Masiva movilización por la sanidad pública

Este tipo de movilizaciones tan amplias son posibles sin necesidad de que sean previamente convocadas por los dirigentes de la llamada «izquierda reformista» ni tampoco por quienes representan hoy a las centrales sindicales que se autodenominan mayoritarias.

Varios cientos de miles de manifestantes se congregaron en Madrid el 12 de febrero en defensa de la sanidad pública. Un número de participantes aún superior al alcanzado en la anterior movilización del 13 de noviembre último. Distintos medios informan que en la manifestación de este domingo el incremento ha sido de un 25% respecto de la precedente.

Resulta evidente que esta amplísima movilización no ha sido espontánea. Ha sido posible gracias a una meticulosa organización protagonizada en meses anteriores por asociaciones vecinales de diferentes localidades y por diversas entidades de base que han sabido conectar por abajo con toda la población que es víctima del proceso de privatización y degradación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Más de 70 entidades han llevado el peso de esta extraordinaria demostración de fuerza reivindicativa. Una movilización que no ha sido corporativista sino socio-política.

Lo que demuestra, una vez más, que este tipo de movilizaciones tan amplias son posibles sin necesidad de que sean previamente convocadas por los dirigentes de la llamada «izquierda reformista» ni tampoco por quienes representan hoy a las centrales sindicales que se autodenominan mayoritarias. Eso sí, numerosos militantes de estas organizaciones, sin compromisos institucionales, han trabajado con ahínco en la organización de este importante evento al margen de sus respectivos directivos. Este proceso, de abajo hacia arriba, al margen de quienes vienen dando la espalda a los intereses de los trabajadores y de las capas populares se constata, igualmente, en las impresionantes manifestaciones que se vienen produciendo en fechas recientes en nuestro vecino país.  Con la diferencia de que aquí la presencia de Unidas Podemos en un gobierno de políticas neoliberales y belicistas contribuye a que estos dirigentes reformistas no solo no convoquen ni llamen a la movilización social, sino que trabajen para obstaculizarla, trasladando el falso discurso a la ciudadanía de que los cambios progresistas solo se pueden hacer desde los puestos en la Administración sin necesidad de salir de casa. ¡Nada importante puede hacerse en beneficio de la mayoría social sin lucha y movilización en la calle! Despreciar la presión social es un error en el mejor de los casos.

La impresionante manifestación contaba con un comunicado suscrito por todas las organizaciones convocantes. En este documento se indicaba: «… que la situación de la asistencia pública sanitaria se  ha deteriorado tras las leyes que permiten la privatización, los años de  recortes, y la pandemia. Sin embargo, el gobierno de la Comunidad de  Madrid ha tensionado el sistema hasta límites insoportables.» 

El texto denuncia que la política sanitaria de la Comunidad de Madrid está dirigida a  garantizar los beneficios de empresas y lobbies sanitarios, en lugar de  estar enfocada al cuidado de todas las personas y a garantizar nuestro  derecho a la salud.  Su mayor preocupación es el beneficio de las empresas afines,  claramente demostrado en la utilización de modelos de contratación «a  dedo» ya que «La colaboración público-privada es un eufemismo de privatización, una  continua sangría que consigue derivar la mitad del presupuesto de la  Sanidad Pública a los bolsillos privados. Sangría que se profundizará a  raíz de la reciente aprobación de la Ley Ómnibus, con la prevista  creación de la Agencia de Contratación Sanitaria.»  

Igualmente acusan al gobierno de la Comunidad de Madrid del empeoramiento de la sanidad pública en estos tres últimos meses que separan las dos grandes concentraciones de protesta. En concreto, señalan:

✓ Se ha producido un aumento de las plazas no cubiertas en los  Centros de Salud. 

