¡Fuera mordazas!

¡Ruptura con los privilegios que conculcan los derechos democráticos y sociales!

Los años de los últimos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han marcado todo un periodo político, que aún perdura, y que viene caracterizado por el hecho de que desde el poder se vienen imponiendo, con malas artes y consensos franquistas, todo tipo de medidas reaccionarias y represivas contra la mayoría social.

Se pueden calificar todas ellas de contrarreformas, es decir, medidas de retroceso que conllevan imposiciones de tipo mordaza, para así poder preservar los privilegios del régimen monárquico.

Las consecuencias destructivas en lo económico y lo social, también en lo político, de la crisis internacional del capitalismo iniciada en 2008, se quiso trasladar a la pérdida de derechos y libertades de la población. En el año 2011, todas las medidas de recorte se consolidaron en el terreno político español con el acuerdo establecido entre las cúpulas del PP y el PSOE, para la reforma exprés y modificación de la Constitución de la noche a la mañana. El Gobierno Zapatero, asustado por las amenazas del capital internacional, tomó las primeras medidas que limitaban el déficit. Siguió con el acuerdo por el que los especuladores de la deuda pública cobrarían sus inversiones en primer término, haciendo pasar sus intereses por encima de todos los derechos sociales de los trabajadores, del derecho a la salud y a la enseñanza. Así lo recogía la nueva redacción del artículo 135 del texto Constitucional, a la vez que se incluía el techo de gasto limitando el déficit. Medida insistentemente exigida por los dirigentes de la Unión Europea, que el PP venía promoviendo un año antes de la realización del acuerdo.

Esta medida política de consenso vino a poner, de manera definitiva, la alfombra electoral a fin de promover la victoria del PP y su candidato a la presidencia del gobierno.

La movilización social y política en oposición a las medidas de contrarreforma creció en este tiempo de modo significativo contra todas y cada una de las medidas gubernamentales.

En el año 2015, el Gobierno del PP hace reformar la Ley de Seguridad Ciudadana del PSOE, agudizando todas las medidas policiales y represivas contra los derechos democráticos. Reforma por la que se prohíbe la “difusión de imágenes” de actuaciones policiales, se amplían los poderes policiales y la utilización de botes de humo y pelotas de goma contra los manifestantes, consolidando la práctica reiterada de las devoluciones en caliente de inmigrantes.

La ley de Seguridad Ciudadana reformada no esconde su objetivo de intimidar a la población a la hora del ejercicio de derechos democráticos y, en particular, trata de evitar la masificación de las manifestaciones en las calles y, por tanto, el ejercicio de la libertad de expresión.

Numerosos organismos internacionales han denunciado, durante todos estos años, las leyes represivas españolas y exigido a los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, su derogación. Organizaciones internacionales de periodistas han denunciado la imposición de unas 100.000 multas por “faltas de respeto a policías”, subrayando que el Código Penal incluye delitos que vulneran las normas internacionales sobre libertad de expresión, como el de ofensa a los sentimientos religiosos, apología del terrorismo, injurias a la Corona o delitos de odio.

La Plataforma Por la Libertad de Información (PLI) celebró una Jornada Internacional, en la que representantes de las principales organizaciones europeas denunciaron los recortes en materia de libertad de prensa y libertad de expresión. Proponen que los recortes experimentados en España en los últimos años sean revertidos, ateniéndose a los estándares internacionales y a los mismos compromisos que el Estado español tiene asumidos con organismos internacionales.

La ley mordaza y sus zurdidos, realizados por diferentes Gobiernos, parecía que habían encontrado una solución democrática para impedir el procesamiento de manifestantes y huelguistas, a lo que sin duda vino a contribuir las reiteradas promesas políticas y electorales, tanto del PSOE como de Unidad Podemos. Promesas que han resultado toda una estafa en cadena.

