Siemens-Gamesa traslada dos centros de trabajo a Portugal

Ante la inacción de la administración laboral y del gobierno de coalición, y el mantenimiento de la reforma laboral de 2012 por este, los trabajadores se han visto obligados a firmar un preacuerdo que permitirá el cierre de los centros de trabajo de Cuenca y A Coruña.

El 3 de abril de 2017, Siemens Wind Power y Gamesa cierran la fusión de su proyecto de energía eólica. Están presentes en más de 90 países. La compañía resultante tiene su sede en Zamudio y cotiza en la bolsa española. Es una de las empresas del sector industrial más grande del Ibex 35.

Esta multinacional presentó un ERE (despido colectivo) cuyo período de consultas finalizó el 18 de febrero último. Su objeto ha sido el cierre en Cuenca de la planta eólica dedicada a la reparación de palas de aerogeneradores, así como también la de As Somozas y el despido de cerca de 300 trabajadores para de esta forma poder trasladar estos centros de trabajo a Portugal.

La causa no ha sido los malos resultados económicos derivados de una situación de crisis. De lo que se trata es de incrementar los beneficios ubicando estos dos centros de trabajo de Cuenca y A Coruña en el vecino país.

Como la reforma laboral no ha sido derogada por el gobierno de coalición, la patronal de energía eólica, desde un punto de vista legal, puede despedir a los trabajadores sin que la Administración intervenga en el asunto. Por otra parte, la hipotética reclamación a la vía judicial tiene poco recorrido dada la actual regulación de los despidos colectivos –art. 51 del Estatuto de los Trabajadores- que impuso la reforma laboral de 2012 y que el gobierno de coalición mantiene hasta el momento, pese al compromiso de diciembre de 2019 de derogarla.

Los trabajadores se han movilizado a las puertas de las factorías y ha venido reclamando al Ministerio de Transición Ecológica para que convocase de urgencia a la multinacional, a la representación de los trabajadores, a los gobiernos de Castilla-La Mancha y Galicia para buscar una solución que mantenga los puestos de trabajo e impida el traslado a Portugal de las instalaciones industriales afectadas. Tales encuentros han sido infructuosos. Ante la inacción de la administración laboral y del gobierno de coalición, y el mantenimiento de la reforma laboral de 2012 por este, los trabajadores se ha visto obligados, pese a las movilizaciones obreras que han realizado, a firmar un preacuerdo que permitirá el cierre de los centros de trabajo de Cuenca y A Coruña a cambio de indemnizaciones de despido superiores a las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Nos encontramos con un fenómeno de deslocalización empresarial, de traslado de la actividad productiva de un lugar a otra zona con la finalidad de abaratar costes y obtener, en este caso, mayores beneficios para el titular de los centros de trabajo afectados. Algo que con la reforma laboral de Rajoy de 2012 puede lograrse sin que la Administración tenga que dar su consentimiento, aunque el traslado pueda afectar a miles de trabajadores en un contexto de cerca de cuatro millones de trabajadores en paro. Eso sí, la Administración interviene justamente para garantizar la efectividad de esta deslocalización, poniendo al servicio de las multinacionales a las fuerzas de orden público y a las autoridades judiciales para que la voluntad del capital se imponga contra la de los trabajadores y contra el entorno socio-económico de las poblaciones dañadas y empobrecidas como consecuencia de este despido colectivo.

Corresponsal de Castilla-La Mancha