catalizador imprescindible sin el cual la organización independiente se vuelve una abstracción de laboratorio. Despreciar la potencia de estos movimientos por no ser aún la vanguardia consolidada es asumir una postura pasiva que aguarda a que las masas se afilien a un programa preconcebido.
Conclusión
El debate mantenido con el compañero Justo Soto refleja la vitalidad que debe caracterizar al movimiento comunista. No estamos ante una discusión terminológica, sino ante la necesidad de pertrecharnos de las mejores herramientas teóricas para la lucha que se avecina.
Ni el Gobierno socialdemócrata es un aliado a defender, ni la máquina del Estado es un instrumento neutro que basta con dirigir. Construir contrapoder popular exige desenmascarar tanto la capitulación del reformismo como la naturaleza irreformable de las cúpulas del Estado. En esa tarea de organización independiente, análisis riguroso y presencia en la calle, no nos cabe duda de que encontraremos al compañero Justo Soto y a miles de militantes honestos en el mismo lado de la barricada. Salud!