Canarias: el derecho a decidir contra la opresión neocolonial
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La crisis de la vivienda cristaliza esta contradicción de forma dramáticamente visible. Mientras miles de familias enfrentan alquileres inasumibles y la amenaza constante del desahucio, fondos de inversión y tenedores de activos acaparan el stock residencial, transformando un derecho humano fundamental en un puro activo financiero.
Canarias encarna una contradicción estructural que desvela la persistencia de matrices de dominación neocolonial en la era global. Territorio de extraordinaria riqueza bioclimática y humana, el archipiélago genera un excedente social inmenso que es sistemáticamente drenado hacia el exterior. Las estadísticas revelan una verdad elocuente: a finales de 2024, más del 31% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social; la pobreza infantil supera el 36%; y la renta media apenas ronda los 13.000 euros anuales, en contraste con un PIB per cápita que se aproxima a los 25.000. Esta disparidad no constituye un desajuste coyuntural, sino la expresión cuantificable de una relación estructural de saqueo donde la generación de valor local es expropiada por mecanismos financieros, fiscales y productivos controlados desde fuera.
La incorporación forzosa de Canarias a los circuitos del capitalismo mundial la configuró como una periferia subordinada cuya función ha mutado históricamente -de escala imperial a monocultivo turístico- sin alterar la lógica fundamental de extracción. Bajo la retórica del «desarrollo» y la «modernización», se perpetúa un modelo de economía de enclave donde se externaliza los impactos socioambientales (las empresas no pagan por la contaminación, la pobreza o la destrucción, cargando con ello comunidad local) e internaliza las ganancias (quedarse con todos beneficios) para una élite transnacional y una burguesía local intermediaria. El Régimen Económico y Fiscal (REF), presentado como compensación por la lejanía insular, opera en realidad como un sofisticado engranaje de desposesión que canaliza capital hacia la especulación inmobiliario-financiera a través de mecanismos como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). Así, el REF consolida a Canarias como un paraíso fiscal encubierto donde se acumulan fortunas obscenas sobre la base de una población sometida a la precariedad laboral y la exclusión social.
La crisis de la vivienda cristaliza esta contradicción de forma dramáticamente visible. Mientras miles de familias enfrentan alquileres inasumibles y la amenaza constante del desahucio, fondos de inversión y tenedores de activos acaparan el stock residencial, transformando un derecho humano fundamental en un puro activo financiero. El suelo, bien común por excelencia, es mercantilizado y sometido a la lógica abstracta del rendimiento capitalista. Este proceso no solo genera una fractura social insalvable, sino que actúa como dispositivo de expulsión, forzando a las generaciones más jóvenes a la emigración o la marginalidad. La vivienda se erige así en el campo de batalla primordial donde se dirime la lucha entre la vida digna y la lógica depredadora de la acumulación.
A la dominación económica se superpone una subordinación geopolítica determinada por la posición geoestratégica del archipiélago. Canarias ha sido históricamente tratada como plataforma al servicio de intereses imperiales: ayer, escala en la ruta de las Indias; hoy, base logística de la OTAN y pieza clave en el dispositivo neocolonial europeo sobre África. El histórico «NO» del pueblo canario en el referéndum sobre la OTAN de 1986 trascendió el pacifismo para constituirse en acto fundacional de autodeterminación. En este contexto, la reivindicación de una neutralidad activa y soberana emerge como estrategia de emancipación geopolítica, ruptura consciente con la subordinación militarista que complementa y sostiene la dependencia económica. Sin una base de poder popular, la neutralidad sería mera declaración de intenciones; con ella, se convierte en pilar fundamental de la soberanía material: la capacidad efectiva de un pueblo para decidir sobre sus recursos, su territorio y su destino colectivo.
La emancipación de Canarias no será concesión graciosa desde los centros de poder en Madrid, Bruselas o Washington. Será resultado de la lucha colectiva, consciente y organizada del pueblo trabajador -obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, migrantes, jubilados- por construir hegemonía desde abajo. Este proceso implica el tránsito de la condición de subalternidad a la dirección moral y política, donde una conciencia nacional-popular se articule como proyecto de poder contrahegemónico. Frente a la alienación cultural que busca naturalizar la sumisión, es imperativo forjar una conciencia crítica que entrelace memoria histórica, identidad y proyecto de liberación.
La libertad de Canarias no se medirá por índices macroeconómicos, sino por la capacidad real de su pueblo para controlar su economía y garantizar vida digna para todos. El derecho a decidir no es consigna abstracta sino necesidad histórica: la demanda de un pueblo que, consciente de su poder colectivo, se organiza, levanta y avanza hacia su emancipación integral. Cuando un pueblo asume la plena potestad sobre su destino, ningún imperio, por poderoso que parezca, puede someterlo indefinidamente.
