Reclaman ante el Juzgado la paralización de un desahucio en Jaén

Carteles a la puerta del juzgado demandan un alquiler social para Luis, Diana y sus tres menores.

Numerosos colectivos sociales junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH de Jaén) y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI), han registrado el pasado día 28 de diciembre en el Decanato de los Juzgados de Jaén un escrito solicitando al Juzgado nº 1 de 1ª Instancia de la ciudad, la petición de paralización del desahucio de una familia vulnerable con tres menores (Luis, Diana y sus hijos) hasta tanto los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jaén y la Delegación de Vivienda busquen y ofrezcan a la familia afectada una vivienda vacía o un alquiler social fuera de las leyes del mercado a la que esta no puede acceder.

Reclaman que la paralización debe ir al menos hasta el 28 de febrero próximo, fecha en la que se prevé un decreto gubernamental que suspenda los desahucios a las familias vulnerables. En el caso de que se prorrogara la vigencia de la nueva norma se aplazaría el lanzamiento para seguir buscando esa alternativa que las organizaciones convocantes consideran justa, necesaria y urgente.

Carteles a la puerta del juzgado reclamaban un alquiler social para Luis, Diana y sus tres menores, en los que podíamos leer: “El derecho a techo es sagrado”, “Alquiler social para Luis, Diana y sus tres hijos”.

Desde los colectivos convocantes se interesa al conjunto de la ciudadanía la solidaridad con esta familia, para hacer valer el derecho fundamental de todos a disponer una vivienda digna, máxime en esta época difícil de pandemia. En este sentido, estiman la urgente necesidad de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jaén junto con la Delegación de Vivienda y la empresa pública, busquen y ofrezcan una vivienda municipal, un alquiler social o una vivienda del parque público existente para solventar la amenaza que pende sobre esta familia.

No se entendería, señalan los convocantes de esta concentración ante el Juzgado,  que habiendo casi diez mil viviendas vacías en la ciudad, la Administración Pública no pueda lograr acuerdos con bancos o particulares para encontrar un alquiler asequible que haga frente a situaciones como la que atraviesa esta familia amenazada de desahucio.

Vecinos, amigos y activistas de las distintas organizaciones convocantes,  que han manifestado su adhesión en el escrito entregado en el Decanato de los Juzgados y que han estado presentes en el acto público del pasado 28 de diciembre, comparten la necesidad de que se apliquen las medidas urgentes que hagan frente a estas situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, según la  vigente normativa antidesahucios, basándose en la relevancia jurídica de la protección del menor y la  obligación de realojo asistido ante desalojos del único domicilio, según convenios internacionales ratificados por España y la relevancia jurídica ante esta situación sanitaria excepcional. 

Para el próximo 11 de enero está previsto el desalojo de esta familia por el Juzgado competente, si antes las administraciones públicas involucradas no ofrecen solución habitacional a la familia afectada. Los colectivos sociales que están trabajando en este asunto, harán el correspondiente llamamiento para intentar paralizar el desahucio si para entonces Luis, Diana y sus hijos no disponen de vivienda digna.

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