Paralizado un desahucio de Jaén

Es urgente una nueva política capaz de ofrecer un parque de viviendas sociales suficiente que evite los desahucios a familias vulnerables.

En el pasado 11 de enero, el Juzgado nº 1 de 1ª Instancia de Jaén había ordenado el desahucio de una familia sin recursos, con tres hijos menores de 1, 3 y 14 años. El 28 del mes anterior se produjo una importante movilización popular en solidaridad con los afectados (Luis, Diana y sus hijos), concentrándose a las puertas del Juzgado donde entregaron un pliego de firmas solicitando la paralización del desahucio  hasta tanto las administraciones competentes ofrecieran a la familia una vivienda social o en alquiler de renta baja, dado que el matrimonio se encuentra en paro, sin perspectivas próximas de encontrar empleo. Se trata, por tanto, de una familia vulnerable.

La intervención del Defensor del Pueblo, la expedición de una certificación municipal de vulnerabilidad y, sobre todo, la movilización solidaria en apoyo de los perjudicados, organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH de Jaén) y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI), entre otras entidades y organizaciones  sociales y políticas, han hecho posible que la amenaza del desahucio no se consumara por el momento.

Como indica la portavoz  de la PAH de Jaén, Isabel Mateo, en declaraciones a la cadena SER, esta paralización es temporal, desconociendo cuándo volvería a reactivarse la ejecución del desahucio si para entonces las administraciones implicadas no ofrecen solución habitacional a la familia.

En una nota pública, el PAH y AABI  reclama que «el Ayuntamiento y la Delegación  de Vivienda  de la Junta estén a la altura de las circunstancias y encuentren una alternativa habitacional para la familia con 3 menores… que toma respiro ante la paralización del desahucio el 11 de enero y espera una vivienda pública en alquiler accesible acorde con su situación económica. Una familia trabajadora que ha pagado sus impuestos para nutrir presupuestos generales y para financiar programa público de vivienda y que ahora que atraviesan dificultades económicas merecen un trato adecuado de los poderes públicos en el acceso a un bien necesario como es la vivienda familiar

El Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre prorrogó las políticas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, ampliado  hasta el 28 de febrero de 2022 las medidas impulsadas en los últimos Reales Decretos-leyes 11/20, 37/20 y 8/21 en materia de desahucio y de contratos de alquiler de vivienda.

Esta normativa dispone que la persona arrendataria pueda instar «un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.» Pero añade a continuación que «estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto el 28 de febrero de 2022.»

Como ya hemos señalado en Hojas de Debate la prorroga de la suspensión temporal de los desahucios es pan para hoy y hambre para mañana.

Con toda razón, la portavoz del PAH de Jaén en sus declaraciones a la emisora de radio,  resalta la importancia de pasar de una actuación meramente defensiva, a otra de carácter ofensiva tendente a reivindicar ante las autoridades competentes una nueva política capaz de reunir un suficiente parque de viviendas sociales que eviten los desahucios a familias vulnerables. En este sentido, Isabel Mateo plantea la necesidad de que el Ayuntamiento de Jaén elabore un panel ciudadano en relación con el derecho a la vivienda que incluya un análisis sobre su evolución desde que la Constitución del 78 recoge este derecho ciudadano, junto a la programación de alternativas para resolver el dramático problema de los desahucios a personas en dificultades económicas. El mercado privado de viviendas, señala esta portavoz, no está para las familias vulnerables.

Debemos recordar que tenemos seis millones de jóvenes que no pueden acceder a los más de tres millones de viviendas vacías existentes en nuestro país, según datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística. Mientras, los lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2021 alcanzaron los 8.659 desahucios, lo que supone un 22% más que en el mismo trimestre de 2020.

Una buena parte de las viviendas vacías son de la titularidad de bancos y fondos buitres. La anterior titular de la secretaría de estado para la Agenda 2030 ha señalado que «existe una enorme concentración de estas viviendas vacías en manos de bancos y de fondos buitre que tienen alrededor del 80% del mercado». Es imprescindible, por tanto, una amplia movilización social para  que la nueva legislación sobre vivienda las intervenga.

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