La movilización ciudadana paraliza el desahucio de un matrimonio con tres hijos menores
La PAH considera incomprensible que durante décadas no se hayan hecho planes de vivienda en esta ciudad y que ahora el argumento mayor de dichas administraciones sea que no tienen viviendas vacías, que no hay llaves de pisos en los cajones y que no pueden intermediar con el mercado de alquiler.
El pasado 11 de enero, el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Jaén, ordenó el desahucio de una familia sin recursos, con tres hijos menores de 2, 5 y 15 años para el siguiente 5 de julio. El 28 de diciembre anterior se produjo una importante movilización popular en solidaridad con los afectados, concentrándose a las puertas del Juzgado donde entregaron un pliego de firmas solicitando la paralización del desahucio hasta tanto las administraciones competentes ofrecieran a la familia una vivienda social o en alquiler de renta baja, dado que el matrimonio se encuentra en paro, sin perspectivas próximas de encontrar empleo y constituir, además, una familia vulnerable.
La intervención del Defensor del Pueblo, la expedición de una certificación municipal de vulnerabilidad y, sobre todo, la movilización solidaria en apoyo de los perjudicados, organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH de Jaén) y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI), entre otras entidades y organizaciones sociales y políticas, hicieron posible entonces que la amenaza del desahucio no se consumara.
Meses más tarde, nuevamente el Juzgado ha dado orden de desahucio para esta familia, y una vez más una importante movilización ciudadana ha logrado paralizarlo al menos por 20 días más. Según la nota que publica las organizaciones sociales que vienen interviniendo en este desahucio, aunque la orden de lanzamiento sigue en pie, la pareja con tres menores de edad, al menos, dispondrá de unos días más para intentar encontrar una solución a su situación, ya que veinte días son los que han dado para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie en relación a las medidas cautelares solicitadas por la familia. Un periodo de tiempo en el que la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento puedan proponer desde el Registro de Demandantes de Vivienda la adjudicación de una vivienda pública.
La portavoz de la PAH, Isabel Mateos, ha manifestado a los asistentes que es muy grave que puedan dejar en la calle a esta familia vulnerable que cumple con los requisitos del decreto antidesahucios hasta el 31 de diciembre de este año, con un recurso interpuesto, sin esperar al dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sin vivienda alternativa alguna.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha hecho caso omiso de la solicitud de medidas cautelares elevada por la familia ante el Tribunal de Estrasburgo. Tampoco ha concedido más tiempo a las administraciones públicas conocedoras de esta situación para que encuentren un recurso habitacional.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas, junto con AABI, CEIM, la Fundación Proyecto don Bosco, Cáritas, “Passo”, “La Unión”, la Delegación Episcopal para la Pastoral del Trabajo, la HOAC, la comunidad salesiana de San Juan Bosco, la Asociación Juvenil Centro Juvenil Domingo Savio y organizaciones y asociaciones vinculadas al espacio “Estrategia 128” entre otros colectivos, han apoyado esta concentración a las puertas de la vivienda. Muestras de solidaridad que también se han traducido en estos duros días en acompañamiento y cuidado; en pagarles el trastero donde han recogido sus enseres; en proporcionarles comida; en una mudanza hecha con trabajo militante; en conseguirles un contrato de trabajo temporal, en muchos escritos y llamadas a las distintas administraciones, inmobiliarias, abogado de oficio, Defensor del Pueblo Andaluz, en mandar faxes al Comité de Derechos Económicos y Sociales del Tribunal de Estrasburgo…
La familia, con tres menores de 15, 5 y dos años de edad, respectivamente, se encuentra en una situación más que evidente de vulnerabilidad social. Solo la madre ha encontrado empleo en el servicio de ayuda a domicilio, de momento, hasta el mes de agosto, por el que percibe algo más de 500 euros mensuales.
A pesar de que la familia cumple con los requisitos del decreto antidesahucios, ampliado y en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, las autoridades competentes parecen ser inmune ante el dolor humano que situaciones como esta provocan.
El comunicado añade: «La plataforma anti desahucios lleva meses llamando a la puerta de diversos organismos públicos, como el Decanato del Poder Judicial en Jaén, el Defensor del Pueblo Andaluz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad. Vecinos y vecinas plasmaron en diciembre su firma en un escrito de apoyo a Luis y Diana, que así se llama la pareja con menores de edad a su cargo y están convocados a hacerse presente frente al inmueble en un intento desesperado por paralizar la orden judicial emitida sin tener en cuenta el abandono en el que queda la familia, que ha expresado su disposición a pagar un alquiler asequible, fuera de los precios actuales del mercado, e incluso ha llegado a entablar conversaciones con las administraciones para sondear la posibilidad de habitar alguna de las viviendas públicas disponibles.
La PAH considera incomprensible que durante décadas no se hayan hecho planes de vivienda en esta ciudad y que ahora el argumento mayor de dichas administraciones sea que no tienen viviendas vacías, que no hay llaves de pisos en los cajones y que no pueden intermediar con el mercado de alquiler. También lo es que, habiendo casi diez mil viviendas vacías en la ciudad, ambas administraciones no puedan llegar a acuerdos con bancos o particulares para encontrar un alquiler asequible para esta familia.
Hoy se ha cumplido una máxima: “Como no sabían que era imposible lo hicieron”. Hoy en Jaén se ha aplazado un desahucio porque como ha indicado la PAH hay razones sociales, jurídicas y morales para hacerlo y como ejemplo de que hay que seguir luchando porque el reparto de la riqueza de un país esté subordinado al interés general de su ciudadanía, porque basta ya de gente sin casa y de casas sin gente.
¡Luis y Diana estamos con vosotros!»
Mientras, más de 11.000 familias fueron desahuciadas en los tres primeros meses de 2022 pese a la moratoria acordada por el gobierno de coalición. Tres de cada cuatro desalojos son por no poder pagar el alquiler. El total de lanzamientos aumenta un 1% con respecto al mismo periodo de 2021, según el informe del Consejo General del Poder Judicial.