✓ Han dinamitado las urgencias de Atención Primaria, creando un  auténtico caos tanto en los servicios rurales como en los urbanos.  Han decidido dejar centros de urgencias sin médico o médica, a pesar de las dramáticas consecuencias que ya hemos tenido que  vivir en varias ocasiones, teniendo que hablar de muertes  evitables. Rescinden contratos para volver a contratar en  condiciones laborales inaceptables, moviendo a las y los  trabajadores de un centro a otro sin programación previa, y sin  informar a la ciudadanía sobre los centros cerrados y los que no  tienen médico o médica.  

✓ No construyen los centros de salud comprometidos, no reforman  los que se caen a pedazos, pero sí invierten en conciertos de  tecnología y digitalización buscando el prestigio de ciertos  hospitales de capital privado.  

Y con todo ello:  

✓ Impiden la continuidad asistencial, que ha demostrado  disminuir, hasta un 30%, las visitas a urgencias, los ingresos  hospitalarios y la mortalidad.  

✓ Incrementan la exclusión en la asistencia sanitaria, desde las  dificultades de acceso para las personas migrantes hasta el protocolo de la vergüenza, cuyo resultado fue la muerte  de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad, en el más  absoluto abandono, impidiendo su traslado a hospitales. Traslado  que sólo se realizó para las personas que tenían pólizas privadas. 

El Manifiesto concluye reclamando:

«1. Blindaje de la Sanidad Pública con la derogación de las  leyes que permiten la privatización sanitaria y revertir los bienes  privatizados.  

2. Realizar Auditorías Públicas periódicamente, que eviten  que el dinero de la sanidad pública vaya a la privada.  

3. Tramitación urgente de la Iniciativa Legislativa Popular  por la regularización de las personas migrantes, que  recogió 700.000 firmas y su posterior aprobación, porque la  regularización como derecho es la forma de garantizar el acceso  a la atención sanitaria de las personas que residen en la  Comunidad de Madrid. 

4. Aumento de la inversión en la Sanidad Pública,  consiguiendo el 25% del presupuesto para la Atención Primaria,  como aconseja la Organización Mundial de la Salud. 

5. Rechazo absoluto a la Ley Ómnibus, creada  específicamente para la Comunidad de Madrid, que entre otras  cosas contempla la puesta en funcionamiento de la Agencia de  Contratación Sanitaria, con gestión privada, que facilitará la  realización de contratos comerciales y administrativos, sin  ningún control o supervisión de los parlamentarios de la  Asamblea ni de la ciudadanía. 

6. Restablecer las formas de trabajo en los Equipos de los  Centros de Salud urbanos y rurales, recuperando la esencia  de la Atención Primaria, eje central de nuestro sistema sanitario  público: la promoción de la salud, la prevención de la  enfermedad, la participación comunitaria y el seguimiento del  paciente y la familia, a lo largo de su vida.  

7. Aumento de plantillas de todas las categorías, tanto en  los Centros de Salud, como en sus Urgencias y Hospitales, con  contratos dignos y estables que frenen el éxodo de profesionales  de Madrid a otros lugares. 

8. Asegurar que toda persona tenga asignado médico o  médica, pediatra y enfermera. Hay en Madrid 800.000  personas sin médica o médico y 212.000 niños y niñas sin  pediatra asignado.  

9. La atención ha de ser presencial, en todos los centros  sanitarios, salvo para temas burocráticos.  

10. No al recorte de horario en los turnos de tarde en los  Centros de Salud.  

11. Disminuir los insostenibles tiempos de espera tanto en  Atención Primaria como hospitalaria, tiempos que marcan la  diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas que  ven agravada su enfermedad si ésta no se detecta a tiempo. 

12. Apertura inmediata de los Servicios de Urgencias de  Atención Primaria con el personal sanitario al completo.  Además de crear, y poner en marcha, unidades en aquellas zonas  de la comunidad donde no existan y resulten necesarias para  garantizar una asistencia de calidad. La situación pasada y  presente de las Urgencias Extrahospitalarias ha provocado y  mantiene un colapso ingente de las Urgencias y la atención  hospitalaria, poniendo en riesgo a pacientes y trabajadores. 

