Las pensiones se defienden
Utilizar el IPC promedio en lugar del IPC acumulado supone en la práctica rebajar el importe de las pensiones y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas.
El pasado sábado 12 de febrero tuvieron lugar en numerosas ciudades y pueblos de España manifestaciones reclamando que las pensiones se revaloricen anualmente de acuerdo con el IPC acumulado y no sobre el del promedio, situación que está provocando una pérdida real del poder adquisitivo de las pensiones que alcanzan ya un 3%.
Las organizaciones de pensionistas convocantes suscribieron un manifiesto en el que recordaban que en 2015, durante el gobierno de M. Rajoy se pretendió reducir la revalorización anual de las pensiones a solo un 0,25%,contraviniendo el artículo 50 de la Constitución. La movilización social de los pensionistas durante tres años fue determinante para bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y, también, acelerar la caída del gobierno Rajoy. Se restableció el Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado o IPC real como índice para la revaloración anual de las pensiones, siendo este el mejor sistema para medir el coste de la vida y el que siempre se usó en pensiones y salarios para garantizar su poder adquisitivo.
La Ley 21/21 publicada en el BOE por el actual gobierno de coalición establece como referencia de revalorización anual de las pensiones, el llamado «IPC Medio», es decir, el promedio de los IPC de los doce meses del año.
Utilizar el IPC promedio supone en la práctica rebajar el importe de las pensiones y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. En este sentido, el manifiesto de los pensionistas resalta que el IPC real desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021 ha sido del 5,5% y sin embargo, el IPC Medio fue solo el 2,5%. La pérdida ha sido de un 3% para el 2021 y otro 3% respecto de 2022 porque ya no habrá abono de más paguillas.
Los pensionistas revelan que más de dos millones y medio de personas reciben una pensión que no supera los 650 euros, entre ellas figuran la viudedad, incapacidad permanente u orfandad.
Finalmente denuncian de que aun reconociéndose que el Sistema Público de Pensiones es sólido y viable, con el Real Decreto de 28 de diciembre de 2021 se avanza hacia la privatización de las pensiones convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado, por lo que, indican los pensionistas, es preciso defender el carácter público y de reparto del Sistema Público de Pensiones e impedir a toda costa los intentos de privatización.
Los pensionistas reclaman:
• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del IPC real o acumulado tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021.
• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.
• Garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula.
A las diferentes movilizaciones han acudido miles de pensionistas y han sido promovidas por la Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar (ASJUBI40), la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE), el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), el Movemento Galego en Defensa das Pensiones e os Servizos Públicos (MODEPEN), la Unidad-COESPE y Plataformas Locales de Pensionistas de Badajoz y Móstoles.
