Canarias: periodismo de guerra y el reclamo de la toma de control militar de la OTAN sobre nuestras aguas

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta imperativo desmontar la falacia terminológica de la denominada «flota en la sombra». Este concepto carece de anclaje en las categorías del derecho internacional público; es un constructo propagandístico propio del lawfare diseñado para criminalizar el comercio legítimo de Estados soberanos que ejercen su derecho a no subordinarse al dictado unilateral de Washington.

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La reciente publicación del diario Canarias7 bajo el alarmista titular «Tres gaseros rusos ‘darkfleet’ circulan por aguas canarias»  constituye un nítido ejemplo de cómo cierta prensa en el Archipiélago actúa como correa de transmisión de una narrativa militarista y rusófoba. Esta estrategia comunicativa, lejos de ser inocente, está diseñada para la construcción mediática de un enemigo que justifique la progresiva toma de control militar de Canarias por parte de potencias extranjeras integradas en la OTAN. Bajo la apariencia de una alerta sobre seguridad marítima y riesgos medioambientales, el artículo se erige como un aviso a navegantes —nunca mejor dicho— y, en esencia, como un reclamo explícito para que la Alianza Atlántica ejerza un control militar efectivo sobre nuestro territorio, puertos, aeropuertos y las aguas canarias, así como su perímetro estratégico. No es casual que esta pieza se publique al calor de las recientes amenazas de Donald Trump, quien ha explicitado su intención de tomar, si así lo estima, las bases de Morón y Rota, en Andalucía, evidenciando una aplicación agresiva de la Doctrina Monroe que pretende degradar al Estado español a la condición de mero protectorado, y a Canarias, a la de portaaviones avanzado en el Atlántico Medio.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta imperativo desmontar la falacia terminológica de la denominada «flota en la sombra». Este concepto carece de anclaje en las categorías del derecho internacional público; es un constructo propagandístico propio del lawfare diseñado para criminalizar el comercio legítimo de Estados soberanos que ejercen su derecho a no subordinarse al dictado unilateral de Washington. Como operadores jurídicos, debemos invocar los principios rectores de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima,  en perfecta armonía con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDMA). El derecho de paso inocente por el mar territorial y la libertad de navegación en la zona económica exclusiva son pilares del orden marítimo internacional que no pueden ser socavados por «listas negras» unilaterales de dudosa legalidad. Procede subrayar, con toda firmeza, que las sanciones impuestas a estos buques tienen carácter unilateral y, por tanto, carecen de toda validez y eficacia ejecutiva en territorio español, al no haber sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, único órgano con competencia exclusiva erga omnes para imponer medidas coercitivas —tanto las no armadas del Artículo 41 como, en última instancia, las acciones por la fuerza del Artículo 42— en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU.  Cualquier intento de interceptación, abordaje o restricción de la libertad de navegación basado en estas sanciones ilegales constituiría, prima facie, un acto de piratería institucionalizada y, de ejecutarse por autoridades españolas, un presupuesto de hecho para la concurrencia, cuando menos, de un delito de prevaricación administrativa.

Este clima de hostilidad informativa, trufado de una rusofobia de manual, persigue normalizar la presencia de activos de guerra en nuestras costas, transformando nuestra posición geoestratégica en un activo al servicio de la confrontación global. El artículo, que emana de sectores que operan como intelectuales orgánicos que llaman a reforzar las sanciones anglosajonas y de la lacayuna Unión Europea contra la Federación Rusa, no entra en los verdaderos factores de desestabilización en la región y a reclamar su sanción internacional: la actividad criminal de comandos vinculados al régimen de Kiev y la sombra de los servicios de inteligencia israelíes, que ya han extendido sus operaciones de sabotaje hasta las costas de Senegal, como demuestra el reciente ataque ucraniano contra el petrolero Marsim frente a Dakar. Mientras se señala a gaseros civiles que cumplen, si no se demuestra lo contrario, con los estándares técnicos de navegación, se guarda silencio sobre la implicación de la alianza Zelenski-Netanyahu en la estrategia de agresión militar de EE. UU. contra Irán y contra los gobiernos soberanistas del Sahel que han decidido romper con el yugo neocolonial. Es esta alianza de intereses la que realmente amenaza nuestra seguridad, pretendiendo utilizar a Canarias como plataforma logística y «gasolinera» para sus intervenciones militares en el continente africano.

La retórica confrontadora del Gobierno de España ante la administración estadounidense que ya amaga con vulnerar la soberanía nacional sobre las bases de uso compartido sitúa al Archipiélago en una posición de vulnerabilidad extrema al auspiciar un asedio militar naval a buques civiles con gas ruso -contra los intereses de una potencia nuclear en guerra- fuera de las aguas canarias. No es una coincidencia,  la bravata monroista de Trump, sino una necesidad funcional, que este periodismo de guerra aparezca precisamente cuando se monta un relato que parece sugerir, ante lo que viene a ser una denuncia de una presunta inoperancia de las fuerzas navales y aéreas españolas, a la toma de control militar de Canarias para blindar la hegemonía de la OTAN en el Atlántico Medio e ir a contrarrestar la operatividad de lo que denomina “flota rusa en la sombra”. Ante este escenario propicio a la manipulación y el vasallaje, la única salida política y jurídica digna es la reclamación urgente de un Estatuto de Neutralidad para Canarias, iniciativa que, como ha sido público, se ha presentado en el Parlamento de Canarias con el aval de un amplio respaldo social y político. Un estatuto que, reconocido internacionalmente, blinde nuestras islas como un territorio de paz, desnuclearizado y expresamente excluido de las estructuras de mando y logística de la OTAN . Solo la neutralidad activa y efectiva puede protegernos de ser arrastrados a un conflicto que no es el nuestro e impedir, en el caso que tratamos, que nuestras aguas se conviertan en el tablero de juego de potencias nucleares. Canarias no necesita patrullas de la OTAN vigilando gaseros rusos; lo que necesita es un Estatuto de Neutralidad para impedir que su suelo y su mar sean utilizados para la agresión imperialista.