El sindicalismo de pacto social y la corrupción

El sindicalismo de pacto social o de concertación, que tiene su fundamento en el entendimiento, al margen de la lucha de clases, entre los dirigentes sindicales que lo practican y la patronal e igualmente con la administración que vela por los intereses de estos últimos, constituye un ambiente propicio a la corrupción.

La militancia comunista en el seno de una organización sindical nunca ha sido fácil. Ni lo fue, ni lo es en la actualidad. Al menos para quienes no disocian lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen.

Un testimonio de tal situación se ofrece en la publicación ¡Unidad y Lucha!, que divulga una carta notificando la baja de afiliación a CC.OO. de un militante comunista que expone, entre otros, los siguientes argumentos:

«Tras muchos años, analizando la situación que sufrimos los trabajadores, y la clase obrera en particular, solo me cabe constatar la pérdida constante de los derechos conquistados a costa de tanta sangre y sacrificio, y la implementación continuada de la patronal y sus gobiernos, de medidas de mayor explotación, que con total impunidad imponen en los centros de trabajo. Esta constante se ha venido construyendo y consolidando durante cuatro décadas de consenso del régimen del 78, junto a la incapacidad, pero también ante la falta de voluntad de ejercer una confrontación sindical que ante la contradicción capital-trabajo, primaran necesariamente los intereses de los trabajadores… Durante 45 años que llevo militando en CC.OO., he sido testigo de la deriva de la confederación, por su paulatino abandono del papel por el que comenzó a andar en 1958… Han sido 4 décadas de lucha interna, para intentar recuperar el espíritu clasista original de aquellas CC.OO., pero el poder de las estructuras, ha conseguido anclar a la organización (congreso a congreso) en un instrumento útil para el régimen del 78 y el IBEX 35.»

Desgraciadamente, a estas discrepancias profundamente políticas que vienen de años pasados, se añaden noticias en la actualidad,  que vinculan el sindicalismo reaccionario con la corrupción. Así, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado acusación contra la cúpula directiva de CC.OO. en Extremadura solicitando dos años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 500.000 euros a cada uno de los seis máximos responsables de esta organización por presunto fraude en las subvenciones recibidas en el año 2013 en los cursos de formación en esta comunidad autónoma. De igual forma, se ha dado a conocer a la opinión pública las sesiones de vista oral que se están celebrando en la Audiencia de Sevilla y en las que se acusan a  determinados dirigentes de la UGT-Andalucía por el presunto desvío irregular de fondos públicos destinados a cursos de formación que acabaron para financiar otras actividades ajenas a la finalidad para la que fueron concedidas estas subvenciones.

La noticia merecía un artículo y obliga a una reflexión. No es la primera vez que se destapa este tipo de corruptelas. Podemos recordar que Hojas de Debate publicó en su día lo ocurrido en Asturias, donde hubo sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo que condenaba a seis altos cargos de la UGT por fraude de subvenciones públicas.

La tesis a defender como conclusión lógica de los hechos noticiados puede ser la de que el sindicalismo de pacto social o de concertación (que tiene su fundamento en el entendimiento, al margen de la lucha de clases, entre los dirigentes sindicales que lo practican y la patronal e igualmente con la administración que vela por los intereses de estos últimos), constituye un ambiente propicio a la corrupción. Estos sindicatos que se autodenominan como mayoritarios se sostienen con dinero público a cambio de no molestar, de no llevar las reivindicaciones a sus últimas consecuencias,  frenando las movilizaciones obreras. A veces los fondos no son suficientes para atender a sus necesidades como organización y acuden algunos de sus responsables a procedimientos irregulares que los lleva a sentarse en sede judicial en el banquillo.

Y esto se produce en las direcciones de CC.OO. y de UGT y apenas tiene trascendencia mediática. En todo caso le sirve a la extrema derecha para intentar poner en descrédito la actividad sindical y la propia existencia de los sindicatos.

Otras veces, dentro de la legalidad formal, participan en los fondos de pensiones compartiendo intereses con la gran patronal y obteniendo ingresos extras al margen de las cotizaciones de sus afiliados.  Como ocurre con la Consultora de Pensiones y Previsión Social Sociedad de Asesores (CCPS), con la participación de los sindicatos UGT y CC.OO. con el 9,5% cada uno -con una opción para aumentar al 15%- en la gestora del plan de pensiones de los empleados de Telefónica, el “macroplan” de pensiones de la construcción o, en general, con la hipocresía de estos directivos que ofrecen planes de pensiones privados a sus afiliados.

Las consecuencias de estos comportamientos pueden enumerarse en las siguientes:

a) Provocan la desmoralización de la clase trabajadora, cuando sus miembros se percatan que sus cuadros y máximos responsables, al practicar el pacto social se muestran complacientes con la patronal.

b) Sus valedores boicotean todo intento obrero de defender los intereses de clase inmediatos y estratégicos mediante una actividad sindical digna de ese nombre.

c)  Fortalecen a los empresarios que se crecen ante ejecutivos sindicales débiles y dóciles a sus intereses.

d) Fomentan la dispersión sindical, la desorganización de los trabajadores y su toma de conciencia de clase, estimulando tendencias de tipo corporativista.

e) Burocracias sindicales suscriben acuerdos con la patronal al margen de la voluntad de los trabajadores, propiciando un sindicalismo amarillo carente de democracia.

f) Contribuyen a dividir a los trabajadores según su estatus laboral y profesional, provocando enfrentamientos perniciosos y marginando a los que no tienen.

g) Promueven, en términos políticos, el desclasamiento y el auge de posiciones populistas y reaccionarias en la clase asalariada, favoreciendo el sometimiento a la ideología de la clase dominante, con la renuncia a todo esfuerzo y perspectiva de transformación social hacia el socialismo y haciendo florecer todo tipo de pensamientos y actitudes oportunistas.

h) Sus dirigentes se hacen permeables a la corrupción, desprestigiando la validez, la necesidad y la oportunidad de las organizaciones sindicales para la defensa de los intereses de clase.

i) Ofrecen verdaderos balones de oxígeno al capital y apuntalan gobiernos reaccionarios y políticas antiobreras.

j) Se muestran muy receptivos a la financiación de las organizaciones sindicales mediante subvenciones que controlan los gobiernos del capital.

La alternativa no puede ser otra que el sindicalismo de clase sostenido exclusivamente con las cuotas de la afiliación al objeto de no perder independencia y que sea dinamizador de la lucha de clases, combinando de forma simultánea negociación con movilización (huelgas, movilizaciones, etc.).

En resumen, tenemos que practicar un sindicalismo socio-político, no economicista, que reclama mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y al mismo tiempo transformaciones sociales profundas en defensa de sus intereses de clase.