Ceuta, 15 de agosto: propaganda y racismo de la cleptocracia del Majzén para cobrar  en Bruselas

El recuento de la violencia letal sufrió idéntica metamorfosis. La versión oficial arrancó  admitiendo 43 fallecidos. Poco después se contabilizaban 57 cadáveres en aguas de Ceuta;  la Cadena SER elevaba la cifra a 94; y hoy, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos  y Caminando Fronteras confirman al menos 141 muertos a ambos lados de la valla, 78 rescatados en territorio español y 63 en la vertiente marroquí. Pasamos de 43 a 141  víctimas. Tal es el coste humano acumulado que sirve de preámbulo a la nueva  escenografía. 

Síguenos en Hojas de Debate

El 15 de agosto no existió un intento de entrada masiva en Ceuta. Lo que presenciamos fue  la escenificación de un teatro de operaciones tan viejo como rentable para la satrapía  alauita: una maniobra de coerción calculada, minuciosamente instrumentada para pasar la  factura en los despachos de Bruselas. Para desentrañar la arquitectura de esta  representación, es imprescindible revisar primero el baile de cifras del episodio anterior —30  y 31 de julio—, donde el propio Estado español se vio obligado a corregir su relato a medida  que la realidad desmontaba la versión inicial. 

Aquel fin de semana no entraron 40.000 personas como se afirmó en un primer momento.  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a Ceuta denunciando una «violación de  la integridad territorial» e imputando la responsabilidad en exclusiva a las mafias. Sin  embargo, la contabilidad fue mutando al ritmo de la conveniencia política: de los 40.000 o  50.000 iniciales —versión destinada a minimizar el impacto—, el ministro del Interior,  Fernando Grande-Marlaska, tuvo que elevar la cifra a 72.000. Fuentes gubernamentales y  el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, terminaron admitiendo ante el Parlamento Europeo  un saldo de hasta 80.000 entradas y 75.000 devoluciones exprés en apenas 24 horas. La  brecha entre el relato y los hechos puso al descubierto la mayor irrupción instrumentalizada  de la historia reciente. 

El recuento de la violencia letal sufrió idéntica metamorfosis. La versión oficial arrancó  admitiendo 43 fallecidos. Poco después se contabilizaban 57 cadáveres en aguas de Ceuta;  la Cadena SER elevaba la cifra a 94; y hoy, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos  y Caminando Fronteras confirman al menos 141 muertos a ambos lados de la valla, 78 

rescatados en territorio español y 63 en la vertiente marroquí. Pasamos de 43 a 141  víctimas. Tal es el coste humano acumulado que sirve de preámbulo a la nueva  escenografía. 

Sobre ese reguero de sangre se montó la operación del 15 de agosto. Alimentada por la  propagación de convocatorias en redes sociales —«Nos vemos allí el día 15»—, el aparato  del Majzén ejecutó la maniobra inversa. En las colinas de Jbel Moussa y el barrio de la  Cerámica, a tres kilómetros de Fnideq, las Fuerzas Auxiliares desplegaron una batería  represiva desproporcionada: gases lacrimógenos, helicópteros, drones, perros y un saldo de  294 detenidos, 248 subsaharianos y 46 magrebíes. La respuesta posterior fue la  acostumbrada violencia estructural: deportaciones forzosas en autobuses fletados a  Ouarzazate —a más de 800 kilómetros—, detenciones arbitrarias sin verificación  documental y el abandono de seres humanos en zonas desérticas o en la frontera con  Argelia. 

Existe una lógica contable y de clase en esta selección de la violencia. El 30 y 31 de julio la  masa estaba compuesta por jóvenes marroquíes; el 15 de agosto la represión se encarniza  contra la población negra. No es un exceso aleatorio, sino un cálculo racista de contención  

política. Reprimir brutalmente a la juventud de Beni Mellal o Tetuán tras el impacto de 141  muertes recientes entraña un riesgo de reactivación del conflicto interno que el régimen no  puede asumir. Por el contrario, aporrear, perseguir y expulsar a un joven chadiano o a un  menor nigeriano carece de coste social en el frente doméstico, pero genera un altísimo  rendimiento geopolítico exterior: produce la foto exacta que se vende en Europa. 

Esta es la piedra angular del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El acuerdo ha  transformado la frontera sur en un mercado de subasta donde la capacidad punitiva se  retribuye con fondos públicos. Marruecos domina las reglas del juego: abre la espita cuando  necesita recordar su capacidad de chantaje soberano, y la cierra mediante la cacería de  subsaharianos cuando busca certificar su rol de gendarme indispensable. La ecuación es  implacable: a mayor violencia exhibida, mayor flujo de euros en concepto de cooperación,  pertrechos antidisturbios y tecnología de control fronterizo. 

Para que la mercancía represiva cotice al alza, es condición indispensable amordazar la  información. La expulsión de Fnideq de los equipos periodísticos de EFE y RTVE —bajo  amenazas de retirada de acreditación y coacciones a la hostelería local— no es un  incidente aislado: es un acto de censura estructural para garantizar el monopolio del relato a  los medios estatales del régimen. Sin testigos independientes, la narrativa se reduce a la  operación contra las mafias y la desinformación, deteniendo a decenas de administradores  de redes sociales que se limitaron a amplificar el bulo propiciado por el propio sistema para  justificar el despliegue. 

Este engranaje represivo y extractivo no opera en el vacío; se sostiene sobre una sólida  cobertura imperialista. Mientras se escenificaba la batida en Castillejos, en Tan-Tan —a 200  kilómetros de Canarias— las fuerzas de AFRICOM estrenaba el Centro AMTEC con  simulacros de misiles de largo alcance, al amparo de la hoja de ruta militar EE. UU.- Marruecos 2026-2036 y los acuerdos de cooperación estratégica firmados con Tel Aviv.  Washington requiere una plataforma militar terrestre en el Atlántico medio; Israel busca un  cliente estratégico; Rabat exige impunidad diplomática y financiación permanente. La  jornada del 15 de agosto condensa la naturaleza de este modelo: violencia racista como 

infraestructura de negocio, blindaje geopolítico, apagón informativo y la entrega de una  nueva factura en Bruselas pagada con la dignidad y la vida de los desposeídos.