¡Solidaridad con Raquel Rodríguez!

Ha sido citada a juicio para el próximo día 11 de octubre por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº  1 de Puerto Real, acusada de un presunto delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el desarrollo de la huelga del metal de Cádiz.

Raquel Rodríguez es una trabajadora de la limpieza del barrio “Río San Pedro” en Puerto Real que estuvo presente en la huelga del metal de Cádiz del pasado mes de noviembre de 2021, en la que los cuerpos de seguridad desplegaron vehículos militares en los barrios en donde residen los trabajadores del metal.

Ha sido citada a juicio para el próximo día 11 de octubre por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº  1 de Puerto Real, acusada de un presunto delito de injurias (arts. 210 y siguientes del Código Penal) contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por unas declaraciones que hizo ante las cámaras de RTVE en el informativo de 24 horas en las que afirmaba «que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes y no voy a permitir que estos… porque si yo fuera obrera como ellos (refiriéndose a la policía), porque ellos se han educado en zonas obreras, colgaría el uniforme o si no me uniría a ellos como hicieron en Portugal, la revolución de los claveles, en Portugal defendieron a la clase trabajadora».

Raquel ha manifestado a Europa Pres sobre este juicio penal que se enfrenta «a un aparato represor, en un estado antidemocrático», añadiendo que ella ha sido «una cabeza visible de la huelga del metal», por eso ha tenido que «aguantar estas acusaciones», las cuales afronta «porque no voy a retractarme de nada».

En declaraciones a La Voz del Sur.es, Raquel ha dicho que está «muy orgullosa de mis acciones y sigo siendo consecuente con ellas porque no me arrepiento de nada, ya que no he hecho nada malo» y se pregunta, cómo muchos de sus vecinos, a un año de la huelga, por qué el gobierno decidió utilizar vehículos militares en una huelga de trabajadores legal y legítima. Me siento indignada y engañada, dice Raquel, «con este gobierno progresista que debería actuar de otra manera, no oprimiendo a los trabajadores que piden derechos sino a las empresas que explotan».

Desde su vivienda en la barriada de Río de San Pedro de Puerto Real, Raquel Rodríguez observó desde su balcón a una tanqueta policial que irrumpió por una de las calles de la zona el pasado 23 de noviembre de 2021, durante el desarrollo de la huelga del metal de Cádiz: «venía de trabajar, estaba en mi parada del desayuno, pero cuando vi aquella injusticia no tuve más remedio que bajar y pedirle a los antidisturbios que pararan», añade.

Sobre la Ley Mordaza Raquel expone que es «una vergüenza antidemocrática, típico de una dictadura, que deja al descubierto el carácter represivo del Estado y de su Gobierno… esta ley demuestra ser auténtica heredera del franquismo, dirigida contra los trabajadores y la gente pobre… los que deberían estar enjuiciados son los mismos que me han denunciado por venir a atacar un barrio obrero».

Raquel no es la única acusada con motivo de la huelga del metal de Cádiz. Unos días después de finalizar la huelga en diciembre de 2021, la policía nacional detenía a varias vecinas de Río San Pedro y de San Fernando. Entre los detenidos se encuentra Vicente, que tendrá que declarar el próximo 23 de septiembre por desorden público al defenderse de una agresión policial. Comenta Raquel: «siempre hay 8 o 10 cabezas de turco para escarmentar al resto de obreros para cortarnos el derecho de manifestarnos, nuestra libertad. Están activando el carácter represivo».

El artículo 208 del Código Penal define la injuria como «la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación». Por su naturaleza, efectos y circunstancias, las injurias deben ser tenidas «en el concepto público por graves». Por otra parte, «las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad», Mientras, la ley mordaza sigue vigente pese al compromiso adquirido por el gobierno de coalición en diciembre de 2019 por derogarla en su integridad.