13. Ampliar las UVIs móviles, con personal sanitario completo,  porque en las urgencias cada mano es vital y ninguna puede  suplantar a otra.  

14. Reconocimiento público de la emergencia sanitaria y  sociosanitaria que representan el Covid Persistente y la  Encefalomielitis Miálgica. Y medidas reales para atender a los cientos de miles de personas afectadas: dotando de recursos,  formación y protocolos de actuación a la Atención Primaria, así  como de unidades multidisciplinares a la Atención Especializada,  para dar una respuesta adecuada a estas enfermedades crónicas  derivadas o agravadas por la pandemia. 

15. Medicalizar las Residencias de Mayores y potenciar los  Servicios a la Dependencia.  

16. Hacer reales las inspecciones de oficio por parte de la  Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, en las Residencias de Mayores de la Comunidad de Madrid,  tanto públicas como privadas, ejerciendo la tutela que le es  obligada sobre las personas que residen en ellas, para que nunca  más vuelva a haber muertes que se hubieran podido evitar.  

17. Tratar la Salud Mental con perspectiva social. No basta  con aumentar recursos para medicalizar el sufrimiento. Es  necesario que las Leyes de Salud Mental vayan acompañadas de  otras medidas que minimicen los efectos que generan la  precariedad y la ansiedad en las personas, para ello se deben  adoptar medidas urgentes que ayuden a la población más  vulnerable a superar la depresión y la angustia que provoca la  vida desigual de nuestra sociedad. Hoy más que nunca se hace  necesario trabajar la salud emocional y psicológica a nivel  comunitario, desde la Atención Primaria, con acceso rápido a los  recursos del sistema sanitario para evitar el aumento de las  trágicas cifras de depresión y suicidio actuales. Exigimos,  además, que se respeten los derechos humanos dentro del  sistema psiquiátrico y se eliminen todas las violencias y  actuaciones coercitivas hacia las personas que no han cometido  delito. 

18. Defendemos que las mujeres podamos ejercer nuestro  derecho constitucional a decidir sobre nuestros cuerpos y  nuestras vidas, sin tutelajes ni obstáculos. Que se nos respete  cuando decidamos voluntariamente la interrupción del  embarazo. Que la interrupción voluntaria del embarazo esté  incluida como un servicio sanitario más en los hospitales y  centros públicos. Actualmente el 99.98% de los abortos  realizados en la Comunidad de Madrid se realizan en clínicas y  hospitales privados, según datos de 2021 del Ministerio de  Sanidad. 

Reivindicamos una educación sexual integral y actualizada en las  aulas y los centros sanitarios; que se garantice el acceso a la  atención de la salud sexual y reproductiva y métodos  anticonceptivos a todas las mujeres, independientemente de su  situación administrativa, edad, sexualidad o identidad sexual. 

19. Asegurar que todas las personas residentes en Madrid,  independientemente de su situación administrativa,  tengan asistencia sanitaria pública, tal como lo dictaminan  las diferentes leyes estatales y autonómicas.

20. No a la «caza de brujas» y amenazas a los y las  profesionales que denuncian las irregularidades. Desde aquí  nuestro mayor reconocimiento a la Dra. Mar Noguerol, intachable  profesional, injustamente sancionada por defender la Sanidad  Pública.  

21. Recursos para que la atención a la salud comunitaria sea  una realidad desde el Sistema Público de Salud, asegurando la colaboración con los centros educativos y garantizando la educación y atención sociosanitaria necesaria en las familias. 

22. Y por último, exigimos se habiliten los  mecanismos necesarios que propicien la participación ciudadana real en la Comunidad de Madrid, tal como  expresa nuestra Carta Magna en su Art. 9.2, y en las leyes  autonómicas, y sea efectiva la participación de la ciudadanía en  la gestión de nuestros servicios sanitarios. Así se lo exigimos hoy al partido gobernante en la Comunidad de Madrid y  así se lo seguiremos exigiendo a los diferentes poderes  públicos, hasta que los madrileños y madrileñas seamos escuchadas.»