Como todas esas promesas y compromisos han sido una vez más burlados, el movimiento contra la represión y por las libertades se reorganiza nuevamente por la derogación efectiva y definitiva de la Ley Mordaza, por lo que se convoca manifestación el próximo domingo día 13 de febrero, a las 12 horas, para recorrer el trayecto que va de Atocha a la Puerta del Sol de Madrid.

El mismo acuerdo de Gobierno de coalición -entre las fuerzas que lo componen- incluía la derogación efectiva tanto de la Ley Mordaza como de otras leyes, que también forman parte de la mordaza social y política establecida contra la población por el régimen de la monarquía. Lo que nos lleva a plantear la necesidad de impulsar un movimiento de conjunto para acabar con las mordazas de todo tipo.

Entre las leyes que prometía derogar el Gobierno de Sánchez se encuentra la Ley de reformas laborales, que acaba de volverse a aprobar por el voto de un diputado del PP, que habla de “error” técnico. Con ello se aprueba un bodrio de ley, que cosifica unas relaciones sociales y laborales contrarias a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores. Reformas que vienen impuestas por la Unión Europea y son aprobadas en una nueva versión “progre” de la contrarreforma social de Yolanda Díaz, que no resuelve de forma positiva ninguna de las principales demandas sociales en el terreno laboral y sindical.

Lo mismo sucede, de una u otra forma, con el conjunto de compromisos políticos del Gobierno. Tal es el caso de la nueva Ley de la Memoria, que es una copia de la de Zapatero y que no ha servido ni para cambiar los nombres franquistas de las calles. La Ley de Vivienda, de otro lado, preserva la especulación contra el derecho a techo. Punto y aparte es el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia y, por extensión, los delitos de los clérigos relacionados con abusos de menores, que el Gobierno se niega a que sean investigados por una Comisión Parlamentaria, desviando el compromiso político hacia el Defensor del Pueblo.

Fuente: GRAF4695. MADRID, 17/03/2018

El pasado mes de mayo, diversos partidos promovieron una proposición no de ley exigiendo al Gobierno el listado completo de bienes inmatriculados desde 1946, y proceder desde las Cortes Generales a la anulación por ley de los mismos. Listado que sigue oculto. La coordinadora estatal “Recuperando” convoca el próximo miércoles, día 16 de febrero, a las 12 horas ante el Congreso para denunciar los incumplimientos por parte del Gobierno a la hora de la recuperación de unos 130.000 bienes apropiados por la Iglesia desde 1946, al calor de la situación política impuesta por la dictadura y por el nacional-catolicismo. La coordinadora “Recuperando” calificó como un «absoluto insulto y una gran trampa que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados por la Iglesia».

El Gobierno se niega a poner a la Iglesia ante sus responsabilidades: a anular la estafa de las inmatriculaciones, a juzgar los delitos continuados de pederastia, a impedir la evasión fiscal y la financiación de la Iglesia por el Estado.

El conflicto viene provocado por los privilegios de los que goza la Iglesia; privilegios que se establecieron en el ámbito del Concordato con la dictadura, pero que se han incrementado en el marco de su alianza con el régimen de la monarquía. Conflicto que cuenta con la actitud cómplice del Gobierno, considerando, de su parte, que «las inmatriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal». Como si fuera legal, en un país que se reclama democrático, el saqueo por la Iglesia de cientos de miles de bienes públicos y privados.

Este conjunto de medidas tienen todas ellas un aspecto mordaza, como instrumento destinado a impedir que se pueda exigir aquello que forma parte de las principales exigencias democráticas y sociales. Como la mordaza que se ha aplicado a los trabajadores de la huelga del metal de Cádiz, para impedir el éxito de su movimiento reivindicativo; o la mordaza que aplica a las mismas Cortes Generales para impedir la investigación de las corruptelas de la Corona y de la Iglesia.

La movilización política y social de los próximos días se concentra en la lucha contra todas las mordazas impuestas por los gobiernos de todos los colores.

¡Por la derogación de todas las contrarreformas sociales y políticas!

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One thought on “¡Fuera mordazas!

  • 17 de febrero de 2022 en 03:03
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    El pueblo unido jamás será vencido

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