Dulces amargos (El caso de la Pastelería La Suiza)
Este caso nos recuerda que la justicia no es neutral. No al menos cuando se practica la lucha de clases y, menos aún, en los sectores más atomizados, precarizados y feminizados como la hostelería, el comercio, la dependencia, el servicio doméstico, etc.
Ya puede el refranero popular sentenciar categóricamente que “a nadie le amarga un dulce”. Ya puede la más entrañable y candorosa institutriz asegurarnos que “con un poco de azúcar” pasan mejor las píldoras que nos dan. La realidad es tozuda y nos demuestra que hay dulces que no se pueden tragar, aunque lleven más azúcar que una canción de Celia Cruz. Porque amargan tanto como la represión sindical y son tan salados como las lágrimas de impotencia por el acoso y las humillaciones. Así es la historia de la Pastelería La Suiza de Gijón.
Corre mayo del año 2017 y una trabajadora, de baja laboral en ese momento por su estado de gestación, acude, devastada emocionalmente, a la CNT de Gijón a solicitar asesoramiento y ayuda ante una situación de explotación laboral. Embarazada y obligada a levantar sacos de hasta 25 kg, que le provocan pérdidas y una amenaza de aborto. Forzada a realizar hasta 80 horas extras sin remunerar. Se le adeudan vacaciones. Sufre comentarios sexistas y vejatorios y es víctima de un presunto acoso sexual. Presunto, porque a pesar de contar con informes psicológicos esclarecedores, incluso con una compañera de trabajo que había pasado por una situación similar como testigo, como sucede tantas veces, no se investiga diligentemente y acaba siendo archivado por falta de pruebas.
El sindicato actúa como se debe en estos casos: se reúne con el empresario e intenta llegar a un acuerdo de despido, en el que se le abonen las cantidades adeudadas a la trabajadora que, evidentemente, no está en condiciones ni en disposición de volver a trabajar en la pastelería. La empresa se cierra a cualquier tipo de solución y se desarrollan en los meses siguientes distintas concentraciones frente al centro de trabajo para denunciar la situación. Concentraciones legales, debidamente comunicadas y donde no se produce ningún acto de violencia. A raíz de esta campaña se empieza a detener a compañeras del sindicato, al objeto de intimidarlas. A una compañera le espeta a gritos el comisario que «teníamos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo, que si pensábamos que las calles eran nuestras, estábamos muy equivocadas». Su respuesta fue que solamente estaban ejerciendo sus derechos sindicales, tras lo que es trasladada a los calabozos. No fue puesta a disposición judicial, lo que evidencia la irregularidad de dicha detención.
Empiezan a llegar denuncias, tanto al Sindicato como organización (en esa época la CNT estaba ganando conflictos en el comercio y la hostelería de Gijón y era visto como una amenaza por determinados empresarios) como a personas individuales. Las concentraciones empiezan a tener cada vez más apoyo del barrio y de la ciudad. De 15 o 20 personas se pasa a más de 100. Las denuncias quedan, en su mayoría, archivadas o en absolución.
Llegó un momento en el que solo quedaba una instrucción por calumnias, con más de treinta personas imputadas. El juez, Lino Rubio Mayo, conocido por su talante antiobrero y sus duras sentencias a sindicalistas e insumisos en el pasado. Tras una semana de juicio, se condena a 8 personas por obstrucción a la justicia y coacciones (¡obstrucción a la justicia por negociar y coacciones continuadas por unas concentraciones debidamente comunicadas a Subdelegación del Gobierno, con presencia policial y sin incidentes!), entre ellas la trabajadora denunciante (que no participó siquiera en las concentraciones ante la pastelería) a penas que suman más de 25 años de cárcel y el pago de 150.000€ de multa. Posteriormente el TSJA absolvió a dos de los condenados y ratificó la condena para las otras 6 compañeras. El juez considera que la actividad sindical abocó al cierre a la pastelería, que, curiosamente, estaba un año antes a la venta por no ser rentable.
Una gran manifestación en Gijón y otra en Madrid reflejan el apoyo social a las compañeras, que desarrollan una incansable campaña para visibilizar su causa, que es la de toda la clase obrera. La causa de mujeres que cuidan de mujeres, de trabajadoras que se organizan contra la explotación. Ese es su delito. Ahora mismo se encuentran a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique o no la condena. En septiembre del pasado año han llevado su caso al Parlamento Europeo, recabando el apoyo de distintos eurodiputados y sindicatos. Cada vez va quedando más claro que son mucho más que 6.
Este caso nos recuerda que la justicia no es neutral. No al menos cuando se practica la lucha de clases y, menos aún, en los sectores más atomizados, precarizados y feminizados como la hostelería, el comercio, la dependencia, el servicio doméstico, etc. Desde las instituciones se anima a las mujeres a denunciar la violencia sexual, pero cuando la ejerce un empresario con dinero y contactos, no se investiga. Reclamar el cumplimiento de las leyes y derechos laborales en un pequeño centro de trabajo se convierte en una carrera de obstáculos. Cuando el sindicalismo pone en práctica sus mejores tradiciones al servicio de su verdadera misión, se le persigue, juzga y condena. El objetivo no es otro que generar el miedo, la culpa o la pasividad necesarias para perpetuar el estado de las cosas.
Si quieres conocer más de su historia y mostrar tu apoyo a estas trabajadoras valientes y sindicalistas ejemplares, visita su página: 6delasuiza.info ¡Porque hacer sindicalismo no es delito!
PD: A fecha de envío de este artículo a la redacción, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado en 2022. Apenas un 10% de los recursos presentados al Supremo son admitidos a trámite por el tribunal. Esto constituye una buena noticia que refleja que, como poco, la sentencia es cuestionable. El tribunal se emplaza al 18 de junio para revisar la misma. Seguiremos informando.