Movilización de los trabajadores de Alu Ibérica en Avilés

Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el Grupo Riesgo saqueó Alu Ibérica mediante sobrecostes, negocios ficticios, empresas pantalla y  “maniobras defraudatorias” como la compra de bitcoins a través de su filial Logiplus.

La plantilla de Alu Ibérica abucheó el pasado 4 de enero al Presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamando su dimisión cuando se dirigía a la localidad de Piedras Blancas, cercana de Avilés (Asturias), a inaugurar una biblioteca pública. Inicialmente, la plantilla había sido convocada para celebrar una asamblea en la fábrica, pero al tener noticias de la visita de Barbón, sobre la marcha, modificaron su agenda, presentándose los trabajadores en la nueva sede cultural para recibir al Presidente con una sonora desaprobación de su gestión en la caótica situación en la que se encuentran los asalariados de la antigua multinacional del aluminio Alcoa. Se exhibieron pancartas en defensa de la continuidad de la producción de aluminio primario, se quemaron numerosos petardos y se le lanzó una camiseta amarilla, icono de esta lucha obrera en defensa del centro productivo.

Los trabajadores al Presidente Barbón; “Vais a arruinar a Asturias”, “No le dices la verdad ni al médico”

De manera inmediata hicieron presencia efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y más tarde miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). Los trabajadores los recibieron al grito de “somos trabajadores, no terroristas”. A la salida de la inauguración del centro, el Presidente fue increpado por los manifestantes: “Vais a arruinar a Asturias”, “No le dices la verdad ni al médico”, entre otras.

En declaraciones a la prensa, el Presidente del Principado expuso que la responsabilidad de la situación actual de la factoría era de la multinacional americana Alcoa al haber engañado al Ministerio de Industria. Afirmó que la situación concursal impide la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque confiaba en la llegada de nuevos inversores para reactivar la producción. El Presidente del Comité de Empresa, respondiendo a estas afirmaciones, dijo: «antes decía que la SEPI podía entrar en el proceso concursal y ahora no  porque estamos en concurso. No tiene credibilidad. Es un mentiroso».

En octubre de 2018, la antigua Alcoa anunció el cierre de su planta de Avilés que entonces contaba con una plantilla de 300 trabajadores. Su decisión era cerrar las factorías de Avilés y A Coruña. Alegaba para el despido colectivo “problemas estructurales intrínsecos”, el elevado coste de la electricidad, el carácter obsoleto de las instalaciones y el alto coste de la alúmina y de otras materias primas. Pese a estas circunstancias, la multinacional obtuvo en el ejercicio anterior de 2017 unos beneficios de 217 millones de dólares. Con el anuncio de unas previsibles pérdidas en el ejercicio económico de 2018, fundamentaba la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) y el cierre de las instalaciones, algo que la reforma laboral del Gobierno Rajoy permite desde el 2012 y que el actual gobierno de coalición continúa consintiendo con su reforma laboral superdescafeinada de 30 de diciembre pasado.

Posteriormente, ya en el mes de julio de 2019, la multinacional Alcoa firmó la venta de las plantas industriales de Avilés y A Coruña al fondo buitre suizo Parter Capital lo que de manera inicial parecía mantener los puestos de trabajo de casi 700 asalariados. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera, valoraba esta compraventa con satisfacción y esperanza, «porque es un éxito de todos, de los trabajadores, de los responsables de las plantas, de los gobiernos de Asturias y Galicia».

Sin embargo, más tarde, en abril de 2021, los presidentes de los comités de empresa de las plantas de la nueva entidad Alu Ibérica, denunciaban: «no tenemos fábricas, están totalmente rotas, la situación es caótica, no tenemos plan industrial, no tenemos ningún tipo de actividad». Los trabajadores reclamaron entonces que la SEPI interviniera la compañía para evitar su desmantelamiento, cuando esta había pasado ya a manos del Grupo Riesgo y añadían: «tenemos unos presuntos delincuentes en fábrica, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) los está investigando… no hay solución ni posibilidad de continuidad con esta gente». Los trabajadores reclamaban también ante el Ministerio de Industria la necesidad de «un precio de la electricidad industrial acorde con el que disfrutan los competidores europeos».

Alu Ibérica, en concurso voluntario de acreedores.

Los centros de trabajo de A Coruña y Avilés, ahora de la titularidad de Alu Ibérica, se encuentran parados y la empresa en concurso voluntario de acreedores, con las plantillas de sus centros de trabajo (600 trabajadores) en suspensión de empleo.

Los sindicatos interpusieron con anterioridad una querella criminal contra los directivos Alcoa, Parter Capital y Grupo Riesgo, titulares sucesivos de las instalaciones fabriles,  por presunta estafa en el proceso de venta que ha derivado en una investigación penal de la Audiencia Nacional, actualmente en trámite y en la que por el momento fueron detenidos en marzo pasado cuatro directivos del Grupo Riesgo por la descapitalización de las plantas. Se ha decretado, además, la intervención judicial como medida cautelar y se apartó a los gestores, quedando al frente de los centros de producción un Administrador Judicial.

Por sentencia, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró que la antigua cedente Alcoa había transgredido el pacto firmado con el comité de empresa antes de la venta de 2019. Esta resolución judicial considera que la multinacional americana  nunca dejó de ser el “empresario real” de las fábricas tras la venta y que ni Parter ni el Grupo Riesgo cumplen «mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso. Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores».

Según la UDEF, el Grupo Riesgo saqueó Alu Ibérica mediante sobrecostes, negocios ficticios, empresas pantalla y  “maniobras defraudatorias” como la compra de bitcoins a través de su filial Logiplus. Por estos indicios fueron detenidos en marzo de 2021 Víctor Rubén Domenech, dueño del Grupo Riesgo, su socia Alexandra Camacho y los directivos Luis Losada y Diego Peris Sirvent.

Sin efectivo para hacer frente al pago de proveedores y para la adquisición de materia prima, el Administrador Judicial ordenó el cierre de las dos plantas a finales de agosto último. En octubre los trabajadores entraron en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y el 1 de diciembre el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña declaró en concurso voluntario de acreedores a Alu Ibérica.

La lucha de los trabajadores de la antigua Alcoa se mantiene viva  desde el 2018 y no cesará hasta lograr la recuperación de los puestos de trabajo. Esa es la firme voluntad de los trabajadores de Alu Ibérica que han puesto de manifiesto en la concentración de trabajadores del pasado 8 de enero ante el Ayuntamiento de Aviles. Al grito de «¡no queremos paro, queremos trabajo!», los empleados de la planta avilesina han exigido a las administraciones «una solución posible y que no nos engañen más».

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